El Partido Popular ha anunciado la presentación de una proposición de ley que derogará la vigente -aunque ignorada- Ley de Memoria Histórica de Cantabria, aprobada por el Gobierno del PSOE-PRC en 2022.
Resulta triste y cansino tener que recordar al principal partido de la derecha española algunas cuestiones ciertamente simples. El término medio puede ser lo adecuado en determinadas circunstancias; no siempre, y mucho menos cuando hablamos de valores difícilmente discutibles en pleno siglo XXI. No hay término medio aceptable entre feminismo y machismo, entre amos y esclavos, entre dictadura y democracia, entre Franco y Azaña, entre Petain y De Gaulle, entre Hitler y Churchill. De eso es de lo que se trata, de asumir sin trampas valores democráticos y humanitarios, y en consecuencia no de dividir a la sociedad, sino de unir a esa inmensa mayoría que los defiende frente a quienes quieren enterrarlos en fosas comunes.
Naturalmente que aquí hubo una guerra civil en la que se cometieron crímenes inaceptables en muchos rincones y bajo diferentes banderas. Pero había quienes luchaban por una causa justa, un régimen democrático, y quienes se sublevaron para acabar con él. Ese es el mensaje que se debe trasmitir; entonces lo entendieron perfectamente en el resto de Europa y del mundo: la guerra de España suscitó una atención internacional como probablemente no se había conocido desde la guerra de independencia griega. Alemania e Italia no se confundieron. Enseguida supieron cuál era su bando. Los demócratas del mundo tampoco, por más que a los gobiernos de Francia y Gran Bretaña les temblara el pulso ante el recuerdo de la I Guerra Mundial. Pero pronto comprendieron que la no intervención en España solo supuso retrasar por poco tiempo lo inevitable. Y entendieron que frente al movimiento político más criminal que ha conocido la humanidad, ese que vino a España a masacrar civiles para ayudar a ganar a Franco, era imprescindible la unión con el mismísimo diablo, aunque se llamara Stalin. La derrota del monstruo supuso que hoy podamos vivir en un mundo francamente mejorable, pero lejos de esa pesadilla que hubiera supuesto la victoria de Hitler. En España triunfó una dictadura que condenó a la población a casi 40 años de tiranía. En tiempos en que los consensos no son fáciles, bastaría con rechazar la dictadura y resaltar valores democráticos. Básicamente esto y la dignificación de las víctimas son las pretensiones de las leyes de memoria. Ni más ni menos.
¿De qué hablamos cuando hablamos de leyes de memoria?
Soplan vientos peligrosos que no anuncian buenos tiempos. Por eso cualquier decisión es importante y tiene consecuencias. La extrema derecha avanza en el mundo; no estamos en los años 30 del siglo pasado, pero algún parecido existe. Entonces el mundo democrático comprendió que no había conciliación posible con el fascismo. Hoy debemos prevenir antes de que sea tarde.
Hace un año, la tarea más urgente para iniciar la legislatura a juicio del Gobierno regional, fue tomar en consideración una PNL de Vox para derogar la Ley de memoria democrática de Cantabria. Doce meses más tarde, con las relaciones entre PP y Vox aparentemente caducadas, el PP de Cantabria inicia el procedimiento, urgente, para derogar dicha ley.
Para Desmemoriados dicha iniciativa es puramente propagandística y de efectos prácticos casi nulos. Hay en vigor desde octubre de 2022 una ley de Memoria aprobada por las Cortes Generales y con marco de aplicación en todo el territorio español. Las leyes autonómicas de Memoria fueron una respuesta a la congelación, por parte del gobierno de Rajoy, de la ley de 2007. La poca efectividad de dichas leyes impulsó la nueva ley ya citada.
Lo terrible de esta huida hacia delante del PP, en una región en la que no ha necesitado los votos de Vox, incluso sin tener mayoría absoluta, es que ellos solos hagan un procedimiento paralelo al de la extrema derecha. Sin acabar de condenar la dictadura franquista, sin escuchar –en otros casos han acudido como infantes a las instancias europeas- las recomendaciones de la Unión Europea ni de la ONU. Sin querer, en definitiva, incorporar de una vez los presupuestos de un conservadurismo democrático tan necesario en el juego político de una sociedad desarrollada. Las declaraciones de un portavoz instruido como el senador Íñigo Fernández provocan vergüenza ajena y han sido ampliamente divulgadas. El año pasado fue la ya extinta consejera de Cultura la encargada de demostrar que el PP quiere que España siga anclada, a la rueda de Camboya, como el estado con más enterrados fuera de los lugares destinados a ese cometido.
Una mayoría parlamentaria aprobó una ley y una nueva mayoría parlamentaria puede derogarla. Eso está fuera de duda. En algún momento, casi noventa años después del golpe de estado con el que empezó el descarrilamiento de la vida política española, la sociedad sabrá encontrar las vías de recuperación de la memoria colectiva.