Isabel Tejerina formó parte de la primera corporación local constituida en Santander después de la dictadura, tras las elecciones municipales celebradas el 3 de abril de 1979, lo que la convirtió en la primera mujer concejala elegida democráticamente en nuestra capital*. La fragilidad de una democracia surgida de un pro-ceso de transición política imperfecto e incompleto se reveló a lo largo de su accidentado mandato y culminó con su expulsión del cargo, acordado por mayoría en la sesión del Pleno de 2 de septiembre de 1982.
Como viene siendo costumbre, desmemoriados dedica el artículo del mes de marzo a las mujeres. En este caso con un doble objetivo. Por un lado, celebrar que este año se cumplen 50 años desde que la ONU instituyó el día 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Por otro lado, homenajear la querida figura de Isabel Tejerina, que recientemente nos ha dejado, resaltando una sucinta pero intensa etapa de su trayectoria política militante: su paso por el Ayuntamiento de Santander como concejala durante casi un mandato electoral, entre el 19 abril de 1979 y el 2 de septiembre de 1982.
Nuestro relato comienza el día 19 de abril de 1979, con la celebración de la sesión constituyente de la Corporación Municipal de Santander, tras las primeras elecciones municipales celebradas, el 3 de abril, tras 40 años de dictadura. Fue un acontecimiento histórico que generó una gran expectación, y convocó a un buen número de ciudadanos que se acercaron al Ayuntamiento que se encontraba, como recogió literalmente el acta de la sesión, “repleto de público que ocupa los pasillos y las escaleras, al no poder tener acceso al interior”. Un hecho esperanzador e ilusionante en una democracia recién estrenada, resultó sin embargo ser la génesis de un mandato plagado de irregularidades y despotismo, que ocasionó un enorme desamparo en la ciudadanía de Santander, especialmente entre los menos favorecidos. Juan Hormaechea Cazón, al que hemos dedicado el artículo del mes de julio de 2024 fue nombrado en esta sesión Alcalde de Santander, a pesar de no haber obtenido el mayor número de votos de los concejales recién elegidos. El acta del pleno recoge que el representante del PSOE Jesús Cabezón Alonso, fue el candidato más votado con diez votos, uno más que Juan Hormaechea, aunque no llegó a los catorce necesarios para obtener la mayoría; su elección se debió a encabezar la lista más votada, la de UCD.
Isabel Tejerina, representaba como concejala al Partido del Trabajo de Cantabria (PTC), y formó parte de una oposición de izquierdas muy minoritaria, junto con los representantes del Partido Comunista de España (PCE) Martín Silván Delgado y José Ramón Saiz Viadero, cuyos planteamientos en algunas ocasiones confluían y en otras muchas se mostraban discrepantes. Esto le llevó a sentirse muy sola e incomprendida en el Ayuntamiento, como ella misma nos contó en una entrevista realizada el 27 de agosto de 2019:
Pero bueno, pero yo estuve muy sola en el Ayuntamiento porque no hubo ningún pacto de izquierdas para hacer realmente una política progresista entre los partidos. PSOE y PCE estaban más al consenso, estaban más a sacar alguna cosilla […] Que algunas cosas votamos juntos, pero la mayoría de las veces yo estaba bastante sola.
Las líneas maestras de la política local que Isabel defendió en todas sus actuaciones se encaminaban a lograr una mayor igualdad entre los ciudadanos y justicia social; persiguió sin aliento la mejora de las condiciones de vida de la ciudad y sus habitantes, incidiendo en los barrios con mayores necesidades, así como la defensa de una mayor participación de los ciudadanos en las políticas locales. Las políticas de vivienda fue-ron su principal motivo de lucha, en la que contó siempre con el apoyo de su partido, el PTC y de AFEVIC (Asociación de Afectados por la Vivienda en Cantabria), a través su representante Vidal Pérez Bahillo; y a su vez la causa de su expulsión, como se verá más adelante.
El primer conflicto al que se tuvo que enfrentar Isabel como concejala fue el del inminente desalojo y derribo del poblado “Canda Landáburu”, popularmente conocido como las “casucas” de la Albericia. Las casucas fueron construidas para dar cobijo a las personas que habían perdido sus viviendas en el incendio de Santander de 1941. La anterior corporación local había cedido los terrenos en los que se ubicaba el poblado a una empresa constructora, ZAFER, SA, a cambio de un número de viviendas sociales (80), que resultó ser absolutamente insuficiente para cubrir las necesidades de todos los afectados (156), y cuyo precio estaba fuera de sus posibilidades económicas. Los vecinos de las casucas se negaron al desalojo hasta ver satisfechas sus pretensiones de conseguir para todos una vivienda digna a un precio asequible. Y para ello solicitaron la ayuda de Isabel Tejerina. En el mes de mayo de 1979 tuvieron lugar varias asambleas de los vecinos, a las que acudieron Isabel y Vidal, y una concentración de apoyo convocada por el PTC y la Organización Revolucionaria del Trabajo (ORT), con los que se logra que, se solicite la celebración de un pleno extraordinario para tratar este tema en profundidad, moción que firman los concejales del PTC, PCE, PSOE y PRC. En el pleno, que tiene lugar el 7 de junio, Isabel Tejerina y Ramón Saiz Viadero, defienden que se adopte una solución en bloque para todos los afectados de las casucas, Isabel, además, propone que, dado que las 80 viviendas que ZAFER va a construir son insuficientes, se acuerde la adjudicación prioritaria de las 216 viviendas sociales que el MOPU tiene proyectado construir en Cazoña. El pleno acuerda por unanimidad destinar todas las viviendas disponibles a solucionar este problema, aunque no se concreta el modo de llevarlo a efecto.
La construcción de viviendas sociales fue un tema recurrente y causa de numerosas controversias durante los primeros años del primer mandato democrático municipal. Santander, como muchas otras ciudades del país, experimentó un enorme y desordenado crecimiento urbano, derivado del desarrollismo de los años 60 y los consiguientes movimientos migratorios del campo a la ciudad, que dio lugar a un grave problema de vivienda y servicios urbanísticos esenciales. Ante la imposibilidad de acceder a una vivienda digna por carecer de los medios económicos necesarios, el chabolismo se convirtió en la única opción para muchas familias. La solución debía venir de la mano del Estado, a través del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU) y las Corporaciones Locales. En el caso del Ayuntamiento de Santander existía un compromiso de cesión de terrenos municipales al MOPU para que éste construyese viviendas sociales a un coste que resultase asequible para las personas en peor situación económica.
A este fin, en el pleno ordinario de 4 de octubre de 1979 se aprobó una moción de la Comisión de Servicios Sociales, de la que Isabel Tejerina era vocal, para destinar terrenos urbanizables de Cazoña y La Albericia a la construcción de unas tres mil viviendas sociales, con lo que se solucionaría el grave problema de vivienda del municipio, y propone igualmente la elaboración de un censo de necesidades de viviendas sociales, en la que deberían participar los ciudadanos. Todos los miembros de la corporación estaban de acuerdo en la necesidad de construir viviendas sociales, pero se discrepaba en el modo de hacerlo. En el pleno ordinario de 17 de abril de 1980 vuelve a discutirse este tema en relación a un proyecto para construir unas 2.000 viviendas de protección oficial en el Cierro del Alisal. Hay dos posturas muy claras sobre la mesa. La primera, promover viviendas más económicas en promoción directa o a través del MOPU, que ofrecen mejores condiciones a las familias con menos ingresos, postura defendida por Isabel Tejerina y los concejales de PCE, Martín Silván y José Ramón Saiz Viadero. La segunda, la promoción de suelo urbano para construir viviendas de protección oficial, un sistema que impone precios mucho más altos y peores condiciones de financiación, pero que beneficia a las empresas constructoras al darles más margen de beneficio, opción defendida por UCD y que finamente resultó ser aprobada por mayoría. En el pleno de 5 de marzo de 1981 se aprueba una moción para sacar a subasta la cesión de un solar en la Albericia, propiedad del Ayuntamiento, para la construcción de viviendas sociales, a lo que se opone Isabel Tejerina y los concejales del PCE por entender que el sistema de subasta encarecerá el precio de las viviendas haciéndolas inaccesibles para la mayoría de los trabajadores. El alcalde menciona que va a mantener contactos con varias empresas constructoras y que ya tiene una propuesta de la constructora López Pablo. Parece que en este caso, el alcalde ya había tomado una decisión y comenzado las gestiones para ejecutarla, antes de que la cuestión sea sometida al Pleno, lo que refleja su baja estima por los procesos democráticos.
Hubo otros muchos frentes en los que Isabel Tejerina estuvo en liza con el Alcalde; por citar algunos: la subida desorbitada de las tasas municipales, la imposición de contribuciones especiales a los ciudadanos para los financiar los servicios en los barrios más pobres, la oposición a la propuesta para que se concediera al Rey el Premio Nobel de la Paz – en la que se quedó absolutamente sola y que provocó que sus declaraciones fueran llevadas por el Gobernador Civil al Ministerio Fiscal por entender aquel que podían ser constitutivas de delito-, a la compra de los campos del Racing, a la adjudicación directa de determinadas obras o a la aprobación de los presupuestos municipales de 1982 por el terrible endeudamiento al que había llevado a la ciudad la mala gestión económica municipal. No hay que olvidar las malas formas y los insultos proferidos por el alcalde hacia ella, algunos de los cuales se pueden leer en el acta del pleno de 6 de noviembre de 1980, que reproducimos literalmente tal y como aparecen en dicha acta:
“… la considero a usted una persona totalmente indeseable, una persona totalmente irresponsable, totalmente carente de ningún sentido de la dignidad y totalmente carente de la categoría para representar aquí a nadie de Santander.”
Se puede decir que Isabel Tejerina fue una fiel defensora de los sectores más castigados de la población. Y estar al lado del más débil defendiendo sus derechos, la llevó hasta los tribunales y puso fin a su mandato de concejala municipal. El día 24 de septiembre de 1979 la Policía Nacional ejecutó el desalojo de Pedro Cruz Martínez, su esposa y sus tres hijos de la vivienda que ocupaban en el Grupo Santos Mártires en la calle Cervantes de Santander, un piso de protección oficial que llevaba ocho años vacío y abandonado por sus propietarios, lo que suponía un flagrante incumplimiento de la normativa sobre viviendas protegidas. Una vez desalojada la vivienda, acudieron, en apoyo de la familia Cruz, Isabel Tejerina, Vidal Pérez Bahillo y otros activistas del PTC y AFEVIC, que ocuparon de nuevo el piso como medida de presión, en un acto de desobediencia civil. En el exterior de la vivienda tuvo lugar una concentración de pro-testa que había sido convocada previamente por AFEVIC. La policía reaccionó con violencia; un total de 18 policías nacionales, según relata el Diario Montañés de 26 de septiembre, sacaron por la fuerza y detuvieron a los ocupantes, entre ellos Isabel, y a algunos manifestantes, que fueron puestos a disposición judicial; tres de ellos, Félix Churiaque, secretario General del PTC, Vidal Pérez Bahillo de AFEVIC y el ocupante de la vivienda Pedro Cruz, pasaron tres días en la Prisión Provincial en régimen de incomunicación.
Manifiesto contra el procesamiento de los participantes en la ocupación del piso que posteriormente fue utilizado por Hormaechea como excusa para retirarla el acta de concejala.
Isabel Tejerina fue condenada por la Audiencia Provincial en sentencia de 25 de mayo de 1981 por los delitos de desacato y resistencia a la autoridad a tres meses de arresto mayor y 20.000 pesetas de multa, y a las penas accesorias de suspensión de cargo público, profesión y sufragio, mientras durase la condena; sentencia que devino firme el 19 de noviembre de 1981. Haciendo una interpretación torticera de la ley, el alcalde consideró que el pleno de la Corporación, recurriendo a la fórmula de “darse por enterado” de la sentencia, podía declarar la incompatibilidad de Isabel Tejerina con el cargo de concejala y en consecuencia cesarla en el mismo. De tal forma que incluyó la propuesta de cese en el orden del día del pleno de 2 de septiembre de 1982, el último al que acudió Isabel, que se defendió con argumentos de peso, de los que destacamos es-tas palabras que se recogieron en el acta de la sesión:
“Afirma que la Ley que la ha condenado a ella está sujeta a transformación y de hecho se han producido ya sentencias absolutorias a ocupantes de viviendas. Cree que su actuación en la ocupación de la vivienda lo merecía y hasta lo exigía, y que no tiene dolor de corazón ni propósito de enmienda. Las cosas tienen que modificarse y pago gustosamente el precio político de mi posible cese como concejala por ese hecho. Manifiesta su absoluto rechazo al procedimiento seguido y a la misma Ley que elimina de las instituciones a un representante del pueblo como consecuencia de una acción política […] Si deciden mi cese, saldré con la cabeza bien alta a nivel personal, no me siento derrotada, humillada ni ofendida. Mi salida del Ayuntamiento supone mi retira-da de la política, quizá provisional, porque mantenga la esperanza de que las cosas han de variar.”
El cese fue votado y aprobado por mayoría, con la oposición de los concejales del PSOE, PCE, PRC y de la propia Isabel Tejerina, y con la desaprobación del numeroso público asistente al pleno que durante toda la sesión mostró su desacuerdo con gritos, silbidos y protestas. El alcalde ordenó el desalojo de la sala y ante la negativa ciudadana, requirió a la Policía Municipal que lo hiciera por la fuerza. ¿A qué nos recuerda esta forma de proceder? Tal y como se recoge en el acta del pleno, se produjeron “actos de violencia, empujones y gritos, quedando finalmente despejado el recinto de público, tras violentos forcejeos”. Estos acontecimientos tuvieron una gran trascendencia mediática, llegando incluso a la prensa nacional, “El País”, en su edición del 4 de septiembre de 1982: “Vecinos de Santander desalojados violentamente de un pleno municipal” y del 5 de septiembre: “Violento desalojo del pleno del Ayuntamiento de Santander”.
Aquí terminó la carrera de Isabel Tejerina dentro de las instituciones políticas, aunque no su lucha por la justicia social en la que perseveró incansable hasta el fin de sus días.
(*) María Josefa Pérez Vega accedió a una concejalía en el Ayuntamiento de Santander por el tercio familiar en 1970, en plena dictadura.