“La historia del mundo se puede conocer a través de la historia del arte, sus artistas, escritores, músicos, filósofos, pensadores, etc. Dejar recuerdo y reconocimiento de ellos en nuestras calles y avenidas es algo necesario y de justicia para con nuestra ciudad… ¿Qué es mejor, ensalzar batallas, guerras, que han supuesto elementos de confrontación, o buscar puntos de encuentro a través de la cultura? Creo sinceramente que los segundos”.

Estas palabras fueron pronunciadas, según recoge El Diario Montañés, por el entonces concejal de Cultura del Ayuntamiento de Santander, César Torrellas, el 8 de agosto de 2013, con motivo del cambio de nombre de la calle General Mola, que desde ese día fue sustituido por el del músico Ataúlfo Argenta. Es difícil no estar de acuerdo con las palabras de Torrellas; si se han elegido para encabezar este artículo es por el contraste entre esas palabras y la realidad de un callejero que hasta doce años después mantuvo nombres de personas que no destacaron por su pensamiento, sus escritos o su música, sino por vencer guerras que contribuyeron a iniciar y a prolongar.

La nomenclatura del callejero de una ciudad es un buen reflejo de los valores que han dominado a lo largo de su historia. Indagando en ese pasado, la sucesión de nombres delata qué tipo de personajes, acontecimientos o lugares se ha querido resaltar en cada momento. Si la presencia de artistas, literatos, científicos no suele ser objeto de polémica, no ocurre lo mismo con la asignación de vías ciudadanas a dirigentes políticos o acontecimientos susceptibles de valoraciones ideológicas.

En España, la dictadura marca una cesura radical, tanto por el corte profundo que supone con respecto al pasado como por su prolongada duración. Frente a las dudas que suscita una política de memoria en un sistema democrático, la dictadura no tuvo ningún problema en trasformar la ciudad y sus calles, para honrar a sus defensores, empezando por el dictador y siguiendo por dirigentes de ámbito nacional, regional o local. Además de los nombres de las calles, los monumentos, las placas y los símbolos que recordaban la victoria cubrieron los espacios urbanos. En fecha tan temprana como junio de 1938, Franco ya hablaba del “deber de cultivar la memoria” (citado en Colectiva La Vorágine, Caminar sobre lo innombrable. Quién es quién en el callejero romántico franquista de Santander (y de Cantabria), Santander, 2025, p.9) .

Santander no fue una excepción en la política de exaltación de la dictadura; sí lo ha sido, en parte, en la “normalización” del espacio urbano en la democracia. Nuestra ciudad tardó 33 años en retirar la estatua de Franco de su Plaza del Ayuntamiento (llamada del Generalísimo hasta 2001); hasta abril de 2015 una de sus calles estaba dedicada a Falange Española; solo hace escasamente un par de meses el Ayuntamiento ha aprobado la eliminación de los últimos nombres franquistas que aún perduraban, y ello tras la advertencia del Fiscal de Memoria Democrática y Derechos Humanos de proceder a la toma de medidas para evitar la contumaz negativa del consistorio a cumplir las leyes de memoria aprobadas por el Gobierno de la nación. Una explicación sencilla de la razón por la que Santander ha tardado más que ninguna otra ciudad en eliminar los restos del franquismo en sus calles y plazas remite a la mayoría detentada sin interrupción por la derecha (PP y sus antecesores AP y UCD) en la capital cántabra desde el final del franquismo. Se trata de la única ciudad española con este comportamiento electoral (las otras ciudades que la izquierda no ha llegado a gobernar desde el final de la dictadura son Bilbao, siempre en manos del PNV, y Ávila, que sí vio una mayoría del CDS).

Retirada de la estatua de Francisco Franco del Plaza del Ayuntamiento el 18 de diciembre de 2008

Lógicamente, la circunstancia obliga a preguntarse por las convicciones democráticas del partido principal de la derecha cántabra y española; si no tiene reparos en mantener en el nomenclátor ciudadano a destacados dirigentes de la dictadura, si no está en contra de ensalzar a personajes que representan un periodo negro de la historia de España, quiere decir que hay una parte de la gramática elemental de una sociedad democrática que no ha sido incorporada al acervo que debería compartir la gran mayoría de su ciudadanía y, por supuesto, los principales partidos del país. Este es el problema que subyace en la “batalla” de la memoria que se libra actualmente en España, plasmada de manera evidente en la aprobación de leyes por parte del Gobierno central y de los gobiernos autonómicos de la izquierda, recibidas con un rechazo frontal por parte de las derechas, que proceden a la abolición de dichas leyes autonómicas en cuanto tienen ocasión, como el Gobierno de Cantabria ha perpetrado hace escasos meses. Las peripecias del callejero de Santander se enmarcan en este contexto en el que, por desgracia, la memoria es un tema divisivo. La paradoja reside en que la división se ha hecho visible cuando ha adquirido presencia pública la reivindicación de las víctimas de la represión franquista, cuando se ha señalado con ánimo de verdad, justicia y reparación a los responsables de esa represión, cuando se ha comenzado a superar ese lenguaje engañoso que igualaba a los fusilados y a sus verdugos, a los presos y a sus carceleros, a los exiliados y a quienes gobernaban. Todo ello tuvo su reflejo, como no podía ser de otra manera, en el callejero ciudadano; el problema es que la evolución política global no invita precisamente al optimismo. Si hasta fechas recientes España podría ser una excepción en el marco de una Europa que compartía una memoria antifascista heredada del desenlace de la II Guerra Mundial, el auge de la extrema derecha ha roto esos consensos que desde el año 45 desterraron a las organizaciones herederas de los movimientos fascistas fuera del espectro político “homologado”. A día de hoy, la memoria ha pasado a constituir un elemento más de confrontación en el marco de esa “batalla cultural” que se libra en el conjunto del continente, y más allá.

Cronología de un desatino

Un recorrido cronológico por las peripecias del callejero santanderino en las últimas décadas ofrece una muestra de la mirada con la que los dirigentes políticos de la capital de Cantabria han abordado el pasado.

No hay una iniciativa sobre el tema desde las mayorías municipales hasta 2001; ese año se designa una comisión de expertos integrada por tres historiadores: Benito Madariaga, Miguel Ángel Sánchez y Carlos Dardé. Esta Comisión elaboró un informe en el que se pedía la retirada de monumentos relacionados con el franquismo, con algunas excepciones. Para no causar trastornos añadidos, proponían aprovechar la realización de obras para retirar los polémicos monumentos. También se aceptaba la retirada de monolitos y monumentos, aunque con matizaciones. Una de ellas era la concerniente a aquellos susceptibles de ser modificados para que en sus leyendas se incluyera una referencia genérica a los combatientes de la guerra civil en ambos bandos. Proponían igualmente la retirada de la estatua de Franco en la entonces Plaza del Generalísimo: “No creemos que la plaza situada frente al Ayuntamiento, la más emblemática de la ciudad, deba llamarse del Generalísimo Franco, ni que en ella deba aparecer la estatua del propio general Franco”. En cuanto al callejero, el grupo de expertos también pedía cambios, pero emplazaba a una decisión política final en la que se valorase técnicamente el coste y los trastornos que se pudieran producir. Desde la alcaldía, Gonzalo Piñeiro se abrió al cambio del nombre de algunas calles, en concreto las que eran conocidas con nombres no oficiales, pero conservados y utilizados en la memoria popular; descartaba, no obstante, el cambio de las calles grandes, invocando de nuevo los trastornos que la modificación originaría. La reiterada invocación a los “trastornos” generados a los vecinos por lo cambios en el callejero puede ponerse en perspectiva recordando la conversión del Paseo del Generalísimo (Madrid) en Paseo de la Castellana, vía de 6,4 Km. de longitud cuya nueva denominación no pareció causar problemas irresolubles (EL PAÍS, 26 de enero de 1980). Desde una perspectiva histórica, los expertos coincidían por unanimidad en sustituir muchos de estos nombres de calles, toda vez que los restos del pasado franquista se situaban en lugares céntricos o muy visitados, “dando a la ciudad un carácter pre o anticonstitucional, anacrónico y llamativo en el conjunto de las capitales de España”. Asimismo, la propuesta era recuperar la denominación tradicional de las vías y plazas principales de la ciudad. El informe concluía recomendando a las autoridades inspirarse a la hora de decidir en el espíritu de concordia y reconciliación predominante durante la transición.

Llama la atención el discurso de la comisión de expertos, que no por tratarse de especialistas ajenos a la política institucional o de partidos, deja de incorporar un lenguaje que pone el acento en términos como concordia o reconciliación, tan repetidos durante la transición. El entonces portavoz municipal del PSOE, Juan José Sota expresaba su satisfacción con el informe, incidiendo en la misma línea: “…esto nos debe llevar a que esta ciudad pase página hacia la reconciliación, hacia la normalización democrática que supone superar el enfrentamiento fratricida”. Contrastan estos términos con los empleados en la actualidad por ese mismo partido, el resto de las fuerzas de izquierda y las asociaciones memorialistas y organizaciones sociales en general, que no dudan en diferenciar los bandos enfrentados en la guerra y en emplear unos términos mucho más definitorios y negativos para caracterizar lo que fue la dictadura.

Pero ni siquiera esta voluntad tan prudente de cambio era unánime. A la altura de 2001, cuando gran parte de las capitales españolas habían procedido a la sustitución de los nombres franquistas de sus calles, los servicios municipales de Estadística, Archivo y Policía del Ayuntamiento de Santander emitían informes, complementarios al de la Comisión, en los que se oponían por unanimidad a cambiar los nombres del callejero vinculados al régimen anterior, “dado el coste económico y las molestias para los vecinos que acarrearían dichos cambios”. El Servicio de Estadística fundamentaba su oposición en las gestiones que deberían hacer los vecinos: desde el cambio de escrituras hasta el DNI, se hacía constar una larga relación de trámites. El Departamento de Policía se oponía por razones similares, mientras que la argumentación del Archivo hacía referencia a cuestiones técnicas vinculadas al trabajo propio de la entidad: “Por lo que se refiere al Archivo, un cambio del callejero supondría una catástrofe similar a un incendio (…) El Archivo apela finalmente al sentido común. Espero que el sentido común impere y no se realice ningún cambio del callejero, pues los habidos desde el último siglo ya suponen un reto. A nuestra historia, a nuestra memoria y, en definitiva, a nuestro trabajo cotidiano” (El Diario Montañés 25-2-2001)

Después de tales peripecias, los cambios fueron mínimos y ejecutados con enorme parsimonia. En el mismo 2001, las plazas del Generalísimo y de José Antonio pasaron a denominarse Plaza del Ayuntamiento y Plaza Pombo, respectivamente. Eran, por otra parte, los nombres con los que la gran mayoría de la población santanderina las nombraba. Entre 2002 y 2015 se procede al cambio de un número muy reducido de calles (Pilar Primo de Rivera, General Mola, Falange Española) y a la retirada de algunos monumentos (monolito del Alto de Miranda, monumento a los italianos de la plaza de Italia, cañón del barco del Almirante Cervera, monumento a los caídos en el barco Alfonso Pérez, el de la explanada del faro de Cabo Mayor, monumento a los Alféreces Provisionales). En 2008 fue retirada por fin la estatua ecuestre de Franco, situada en la Plaza del Ayuntamiento. Asimismo, en 2015 le fue retirado a Franco el título de alcalde honorario, las llaves de la ciudad y la medalla de oro de Santander (Eldiario.es, 29-10-2015).

En 2016 una Comisión de Estudio formada a instancia del Consejo Municipal de Cultura, abordó de nuevo la cuestión del callejero. Estaba integrada por los siguientes miembros: Francisco Gutiérrez Díaz, Miguel Ángel Castañeda Pérez, Antonio Santoveña Setién, José Antonio González Fuentes, Salvador Carretero Rebés y Javier Antolín Montoya y las Sras. Yáñez-Barnuevo, Amparo Coterillo Pérez y Miriam Díaz Herrera, que actuaría como presidenta; así como por las siguientes personas ajenas al Consejo designadas por el Sr. Alcalde en su calidad de expertos: Sres. Ramón Saiz Viadero, Jesús Laínz Fernández y Francisco Ignacio de Cáceres Blanco (Informe Final de la de la Comisión de Estudio constituida en el Consejo Municipal de la cultura sobre la aplicación a nuestro municipio de la Ley 52/2007, Santander, 30 de marzo de 2016). Estos dos últimos miembros declinaron formar parte de los trabajos por no estar de acuerdo con la Ley de Memoria Histórica.

Se recomendó lo que debería ser una obviedad: la aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Para sustituir los nombres que deberían ser eliminados, se proponía introducir nombres de entidades, valores sociales reconocidos, hechos históricos, lugares, fechas significativas para la ciudad, actividades históricas asociadas históricamente a áreas urbanas y a bienes pertenecientes al patrimonio inmaterial de la ciudad. Como criterios específicos, abogaban por conservar o recuperar las denominaciones antiguas u originales, si existiesen. En especial si se trataba de términos populares o arraigados, anteponiendo los que tuvieran vinculación con Santander o Cantabria, pero sin excluir los nombres de relevancia universal. También recomendaban dar mayor visibilidad a los nombres femeninos con el objetivo de ir equilibrando en el conjunto del nomenclátor la presencia de hombres y mujeres. En cumplimiento de estas recomendaciones, el pleno del Ayuntamiento celebrado el 31 de mayo de 2016 acordó retirar del nomenclátor municipal de Santander, las siguientes calles: Alcázar de Toledo, Alto de los Leones, Alféreces Provisionales, Belchite, Brunete, Camilo Alonso Vega, Capitán Cortés, Carlos Haya, Columna Sagardía. División Azul, García Morato, General Díez de Villegas, General Dávila, General Moscardó, Montejurra, Ruiz de Alda, Sargentos provisionales y Zancajo Osorio.

Las recomendaciones de la Comisión tampoco fueron ejecutadas por el Ayuntamiento con especial diligencia. Los años trascurrieron sin que desde la Alcaldía se implementaran los acuerdos del Pleno, hasta el punto de que el acuerdo de 2015 que retiraba los honores concedidos a Francisco Franco no había sido ejecutado mediante los pertinentes trámites administrativos. La irritante lentitud del Ayuntamiento de Santander en proceder a la aplicación de las Leyes de Memoria impulsó las reiteradas demandas de las asociaciones memorialistas para adecuar el callejero santanderino a las mismas. Desmemoriados presentó un escrito al Ayuntamiento de Santander solicitando el cambio de dos de las calles más importantes de la ciudad, por centralidad y longitud (Camilo Alonso Vega y General Dávila). La negativa del Ayuntamiento movió a la asociación a la presentación de un recurso el 3 de mayo de 2023 ante la Fiscalía Superior de Cantabria, incluyendo ya todas las calles que incumplían la Ley de Memoria Democrática, por entender inaceptable que una entidad pública como el Ayuntamiento se negara reiteradamente al cumplimiento de la ley. En junio de 2024, un grupo de ciudadanos/as de Santander, siguiendo el llamamiento de la Plataforma Memoria y Democracia, presentó una nueva denuncia. La Fiscalía Superior de Cantabria no admitió a trámite estos recursos, pero la implantación de la Fiscalía de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos, cuyo cargo fue ocupado por Carlos Yañéz, permitió por fin conseguir el objetivo. En febrero de 2025, a instancias de cuatro asociaciones memorialistas (Archivo, Guerra y Exilio, Colectivo Memoria de Laredo, Desmemoriados. Memoria Colectiva de Cantabria, y Héroes de la República y la Libertad) el sr. Yáñez envió un requerimiento al Ayuntamiento de Santander que dejaba poco lugar a las dudas, como muestran algunos términos del escrito:

“Ensalzar o enaltecer públicamente a criminales de la dictadura fascista a través de nomenclaturas en las vías públicas del municipio de Santander, constituye un acto de normalización de una realidad criminal, que oculta la historia de los que sufrieron la represión y niega el derecho de reparación de las víctimas”.

También era muy explícito en la valoración de la actitud mantenida por el consistorio santanderino:

“El Ayuntamiento de Santander, hasta el día de la fecha, no ha ejecutado sus propios acuerdos para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de Memoria Democrática. Se ha situado de forma consiente y deliberada en una posición inadmisible de “rebeldía” frente al cumplimiento de la ley. Desde la perspectiva de los servidores públicos, resulta especialmente grave la transgresión pública de la ley mediante acciones, omisiones, dilaciones o transformaciones absolutamente injustificadas”. (Escrito de la Fiscalía Comunidad de Cantabria. Diligencia preprocesal. Dirigido al Excmo. Ayuntamiento de Santander. Torrelavega, 24 de marzo de 2025).

Ante la dura requisitoria, la Alcaldesa de Santander, Gema Igual, accedió por fin al cambio de la denominación de las calles que constaban en el escrito del fiscal de sala. Igualmente, por fin le fueron retirados a Franco el título de alcalde honorario, las llaves de la ciudad y la medalla de oro de Santander, así como la Medalla de Oro de la ciudad a Luis Carrero Blanco (Resolución publicada en el BOC, 7 de mayo de 2025).

Se trata, sin duda, de un triunfo de la constancia y el esfuerzo de las asociaciones memorialistas, una parte importante de la ciudadanía, organizaciones sociales y partidos políticos (con mención especial para los pocos concejales que chocaron insistentemente contra la tozudez mayoritaria en el Consistorio) que no han dejado de pelear por llevar a las calles de Santander algo de dignidad. No todo el camino está hecho; para hablar de un callejero democrático y trasmisor de valores positivos harían falta más pasos, pero al menos se ha cerrado una etapa demasiado cruel y demasiado larga.

Agradecemos a Antonio Santoveña y Miguel Saro la información facilitada para la elaboración de este artículo.