Caso Almería: 35 años de espera
Hasta hoy, las víctimas del Caso Almería, tanto los tres jóvenes fallecidos como sus familias, no han encontrado ni verdad, ni justicia, ni reparación.
Hay ocasiones, demasiadas, en las que la memoria ha de ser tozuda para sobrevivir al olvido.
Hace 35 años tres jóvenes trabajadores residentes en Cantabria fueron asesinados en Almería por miembros de la Guardia Civil que hicieron mal su trabajo. Guardias civiles que ni quisieron ni les interesó, pese a tener medios a su alcance, realizar una correcta identificación de Luis Cobo Mier, Luis Montero García y Juan Mañas Morales; identificación que habría permitido desmontar rápidamente las sospechas iniciales de que dichos jóvenes eran miembros de un comando de ETA que había atentado en Madrid en los días anteriores contra varios militares.
al vez no sea el momento de indagar en los motivos por los cuales los guardias civiles implicados en el asesinato (hasta un número de once, pese a que solamente fueron enjuiciados tres) olvidaron las más elementales normas de actuación. Sin embargo, que los asesinos intentaran pasar por cierto que dos pistolas corroídas y antiquísimas habían sido encontradas en el coche de las víctimas en el momento de la detención y que el desgraciado desenlace fuera una aplicación revisada y ampliada de la tristemente conocida “ley de fugas”, cuya pretensión era ocultar posibles huellas de tortura en los cuerpos mutilados y calcinados, hacen especialmente sórdido y dramático a lo que se conoce como el Caso Almería.
Recientemente algunos medios de comunicación se han hecho eco de este desdichado aniversario. Tan desdichado como los anteriores para las familias de las víctimas, que aún, tantos años después, buscan consuelo, pero que sobre todo buscan razones y siguen haciéndose muchas, muchas preguntas en un país en el que, hasta el momento, la justicia ha sido ciertamente remisa y cicatera.
Sería demasiado prolijo relatar las barreras, los sinsabores y el oscurantismo con el que se encontraron las familias y su abogado en la búsqueda de la verdad desde que aparecieron los cadáveres. Baste decir que la maquinaria del Poder se ha empeñado hasta hoy en ocultar las responsabilidades de un Cuerpo de la Seguridad del Estado que en ningún momento fue cuestionado, más allá de la propia implicación de unos sujetos que demostraron no merecer el uniforme que vestían y que, no sólo fueron condenados (en el caso de los tres enjuiciados) a penas ridículas para el daño causado, sino que disfrutaron de privilegios económicos y morales inusitados.
Además, es precisamente esa diligencia en tapar lo acontecido, en echar tierra de olvido, ese temor del Poder, el que levanta nítidas sospechas de que en este país constitucional se ha practicado terrorismo de Estado y que el Caso Almería se encuentra entre los más dolorosos.
Hasta hoy, las víctimas del Caso Almería, tanto los tres jóvenes fallecidos como sus familias, no han encontrado ni verdad, ni justicia, ni reparación. Una solitaria cruz con una placa en su memoria se levantó en el barranco de Gérgal donde ardió el coche con los cuerpos de los tres en el interior, y otra placa se encuentra en una plaza de Pechina como homenaje al único que era natural de aquella población, Juan Mañas Morales.
De Cantabria, lugar en el que residían los tres jóvenes, treinta y cinco años después no hay noticias.
En los últimos días hemos conocido que Izquierda Unida de Cantabria ha propuesto una moción en el Ayuntamiento de Santander para que se considere víctimas del terrorismo a los fallecidos Luis Cobo, Luis Montero y Juan Mañas, algo que por otra parte llevan solicitando muchos años, inútilmente, las familias. Entendemos que, por el momento, el hecho de que saliera adelante dicha moción sería únicamente una muestra de respeto sin una traducción específica. Pero eso ya es mucho para quien no tiene nada.
Por ello no es comprensible que algún partido político, integrante del Ayuntamiento de Santander, se haya negado, tan siquiera a firmar la moción. Salvo que se trate de falta de cintura o bien, en la peor de las situaciones, un caso de involuntario desenmascaramiento político.
Así mismo Miguel Ángel Revilla, presidente de la comunidad autónoma y, en apariencia, gran defensor de lo cántabro, se descolgó también en días pasados, a raíz de publicarse en eldiario.es de Cantabria un recordatorio del aniversario del asesinato, diciendo que “algo habría que hacer”. Y mientras se lo piensa, esperamos. Tenemos treinta y cinco años de paciencia. Pero torpe ejemplo es tanta espera para una tierra que defiende tan malamente a sus hijos.
Caso Almería: las vergüenzas de la Transición
Se cumplen 35 años de las torturas y el asesinato de tres jóvenes en Almería a manos de la Guardia Civil, que dijo haberlos confundido con militantes de ETA Su muerte y todo lo sucedido posteriormente narran el lado más sombrío de la Transición: las familias siguen esperando la verdad, la justicia y la dignificación de su memoria.
La justicia y la memoria tienen asuntos pendientes con la llamada Transición española. Uno de los más significativos –y sombríos– es el que tiene que ver con Luis Cobo Mier, Luis Montero García y Juan Mañas Morales. En la madrugada que transcurre entre los días 9 y 10 de mayo de 1981 se gesta el conocido como Caso Almería. Esa noche son arrestados por la Guardia Civil en la localidad de Roquetas de Mar estos jóvenes trabajadores residentes en la provincia de Santander (aún Cantabria no disponía de Estatuto de Autonomía) cuando, al parecer, son erróneamente reconocidos en el transcurso de su viaje de Santander a Almería como militantes de ETA.
“Mi querida familia, ante el respeto que merecen me dirijo a Vds. para contarles el hecho siguiente respecto a las extrañas circunstancias de la desgracia de buestro (sic) hijo y compañeros que fallecieron en manos de los asesinos de la Comandancia [de la Guardia Civil] de esta localidad”. Así comenzaba una carta anónima escrita por un agente del cuerpo policial militarizado que fue remitida a la familia de Mañas Morales tres años después del asesinato de los tres jóvenes y en la que daba cuenta de las torturas y la forma en la que once guardias civiles acabaron con los trabajadores.
Los motivos y las circunstancias del viaje
Los motivos y las circunstancias del viajeJuan Mañas tenía 24 años, era almeriense de Pechina, pero llevaba varios años trabajando en la FEVE, destinado en Santander. Luis Montero –33 años, trabajador de FYESA y miembro del PCE y CCOO– y Luis Cobo –28 años y trabajador de ACERIASA– eran buenos amigos de Juan, quien los invitó a la primera comunión de su hermano menor, Francisco Javier, que se iba a celebrar en su localidad natal el domingo 10 de mayo.
Las “extrañas circunstancias” de las que escribía el agente sin nombre comenzaron el 7 de mayo cuando, después de salir de sus respectivos trabajos, los jóvenes emprendieron su viaje, en un SEAT 127, matrícula de Santander, con la intención de hacer noche en Madrid, en un piso que le había prestado un amigo a Luis Cobo. Ese mismo día por la mañana se produjo en la capital un atentado de ETA sobre el vehículo en el que viajaba el general Joaquín de Valenzuela, Jefe del Cuarto Militar del Rey, dejándolo malherido y matando a los tres militares que iban con él.
Inmediatamente, las fuerzas de seguridad del Estado montaron los dispositivos oportunos para la detención de los militantes de ETA sospechosos de participar en la acción. Se sospechaba de José María Bereciartúa y José León Mazusta, apoyados por un tercer integrante del comando al que se conocía por Goyenechea Fradúa. En la prensa aparecieron publicadas las fotografías de los dos primeros junto con la de José Andrés Izaguirre Gogorza, ‘Gogor’, del que se sospechaba que estaba al frente del comando. De Goyenechea Fradúa, al parecer, no existían fotografías.
Los jóvenes santanderinos ya eran conocedores de lo sucedido en Madrid, pero arribaron a la capital sin incidentes reseñables, salvo por algunos problemas que les estaba dando el automóvil y que hicieron que, a la mañana siguiente, antes de continuar su viaje, se detuvieran en un taller cercano a la vivienda en la que habían pernoctado. No obstante, continuaron su viaje hasta que, en una localidad manchega, El Provencio, la avería se hizo patente. Se detuvieron en el primer taller que encontraron y allí decidieron dejar el coche para su reparación. El mecánico les acercó en su coche a la estación de ferrocarril de Villarrobledo, desde donde viajaron a Alcázar de San Juan para intentar un enlace con el tren de Andalucía.
Cuando llegaron a la estación comprobaron que el siguiente tren no salía hasta las cuatro de la madrugada, así que decidieron alquilar otro coche. En las afueras de la estación preguntaron a unos taxistas y a gente que pasaba por allí por una casa de alquiler de coches. Les informaron de que solamente había en la localidad de Manzanares, a unos cuantos kilómetros. Así, tomaron un tren que iba a Manzanares y, finalmente, Luis Cobo alquiló a su nombre un Ford Fiesta con matrícula de Ciudad Real. Con él llegaron a su destino en Pechina ya entrada la noche.
El periplo por tierras manchegas en pos de una conexión para proseguir su viaje a Andalucía exaltó la fantasía y el fervor patriótico en algunas de las personas con las que habían hablado. Una de ellas, al día siguiente, 8 de mayo, tras ojear el periódico y observar las fotografías de los etarras a los que se atribuye el atentado contra el general Valenzuela, creyó reconocer en los jóvenes de Santander a dichos militantes vascos. Buscó la anuencia y corroboración de otros y decidieron denunciar a la Policía y a la Guardia Civil sus conjeturas.
La caza
La cazaLuis Montero, Luis Cobo y Juan Mañas durmieron esa noche en la casa de los padres de este último y pasaron el día siguiente visitando distintos lugares de la provincia de Almería dado que para los dos santanderinos era la primera ocasión por aquellas tierras.
Mientras, la denuncia que se originaba en Alcázar de San Juan había puesto en marcha una maquinaria de búsqueda y captura que solamente parará con la detención por parte de la Guardia Civil de los tres amigos en el interior de una tienda de recuerdos de Roquetas de Mar. Son las nueve de la noche del día 9 de mayo de 1981.
Años después, el teniente coronel Victoriano Guillén, quien se opuso con contundencia al golpe de Estado del 23F y fue castigado por ello, explicó ante las cámaras del programa de televisión Crónica de una generación: “La Dirección General de la Guardia Civil mandó un radio (nombre que se daba en la Guardia Civil a los fax o télex) diciendo que eran etarras y que habían atentado contra el general Valenzuela. [El teniente coronel al frente del operativo] Castillo Quero, que era un enfermo mental, un imbécil poseído y que, además, presumía de su amistad con el rey, vio allí la ocasión de hacer un servicio y hacer méritos, colgarse medallas”.
Desde el momento en que se produjo la denuncia, la familia de Luis Cobo comenzó a recibir llamadas y visitas de agentes de la Comandancia de Santander preguntando por las señas personales y la documentación con que éste contaba (dado que era Luis Cobo Mier quien había alquilado el vehículo). La familia informó que Luis no tenía el documento nacional de identidad porque lo había perdido, pero que viajaba con el carné de conducir y con el pasaporte. Aportaron todo tipo de datos: características físicas, situación laboral, la ropa que llevaba… Todo indica que desde Santander se consiguió aclarar su identidad y que, por tanto, su adscripción a ETA debía quedar descartada.
Sin embargo, en Almería se montó un gran dispositivo por parte de la Guardia Civil para su localización, advirtiéndose a los subordinados de la extrema peligrosidad de los militantes de ETA a los que se pretendía detener.
Montero, Cobo y Mañas fueron apresados a última hora de la tarde del sábado 9 de mayo sin que ninguno de ellos ofreciera la más mínima resistencia. A partir de ese momento, y hasta que fueron encontrados sus cadáveres calcinados en el interior del Ford Fiesta en un barranco de la carretera de Gérgal, la Guardia Civil y otros funcionarios del Estado trataron de ocultar la verdad con una versión oficial tan delirante que, si se sigue al pie de la letra, plantea tantos interrogantes que, a fuerza de dudas, crea demasiadas certezas.
El 12 de mayo, los diarios dudan. El entonces bisoño periódico El País le dedica 114 palabras en los que tímidamente reproduce la versión oficial. El Diario Montañés, en Santander, sí indica que “la nota de la Guardia Civil que relata los hechos no parece muy clara y por eso la propia Dirección General ha abierto una investigación (…)”.
Versión oficial
Versión oficial En la comparecencia que posteriormente realizó el ministro de Interior de UCD, Juan José Rosón, ante el Congreso de los Diputados, manifestó que tras la detención, y según informes de la Guardia Civil, los detenidos entraron en contradicción en algunas de sus declaraciones y que en ningún momento Juan Mañas se había identificado como natural de Almería (de hecho, en todo momento la Guardia Civil indicó, contradiciendo a los familiares que manifiestan que salió de casa con su DNI y su carné de FEVE, que Juan Mañas no llevaba ninguna identificación, al contrario que Cobo o Montero). También informó de que en el reconocimiento del automóvil en el que viajaban los detenidos se han encontrado dos pistolas marca ‘Astra’.
La versión oficial mantiene que existía un convencimiento de que los detenidos eran, efectivamente, activistas de ETA y se ordenó su traslado a Madrid en una caravana compuesta de cuatro vehículos que incluía el propio Ford Fiesta de los santanderinos (en total once guardias civiles vestidos de paisano y los tres detenidos), conducido por un guardia civil, al cual acompañaba otro como copiloto, mientras que los detenidos iban esposados en el asiento de atrás.
Cerca de la localidad de Gérgal, desde los coches que viajan detrás observaron como el Ford Fiesta realizaba un giro extraño y cómo el conductor salía despedido por la puerta lateral y, a continuación, el otro guardia civil por la puerta contraria. Todo esto se entiende como un intento de agresión y fuga por parte de los detenidos y el teniente coronel al mando de la operación (Castillo Quero) ordenó disparar a las ruedas con el objeto de detener el vehículo. Sin embargo éste, lejos de pararse, cayó por un pequeño barranco y se incendió, siendo imposible el rescate de los detenidos por la magnitud de las llamas y el riesgo de explosión.
El ministro, tal y como recuerda Antonio Ramos Espejo en el libro El Caso Almería: Abierto para la historia, también señaló que la identificación de las víctimas no fue posible hasta horas más tarde al enterarse del suceso sus familiares por la prensa.
El ministro Rosón concluyó asegurando que todo se debió a un “trágico error”. Los diputados de la oposición presentes en la comparecencia, indignados, no dudaron en calificar la exposición de pantomima y de encubrimiento por parte del Gobierno de un crimen perpetrado por miembros de la Guardia Civil. Aunque, una vez derrotada la UCD, olvidaron el caso, la justicia e, incluso, la memoria de lo sucedido.
El juicio
El juicio“A mi madre le dieron una bolsa con los restos de mi tío. Ahí había un colgante, una prenda de ropa… y luego ya le dieron los restos de mi tío -explica Lola Liquete Cobo, la sobrina de Luis Cobo Mier- … un brazo, una mandíbula, unos dientes… Claro, mi madre dijo: ¿Dónde está el resto de mi hermano?”. Las familias denunciaron desde el primer minuto las inconsistencias de la versión oficial y, con la ayuda del tenaz abogado Darío Fernández, lograron llevar a juicio a parte de los implicados.
El juicio se inició el 14 de junio de 1982, trece meses después, y finalizó el 27 de julio. Solamente fueron procesados tres de los once guardias: el teniente coronel Castillo Quero, que en el momento de los hechos estaba al frente de la Comandancia de Almería y era el mando de la operación, el teniente Gómez Torres y el guardia Fernández Llamas.
El abogado de la acusación particular, Darío Fernández, en todo momento intentó que fueran condenados por asesinato, en contra de la opinión del fiscal, que calificaba los hechos de homicidio. Le fue denegada una prueba fundamental en cualquier proceso judicial sin ninguna razón de peso, como es la reconstrucción de los hechos, y siempre dudó de las garantías técnicas y científicas de las autopsias realizadas por los forenses. Fue constantemente acuciado y los intentos de intimidación por parte de miembros de la Benemérita fueron variados, “incluida una bomba bajo su coche: Darío tuvo que esconderse en una cueva”, recuerda Lola Liquete Cobo.
No fue Darío Fernández el único intimidado. José Criado, Pepe el barbero, un militante de la izquierda almeriense, rememora esos días en el libro aún inédito La Chanca. Una Revolución (1940-2000): “Cuando la farsa del juicio, que yo le llamo farsa de juicio porque eso fue, la represión que tuvimos fue peor porque denunciamos la farsa que estaban haciendo. Eso nos supuso… A mí me asaltaron mi negocio, mi peluquería. El local donde teníamos la sede de la Plataforma de Lucha Obrera fue asaltao, literalmente asaltao. Fue violentao y yo me tuve que tirar en aquellos entonces quince días fuera de Almería, había orden de arresto contra mí y me tuve que ir a Murcia”.
Los abogados de la defensa calificaron en todo momento de terroristas a los fallecidos, incluso con posterioridad a la correcta identificación de los mismos. De hecho, en el periodo que transcurrió desde el crimen hasta la finalización del juicio desde diversas instancias se continuó poniendo en duda su identidad, pasando de terroristas a delincuentes comunes o bien, homosexuales. Además, se intentó crear un clima según el cual Almería estaba infestado de terroristas y pisos francos.
Lo cierto es que no se encontró ningún impacto de bala en las ruedas del Ford Fiesta, pero sí alrededor del depósito de gasolina y en los cuerpos y en las cabezas de los fallecidos. Algunos de los impactos habían sido realizados de arriba abajo, contradiciendo la versión de los guardias de que los disparos se hicieron antes de que el coche cayera a la hondonada y se incendiara.
En el lugar de los hechos se encontró una lata de gasolina. Las pistolas que presuntamente se habían descubierto horas después de la detención en el coche de los detenidos estaban llenas de herrumbre y estaban datadas en 1921. En el juicio a instancias del abogado de la acusación se declaró por parte de miembros de la Guardia Civil que perfectamente podían ser armas confiscadas y depositadas en cuarteles.
Por si fuera poco, cinco pescadores que pasaban por la carretera de Gérgal cuando el coche estaba incendiándose con los tres jóvenes dentro ratificaron en el juicio que pararon para ofrecer su ayuda y un extintor que portaban en su automóvil, y que un guardia civil les dijo que no era necesario ya que los heridos habían sido evacuados (lo cual, evidentemente, no era así).
En las conclusiones finales los abogados defensores reconocieron por fin que había existido un delito de homicidio, cuando previamente afirmaban que no había existido delito, pero alegaron “cumplimiento del deber” de los tres enjuiciados y “obediencia debida” en los casos del teniente y del guardia. El fiscal, sospechosamente coordinado con los defensores, no cambió sus alegaciones y siguió manteniendo en todo momento que se trataba de un homicidio.
Al teniente coronel Castillo Quero, que en ningún momento ha mostrado sombra de arrepentimiento, se le sentenció a una pena de 24 años de prisión. Al teniente Gómez Torres a 15 años de prisión, y al guardia Fernández Llamas a 12 años de prisión. Todas las penas citadas implicaban además la baja en el cuerpo de la Guardia Civil.
En todos los casos los acusados salieron de la cárcel con bastante antelación al final de sus penas por un teórico buen comportamiento (Castillo Quero logró el tercer grado a los tres años). Además cumplieron en unas condiciones que para sí quisieran muchos de los internos que siguen penando por las cárceles de España. Durante parte de la pena residieron en centros militares en lugar de hacerlo en cárceles ordinarias y, tal y como se denunció años después, recibieron un ‘salario’ procedente de los fondos reservados del Ministerio del Interior.
Con posterioridad a la sentencia, tal como mostró el diario El País en su edición del día 15 de octubre de 1985, la esposa del exteniente coronel Castillo Quero solicitó para su marido un indulto por “sus largos servicios a la patria”.
El 22 de abril de 2015, El Diario de Almería dio cuenta de cómo la formación política Amaiur había formulado varias preguntas relacionadas con el Caso Almería en el Congreso de los Diputados. Quería saber si los agentes de la Guardia Civil condenados por asesinar a los tres jóvenes cobraron esas ayudas de fondos reservados, las cantidades y si, finalmente, el Gobierno contemplaba considerar a los fallecidos como víctimas del terrorismo, tal y como reclaman las familias. Jon Iñarritu, diputado de Amaiur, recibió la siguiente respuesta a sus numerosas preguntas: “El Gobierno carece de información que pueda aportar a una respuesta parlamentaria, dada la antigüedad de los hechos referidos en la pregunta”.
Unas conclusiones que se extienden en el tiempo
Unas conclusiones que se extienden en el tiempoTanto las familias de los jóvenes fallecidos como su abogado, numerosos periodistas y políticos que siguieron el caso, tienen hasta el día de hoy, 35 años después, otra versión de los hechos que se sigue manteniendo en la oscuridad por parte de las sucesivas autoridades gubernativas y de la Guardia Civil.
Caben pocas dudas respecto a que a Juan Mañas, a Luis Cobo y a Luis Montero los mataron miembros de la Guardia Civil en un estado de confusión rayano en la demencia o la obsesión. Pudiendo realizarse las comprobaciones de identidad oportunas no se hicieron, pese a que la Guardia Civil tenía medios para ello, tal y como se comprobó en el juicio. Las pistolas que dijeron haber encontrado en el coche, con toda probabilidad fueron colocadas allí para justificar la inculpación como militantes de ETA.
Entierro de uno de los asesinados en el Caso Almería.
Es muy probable que a uno de ellos o a todos se les trasladara a una antigua fortaleza cerca de la costa y se les torturara intentando arrancarles una confesión. También es posible que alguno de ellos o todos fallecieran bajo tortura y que el Ford Fiesta en el convoy de traslado solamente transportara en la parte de atrás personas muertas o… sus restos. Si fuera así, estaríamos ante un concepto aún más perverso de la “ley de fugas”.
Es posible que se prendiera el coche utilizando la propia gasolina del depósito y también la del bidón que se encontró en los alrededores, con el objeto de ocultar las lesiones producidas con antelación.
Este 10 de mayo se cumplen 35 años de los hechos que se relatan. Las familias continúan en completo desacuerdo con el desenlace. Por ello, siguen pidiendo que se aclaren las circunstancias reales de la muerte de sus familiares y que recaiga la ley con justicia en los causantes. Los guardias civiles eran once y solamente fueron juzgados tres. El resto, además de participar en la acción, cometieron el delito de ocultación de pruebas.
Las familias siguen solicitando dignidad para los jóvenes asesinados y que se les considere víctimas del terrorismo. En ningún momento ha sido aceptada esta cuestión, alegando que solamente pueden ser consideradas así las víctimas de ETA. Hoy en día son consideradas de ese modo también las víctimas de otros grupos terroristas y se reclama que el “concepto” se amplíe a las víctimas del terrorismo de Estado.
El año pasado, en la plaza de Pechina, localidad de nacimiento de Juan Mañas, se le levantó una placa en homenaje y en recuerdo de los hechos acaecidos. En Cantabria, tierra de nacimiento o de adopción de todos ellos, jamás se ha realizado un acto de homenaje oficial ante sus asesinatos.
Los silencios y los medios en el Caso Almería
La cobertura mediática del Caso Almería ha sido irregular a lo largo de las últimas tres décadas y ha llenado de sombras la memoria de lo ocurrido
Años después, sigue sin establecerse de forma contundente el papel del Estado en el encubrimiento y en las compensaciones a los culpables.
Un somero análisis de la prensa periódica en torno al Caso Almería muestra que se produjo una concentración de noticias en dos periodos concretos de los años 1981 y 1982. El primero de ellos comienza el martes, 12 de mayo de 1981, con la reseña de la confusa muerte de tres jóvenes en el barranco de Gérgal y se prolonga hasta julio de ese mismo año, con el desarrollo de determinadas diligencias para el esclarecimiento de los hechos. El segundo periodo se circunscribe al comienzo del juicio entre mediados de junio y, tras la sentencia, el anuncio de presentación de recursos ante el Tribunal Supremo por las partes, a principios de agosto de 1982.
A partir de ese momento las apariciones en los diarios tienen un carácter más puntual, ligado a cuestiones como la sentencia del Tribunal Supremo, la del Constitucional, la expulsión de los condenados de la Guardia Civil, la petición de indulto, la salida de prisión y posterior muerte del principal condenado, el teniente coronel Castillo Quero o los sucesivos aniversarios de los asesinatos.
La lectura de los medios escritos en los momentos más relevantes citados revela, de hecho, que en otras circunstancias el caso quizá hubiera podido adquirir mayor relevancia. Por citar algunos acontecimientos de los más destacados en esas fechas, están los asesinatos y otras acciones violentas de ETA-m, las acciones del GRAPO y grupos de ultraderecha, el asalto al Banco Central en Barcelona, las muertes producidas por el conocido como síndrome tóxico (consumo de aceite de colza desnaturalizado), el intento de asesinato de Juan Pablo II, el proceso de descomposición de la UCD y, en otro tono, el desarrollo del Campeonato Mundial de Futbol, ya en el verano del 82.
Del análisis del tratamiento de los hechos en la prensa se pueden extraer algunas conclusiones que, más allá de lo periodístico, nos remiten a la situación política y a la relación entre los medios de comunicación y el poder en los años ochenta. Se trata de unos sucesos sobre los que es muy difícil encontrar un editorial, más allá de la petición de esclarecimiento de los hechos.
Vistas las trabas y enormes presiones sufridas por la acusación particular en el proceso judicial, se explica el perfil bajo que, salvo honrosas excepciones, adoptó la prensa con respecto al triple crimen. Tanto el Gobierno de UCD como los posteriores del PSOE utilizaron fondos reservados para pagar compensaciones a los guardias civiles condenados, dando naturaleza de estado al comportamiento terrorista aplicado a los jóvenes, por si hubiera alguna duda. Así las cosas, la calificación de los hechos como asesinato tarda en aparecer en los medios informativos y solo, tras la mayor y más variada oferta que suponen los medios digitales, se generaliza y consolida ese tratamiento.
Evidentemente todo esto tiene que ver en la manera que estos hechos son recordados, aspecto en el que, sin ningún afán demoscópico, la mayor parte de las personas preguntadas en la actualidad sobre el Caso Almería aluden a la explicación del trágico error de unos guardias civiles frente a lo que lúcidamente escribía Jorge Martínez Reverte en una tribuna de El País el 12 de abril de 1994: “¿El crimen de Castillo Quero fue, entonces, confundirlos? ¿Si hubieran sido etarras sería menos crimen torturar y asesinar a unos chavales?”.
Martínez Reverte escribía su artículo ‘Almería’ reseñando el entierro del teniente coronel que dirigió el “operativo” que acabó con la muerte de Juan Mañas, Luis Cobo y Luis Montero: “Dicen las crónicas que ha muerto de un infarto un asesino que se llamaba Castillo Quero, y que a su funeral acudió de uniforme un gobernador militar. El militar fue por razones de amistad, no representaba a nadie más que a sí mismo. O sea, que el uniforme se lo dejó puesto por rutina”. Hoy, 35 años después del Caso Almería y tras 22 años del artículo de Jorge M. Reverte parecen aún vigentes sus palabras: “No está de más recordar aquel crimen para el que no hay adjetivos, porque parece haber una notable confusión. Los periodistas tenemos bastante culpa”.
Hostigamiento y represión ante la respuesta cívica a los asesinatos
Oponerse a los excesos de la Guardia Civil tuvo consecuencias: las Plataformas de Lucha Obrera respondieron al Caso Almería y sus líderes fueron perseguidos
La verdad era tan molesta para las autoridades que el cine donde se estrenó la película sobre los hechos que narran la muerte de los jóvenes fue incendiado.
En mayo de 1981, meses después del intento frustrado de golpe de Estado del coronel Tejero, se produjo un incidente que horrorizó a la opinión pública. Un teniente coronel de la Guardia Civil procedió a la detención, interrogatorio, tortura y ejecución de tres jóvenes residentes en Santander, a quienes había confundido con miembros de un comando de ETA. Los hechos ocurrieron en la localidad de Almería a donde las víctimas se habían trasladado para participar en una celebración familiar y los restos aparecieron en Gérgal.
Con el miedo metido en el cuerpo tras la intentona golpista y a la espera de un juicio por la vía militar ante el que mucha gente era escéptica, el caso Almería vino a poner un poco más de desconfianza y tensión social. El establecimiento de las libertades democráticas se hizo sin haber depurado ningún tipo de responsabilidad por los crímenes y atropellos cometidos durante la dictadura. Quienes antes apaleaban y torturaban pasaron a ser sirvientes del nuevo modelo político y, de un modo u otro, era previsible que hechos como los comentados pudieran producirse.
En aquellas fechas ya se había esfumado buena parte de la euforia movilizadora que había caracterizado los primeros años tras la muerte del dictador. Para entonces, el llamado desencanto se había instalado en la sociedad y la nueva dinámica política se alejaba de lo que habían sido los anhelos de la Transición.
Todo esto tuvo su repercusión en las fuerzas políticas y, de hecho, algunas de las que se habían desarrollado en los últimos años de la dictadura habían desaparecido al no ser capaces de adaptarse a la nueva situación. Otras resistían y, en la medida de sus posibilidades, intentaban mantener en alto las reivindicaciones pendientes al tiempo que alentaban nuevas formas de movilización social aprovechando las libertades recién implantadas.
En el caso de Almería, una de esas fuerzas resistentes era la UCCO (Unión Comunista-Comités Obreros) que impulsaba la movilización de la clase trabajadora a partir de un pequeño sindicato, las Plataformas de Lucha Obrera (PLO). Esta organización, que hundía sus raíces en la época de la dictadura, había manifestado un rechazo global al nuevo marco político por no ser la solución para las necesidades de la clase obrera, según sus propias palabras.
Esto les llevó a no participar en las elecciones y pedir la abstención. Quizás esta actitud de rechazo facilitó que durante el período que va desde el asesinato de los tres jóvenes en Almería hasta el juicio, sus militantes fueran constantemente hostigados y sufrieran una campaña de desprestigio basada en la idea, difundida por los poderes fácticos del momento, de que se trataba de un grupo que colaboraba con los terroristas.
Aunque durante la época del franquismo Almería no había sido un lugar caracterizado por la lucha y resistencia a la dictadura, la sociedad almeriense inició un proceso de movilizaciones durante la segunda mitad de la década de los setenta que rompió la paz social impuesta por la dictadura: la muerte del joven Javier Verdejo por disparos de un guardia civil mientras realizaba una pintada, y huelgas en la construcción, entre los pescadores del puerto y el profesorado no numerario (PNN) fueron los momentos más importantes de la movilización social.
El caso Almería
El asesinato de los tres jóvenes causó gran conmoción en la ciudad y pronto se abrió paso la idea de crear un Comité de Apoyo a la familia de Juan Mañas, natural de Pechina. Desde el momento en que ocurrieron los hechos hasta el inicio del juicio, un año después, se organizaron diversas actividades para denunciar lo ocurrido y pedir castigo para los culpables. En esa campaña, las PLO y UCCO jugaron un papel importante hasta tal punto que acabó provocando la intervención de la policía y efectivos de la Guardia Civil contra sus dirigentes locales y el asalto de su sede los días 22 y 23 de junio de 1982.
La respuesta ciudadana incluyó diversas actividades como la instalación de un monolito en el lugar en el que aparecieron los restos carbonizados de los jóvenes. Se dieron charlas con el objetivo de denunciar el caso y recoger firmas pidiendo responsabilidades; se intentó organizar un festival de apoyo a la familia que fue prohibido por las autoridades y acabó con varias detenciones; se ofreció apoyo moral y político a los familiares sometidos a una campaña de acoso y calumnias y se convocó a la población a que asistiera al juicio, algo que no fue permitido por las autoridades: ni los vecinos de la ciudad ni la propia madre de Juan Mañas pudieron estar presentes en la sala cuando declararon los encausados.
Las PLO y UCCO se significaron tanto en esta campaña que se convirtieron en el blanco de un operativo policial contra sus dirigentes y locales. Uno de ellos, José García, Pepe el barbero, tuvo que huir de la ciudad durante varios días para evitar el acoso policial. Los poderes fácticos se movilizaron para evitar la condena hostigando a familiares, al abogado de la defensa, Darío Fernández, y a quienes desde la sociedad civil intentaron levantar la voz contra aquellos asesinatos. Todavía en 1984 el cine Regio de Granada fue incendiado cuando se iba a estrenar la película de Pedro Costa titulada El Caso Almería.