La noción de burbuja, más allá de sus acepciones primitivas, nos remite también en la actualidad a un aumento descontrolado y más o menos acelerado de los precios o de las cantidades existentes de un bien o recurso hasta que llega un punto de insostenibilidad en el que estalla y genera una crisis cuyos efectos trascienden habitualmente sus límites específicos.

Por no remontarnos mucho en el tiempo, en el siglo XXI se ha popularizado el sintagma burbuja inmobiliaria y existe una percepción amplia de las condiciones y los mecanismos característicos del sistema capitalista en el que se genera. En el caso que nos ocupa nos referiremos, en sentido coloquial, a otra burbuja; esta se desarrolló en Cantabria y tuvo sus propias peculiaridades y modo de formación, además de una considerable trascendencia económica y social en el mundo rural, con notables repercusiones políticas y en los medios escritos de la época. Se trata concretamente de la burbuja láctea que se generó fundamentalmente en la década de 1920 y que explotó en tiempo de la II República.

El aumento y generalización del consumo de leche en los núcleos urbanos de España se remonta al primer tercio del siglo XX, constituyendo un factor clave en la transformación del sector ganadero. Se trata pues de un acontecimiento relativamente reciente. Alicia Langreo afirma que los primeros fenómenos de industrialización en el sector lácteo se produjeron en Cantabria y Cataluña a comienzos del siglo XX y fueron una respuesta al incremento de la demanda generado en las grandes ciudades, que determinó cambios en profundidad en los ámbitos preexistentes de la producción y comercialización.

Alfonso XIII asiste al proceso de elaboración de las latas para la fabricación de leche condensada en la fábrica de La Penilla. Fotografía de Samot en El Cantábrico, 15 de septiembre de 1929

En Cantabria el proceso de especialización en el ganado bovino fue extenso y continuado desde mitad del siglo XVIII, pasando por diferentes etapas asociadas a las necesidades del momento: desde el ganado de tiro, siguiendo por el de carne hasta llegar al de producción lechera, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XIX, con una orientación comercial progresiva, como apuntan Rafael Domínguez y Leonor de la Puente. Esta evolución se fundamentó en la interrelación de una serie de factores, entre los que destacan el aumento de la demanda láctea del mercado urbano, la existencia temprana de una red viaria que facilitaba las comunicaciones con grandes centros de consumo (Madrid…), la introducción de razas foráneas de producción intensiva (principalmente la holandesa y la suiza), la cultura reproductora de la cabaña ganadera, la instalación en el primer tercio del siglo XX de pujantes industrias, significativamente Nestlé, Granja Poch, Lechera Montañesa y SAM, la transformación física del territorio (roturaciones para praderías) y legal (apropiación de comunales) y la mejora de los rendimientos.

A partir de esta caracterización general y centrándonos en el primer tercio del siglo XX pueden establecerse tres fases en el desarrollo de la ganadería e industrias lácteas en Cantabria. Una inicial, de configuración del complejo agroindustrial lechero, cuyo acontecimiento clave fue el establecimiento de la empresa suiza Nestlé en La Penilla de Cayón en 1905, pues, como subrayan José Sierra y Manuel Corbera, impulsó un conjunto de cambios en la sociedad rural y en el territorio de gran magnitud y en un corto periodo de tiempo. Desde un primer momento tuvo la vocación de ocupar la posición preeminente en el entramado empresarial de la provincia. Entre los factores de localización destacan los estratégicos y de mercado (como la existencia de una demanda elevada y creciente de harinas lacteadas y la política proteccionista del momento que conllevaba la imposición de aranceles), los productivos (la trayectoria de mejora y especialización de la cabaña ganadera y el potencial productor de leche) y los relacionados con infraestructuras de transporte y ubicación (conectividad ferroviaria, carreteras y disponibilidad de suelo y agua).

Por lo tanto, la demanda industrial incentivó y aceleró la sustitución de la cabaña tradicional por razas foráneas especializadas en leche, siendo la holandesa frisona la preponderante; para su compra el crédito fue el principal instrumento financiero utilizado. Este nuevo horizonte, como ya señalamos en el primero de los artículos que dedicamos a la SAM el año pasado, propició también el cambio de perspectiva del campesino, que pasó a ver en la leche una oportunidad de negocio.

Domínguez y de la Puente, siguiendo a Ernesto Alday plantean la hipótesis de que Nestlé indujo desde un principio este proceso “con el fin de hacer frente a las nuevas necesidades de alimentación de una cabaña en rápida transformación y difundir de paso la ideología de la pequeña propiedad para inmunizar contra las ideas socialistas a estas modestas familias rurales convertidas en práctico proletariado de pequeños propietarios o arrendatarios al servicio directo de los fabricantes de lacticinios, sus virtuales empresarios”.

La fase intermedia arranca hacia 1914, con el estallido de la I Guerra Mundial. La coyuntura bélica favoreció un notable aumento de la demanda de productos lácteos elaborados. En Torrelavega se fundaron en el año 1916 dos importantes empresas, La Granja Poch, que inicialmente se centró en el envío diario de leche pasteurizada a Madrid, y la Sociedad de Industrias Lácteas, que fabricaba mantequilla, quesos, leche condensada, etc. Por su parte, en el periodo de cinco años que duró la contienda, Nestlé multiplicó aproximadamente por 20 la cantidad de leche recogida y por más de 10 el número de abastecedores. Eran tiempos de bonanza en el que el precio de la leche pagada al productor experimentó una subida considerable.

Alfonso XIII recibiendo explicaciones del proceso de pasteurización en “La Lechera Montañesa”. Mundo Gráfico, 1/9/1927

Ya en 1926 se creará también en Torrelavega la Sociedad Lechera Montañesa, conocida popularmente como “La Lechera”, cuya línea de elaboración de harina lacteada y leche condensada pretendió constituirse en una alternativa nacional a Nestlé, sin embargo sería absorbida por la compañía suiza tres años más tarde en lo que fue una iniciativa de concentración empresarial para despejar la competencia directa, tendente a lograr una hegemonía absoluta del mercado, el cual monopolizaba prácticamente con cantidades de recogida de leche que rondaban el 70%. Al mismo tiempo, en 1929 Nestlé inauguraba en su fábrica de La Penilla la línea de producción de chocolates con leche.

La ganadería pasó a formar parte del complejo lechero en una condición dependiente, dentro de un proceso de integración vertical inducido por la industria, que acabaría controlando el proceso productivo, el producto y fijando los precios. El resultado sería, por lo tanto, la subordinación de los pequeños productores, territorialmente diseminados, con respecto a las grandes empresas transformadoras, especialmente el grupo Nestlé, como han analizado Domínguez y de la Puente.

El interés estratégico de la industria de disponer de una oferta de leche abundante y estable condujo a tal estímulo de la producción que, cuando a lo largo de la década de 1920 se produjo un reajuste internacional de la producción industrial y descenso en el consumo de elaborados lácteos, se fue generando una demasía a la que no se le podía dar salida, lo que acabaría creando un desequilibrio estructural en el mercado, que las empresas, haciendo valer su supremacía, resolverían imponiendo su posición con respecto a los precios pagados a los ganaderos y con la imposición de tasas de recogida. La crisis internacional desencadenada en el año 1929 acentuó la retracción del consumo y las ventas de productos lácteos elaborados, lo que agravó aún más la situación del sector. A esta pérdida de ingresos por rebaja del precio muchos campesinos respondieron con un aumento de la producción lechera para hacer frente a los créditos suscritos, lo que en la práctica supuso la retroalimentación del problema de excedentes. Esa imagen gráfica de la burbuja que hemos sugerido estaba ya formada.

Una respuesta a esta situación tuvo ocasión en 1926, con motivo del intento fallido de creación de una cooperativa ganadera que, desafiando el monopolio de Nestlé, englobara desde la producción de materia prima hasta su transformación industrial. El principal promotor fue Ernesto Alday, que era el mayor productor de leche de la provincia de Santander y, al tiempo, el principal suministrador de ganado selecto y director de la Colonia Agrícola “Polders de Maliaño”. En esta tentativa, que fracasaría fundamentalmente por problemas de financiación y los manejos de Nestlé, contó con los que luego serían los promotores, en 1929, de la cooperativa de Sindicatos Agrícolas Montañeses, SAM, Lauro Fernández y José Santos, cabezas visibles de la Federación Montañesa Católico-Agraria.

La etapa final se desarrolla en los años 30 y se caracteriza por el apogeo del conflicto económico y social motivado por la crisis de superproducción y la caída de la rentabilidad de las explotaciones. Bajo distintas denominaciones en función del momento: conflicto lechero, cuestión lechera, pleito lechero, huelga de la leche… ocupó infinidad de columnas en los diarios que se publicaban en Cantabria. Los dos artículos que siguen a este abordan este periodo a partir del estudio de dos estallidos que tuvieron lugar en el verano de 1933 y en la primavera de 1934.

Antes de finalizar trataremos brevemente dos puntos de interés que aportan elementos añadidos para entender el proceso. Se trata del tejido asociativo ganadero y de los recursos institucionales relacionados con el ámbito agroindustrial.

Asociaciones y sindicatos ganaderos

Frente al bloque unido que presentaban las empresas transformadoras, los ganaderos se presentaban divididos en asociaciones y sindicatos con intereses divergentes tanto por el tamaño, orientación de la producción y situación económica, como de la orientación política. Además, el funcionamiento y la oferta de servicios a sus afiliados de cada uno de ellos también era diferente. Las más representativas y protagonistas de este periodo fueron la Asociación Provincial de Ganaderos de Santander, la Federación Montañesa Católico-Agraria y la Federación Montañesa de Casas del Pueblo Campesino.

La Asociación Provincial de Ganaderos de Santander fue fundada en 1917 y agrupaba a las grandes explotaciones ganaderas de la provincia. Funcionó habitualmente a modo de empresa de servicios para sus asociados, a los que facilitaba el acceso a ganado selecto y productos tales como piensos, medicamentos, abonos, maquinaria. A finales de los años veinte se implicó en el conflicto lechero con la solicitud de subida de los precios de recogida y la participación en el Jurado Mixto de Ganaderos y Fabricantes de Productos Lácteos de Santander, aunque no respaldó, llegado el caso, la estrategia combativa del sindicalismo de clase. Algunos de sus socios, entre ellos Ernesto Alday, participaron del proyecto fallido de creación de una cooperativa que pudiera hacer frente al monopolio de Nestlé.

El general Primo de Rivera visita las instalaciones de Nestlé en La Penilla. Nuevo Mundo, 6/9/1929

La Federación Montañesa Católico-Agraria agrupaba a decenas de sindicatos agrarios surgidos muchos de ellos en la primera década del siglo XX, promovidos al calor de la doctrina social de la Iglesia católica para la mejora de las condiciones de vida de los campesinos y como medida preventiva, en este caso, contra la difusión del socialismo en el medio rural. Julián Sanz Hoya señala que estaba ligada a los sectores más derechistas de la política montañesa y operaba de modo dependiente del Obispado a través de los consiliarios diocesanos; se integró en la Confederación Nacional Católico-Agraria (fundada en 1917). Desde sus inicios ofrecían a sus afiliados servicios de crédito (sistema de cajas rurales) y seguros mutuos para el ganado. Tras el fracaso del intento de creación de la Cooperativa Ganadera Montañesa en 1928, impulsó la constitución de la cooperativa lechera SAM, que empezaría a producir en 1932, en un entorno industrial dominado por la factoría de La Penilla. Durante el conflicto lechero de los años treinta mantuvo una posición enfrentada con el sindicato socialista, no solo sobre el terreno (movilizaciones), sino también en las instituciones (Jurado Mixto…).

La Federación Montañesa de Casas del Pueblo Campesino, popularmente conocida como Casas Campesinas, fue promovida a comienzos de los años treinta por Matilde de la Torre. Se constituyó en 1932 con 21 secciones en otros tantos pueblos de Cantabria, fundamentalmente en el área del Besaya y en el del Pisueña (próximas, por tanto, a los principales centros de transformación), con sede social en La Llama (Torrelavega). Estaba integrada en la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra y adscrita a la UGT. Durante la II República fue aumentando su base social, que incluía a pequeños campesinos y a trabajadores mixtos, y capacidad de organización. Promovieron, sin éxito, el establecimiento de un marco de relaciones contractuales con las industrias en el que estuvieran regulados precios, el suministro, que se eliminaran los “medidores” o intermediarios, es decir, los gestores al servicio de las compañías como primeros compradores de leche y encargados de los puestos de recogida, acusados de prácticas especulativas en sus funciones, etc. El planteamiento trataba de situar al ganadero como un verdadero asalariado frente a las empresas. Matilde de la Torre nunca contó con excesivas simpatías en el socialismo cántabro, que se mostró, además, receloso hacia las organizaciones campesinas del norte por el componente de pequeños propietarios de sus miembros, como apunta Abdón Mateos. Fue la organización protagonista del pulso sostenido con la patronal lechera en Cantabria en los años 1933 y 1934, cuyo saldo fue netamente desfavorable para los intereses de los campesinos.

El entramado institucional

Durante la II República, independientemente de la orientación más o menos reformista de los diferentes gobiernos, existieron dos organismos de referencia para los actores de la cuestión lechera. Por un lado, el Jurado Mixto de Ganaderos y Fabricantes de Productos Lácteos de Santander que, como otros Jurados de análoga naturaleza, fueron establecidos a partir de la legislación promovida por el ministro Largo Caballero a finales de 1931, eran herederos del modelo corporativo establecido durante la dictadura de Primo de Rivera. Se definían legalmente como “instituciones de derecho público encargadas de regular la vida de la profesión o profesiones y de ejercer funciones de conciliación y arbitraje”. Su composición, fijada por el Ministerio de Trabajo, era paritaria y reunía a representantes del sector ganadero y del industrial. Se encargó de fijar el precio de la leche y de la regulación de las tasas de recogida (establecimiento de cupos o cantidades por parte de las empresas en tiempos de acumulación de excedentes). Entre la representación ganadera se produjeron serios problemas entre las asociaciones a la hora de acreditar la participación, lo que responde a las diferencias profundas existentes.

Por su parte, la Comisión Mixta Arbitral Agrícola actuó como un tribunal de apelación en caso de recurso contra las disposiciones del Jurado Mixto, con intervención concreta en asuntos de precios y tasas de cantidad, en el que se debatían informes y adoptaban resoluciones, algunas de ellas de especial relevancia.

Reportaje fotográfico de la visita de Alfonso XIII y Victoria Eugenia a la fábrica de “La Lechera Montañesa” en Torrelavega. Fotografías de Samot en La Unión Ilustrada, 1/9/1927

En la práctica, este entramado institucional careció de la capacidad para compensar el desequilibrio de fuerzas existentes en el distrito agroindustrial, mostrando una falta de operatividad en el abordaje de los problemas más agudos que se plantearon. La dilación en la resolución de alguno de ellos respondió a la displicencia de la parte más poderosa, más interesada en la aplicación de la normativa de orden público que en el establecimiento de un acuerdo marco, asimilable al de otros países del entorno, y a la debilidad de los gobiernos de la República a la hora de hacer cumplir las disposiciones legales a las empresas.

El papel de los gobernadores civiles de la provincia fue de especial relevancia a la hora de dar salida a los conflictos planteados, adoptando un doble papel: por una parte, agentes de autoridad. y por otra, mediadores para propiciar la vuelta a la normalidad.

Los fundamentos administrativos

La resolución adoptada por la Dirección General del Instituto de Reforma Agraria del Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio el 25 de abril de 1933 por la que, entre otras disposiciones, el precio de la leche quedaba fijado en 35 céntimos de peseta por litro entre los meses de octubre y marzo y 32 céntimos de abril a septiembre y se acordaba la supresión de la tasa de cantidad en la recogida impuesta unilateralmente por las empresas, supuso el punto crítico de una situación en la que las partes en conflicto utilizaron todos los elementos a su alcance para que prevalecieran su posición e intereses.

Comunicado de Nestlé y la Lechera Montañesa a sus proveedores de abandono de algunas zonas de recogida de leche. El Cantábrico 1933 05 18

Esta medida de la Dirección General, tomada a partir del informe elaborado por la Comisión mixta Arbitral Agrícola, suponía la aceptación de todos los recursos de alzada formulados por la Asociación Provincial de Ganaderos de Santander, la Federación Provincial de las Casas Campesinas, la Colonia Agrícola de los Polders de Maliaño (Ernesto Alday), productores particulares y ayuntamientos de Cantabria contra la decisión del Jurado mixto de Ganaderos y Fabricantes de Productos Lácteos de la provincia de Santander, de 24 de noviembre de 1932. La decisión respondía a una solicitud de aumento de precio de las Casas Campesinas, que dio como resultado el establecimiento de una banda de precios de 33 céntimos por litro de noviembre a abril y de 28 céntimos de mayo a octubre; paradójicamente los importes fijados eran inferiores a los preexistentes, lo que condujo a la indignación del conjunto de ganaderos productores de leche de la provincia. La composición de ese Jurado mixto era muy cuestionada, siendo posteriormente modificada por no ajustarse a los criterios de equidad entre las partes (de fondo, la doble naturaleza ganadera y patronal del representante de los sindicatos católicos, una vez constituida la SAM).

Posicionamiento de las partes

La respuesta de las industrias lácteas fue pronta. El 4 de mayo se convocó una asamblea de las empresas del sector en la que se adoptaron una serie de conclusiones muy críticas en el fondo y en las formas con la resolución del Instituto de Reforma Agraria, pidiendo su suspensión y anunciando que se opondrían a ella por todos los medios legales. Además, solicitaron una conferencia en Madrid en la que estuvieran presentes las empresas transformadoras y los ganaderos bajo la presidencia de las autoridades.

Esa oposición se concretó en el caso de Nestlé, la sociedad preponderante en Cantabria, en el anuncio de abandono, a partir del 1 de junio, de algunas zonas de recogida, “a fin de buscar remedio o atenuación a la excepcional e insostenible situación creada a estas industrias, en evitación de acudir por el momento a otras medidas más radicales”, lo que hizo público en la prensa el 18 de mayo. Unos días antes una quesería de Reinosa y la empresa asturiana Casa Arias habían comunicado la suspensión de la recogida en los municipios de Santiurde y de Val de San Vicente, respectivamente.

Estado actual del puesto de recogida de SAM en Parbayón, Piélagos. Archivo Desmemoriados

El 19 de mayo en Madrid fue convocada por el ministro de Agricultura la reunión demandada por las empresas transformadoras de leche en Cantabria. Entre los abastecedores no figuraba ningún representante de las Casas Campesinas, lo que motivó su queja al gobernador civil. La propuesta última del director general de Nestlé fue rebajar el precio de recogida en 2 céntimos respecto al fijado por la resolución ministerial o que se aceptara una tasa de recogida del 20%. Por su parte, los ganaderos se remitieron a la mencionada resolución. El gabinete del ministro radical-socialista Marcelino Domingo se comprometió a emitir una disposición última una vez oídos todos los planteamientos.

Los abastecedores de las industrias lácteas, que habían acogido muy favorablemente la resolución ministerial, se posicionaron con mayor o menor vehemencia contra la estrategia emprendida por las industrias lecheras, eso sí, con la excepción de los pertenecientes a la Federación Montañesa Católico-Agraria, cuya dirección resolvió mantenerse al margen del conflicto como sindicato, aunque como industria, la fábrica de Renedo, la SAM, ofrecía mantener la recogida de leche a un precio máximo de 30 céntimos el litro, extendiendo su oferta a aquellos asociados que se vieran afectados por el cierre de puestos planteado por el resto de empresas transformadoras.

Aunque destacados ganaderos como Ernesto Alday o Jesús de Cospedal desarrollaron en la prensa cántabra y en las mesas de negociación un papel destacado en favor de las posiciones de los productores, fueron las ‘Casas Campesinas’ quienes impulsaron una respuesta más frontal y decidida a las pretensiones empresariales. Con tal fin señalaron la celebración de una asamblea abierta a todos los ganaderos en Torrelavega el domingo 28 de mayo. Tras las intervenciones de Cospedal, Alday, Gregorio Villarías (diputado radical-socialista cuyas gestiones a la hora de aprobar la resolución del Instituto de Reforma Agraria de 25 de abril fueron sustanciales) y Matilde de la Torre, promotora del sindicato convocante, se aprobó una tabla de siete puntos a propuesta de la sección del sindicato de Liérganes, cuyos aspectos más relevantes eran el cumplimiento de la resolución ministerial y que en caso contrario se declarara la huelga general indefinida a partir del 1 de junio.

Ese mismo día la Gaceta de Madrid publicaba la esperada disposición del director general de Agricultura; en ella, en un intento de acercar posturas, se rebajaba el alcance de la resolución de 25 de abril: se autorizaba excepcionalmente a las empresas la posibilidad de implantar una tasa general de cantidad de recogida de hasta el 25% y que, en tal caso, la subida del precio del litro de leche afectado por dicha tasa fuera del 5%.

En un principio, tanto las Casas Campesinas como los principales líderes ganaderos recomendaron mantener la calma y seguir llevando la leche a los puestos de recogida. Por su parte, las empresas lácteas (Nestlé, Poch, Granja El Henar y Quesería Gervais) valoraron como insuficiente la nueva disposición ministerial y lanzaron una contrapropuesta, inicialmente desatendida, que, a cambio de mantener todos los puestos abiertos, aumentaba hasta el 35% la tasa general de cantidad y se avenía a depositar la diferencia entre los 30 céntimos/litro y el precio señalado por las resoluciones ministeriales hasta que se resolvieran los recursos presentados por las industrias contra la legalidad de la medida.

El conflicto sobre el terreno

En la práctica Nestlé cumplió su anuncio de cerrar puestos de recogida y hubo denuncias de aplicación selectiva de la tasa de recogida (no de forma general), mientras que Granja Poch y El Henar seguían recogiendo en sus depósitos leche para su consumo diario en Madrid, lo que motivó un desconcierto general y que una parte de los ganaderos perjudicados impidiera el transporte de leche a las fábricas en algunos puntos (El Cantábrico 2/06/1933). Al tiempo, Ignacio Campoamor, gobernador civil de la provincia de Santander, daba cuenta al Ministerio de la Gobernación del incumplimiento de las disposiciones legales por la empresa suiza, que afectaba a unos 5.000 campesinos, para su posible sanción y, posteriormente, la apertura de un expediente de aplicación de la Ley de Defensa de la Republica a los fabricantes que incumplieran la normativa. (El Diario Montañés 2/06/1933).

Estado actual del puesto de recogida de Nestlé en Santa Cruz, Rasines. Archivo Desmemoriados

A partir del 3 de junio empezaron a aparecer en la prensa las primeras noticias de vertido de ollas lecheras: la escalada de incidentes estaba en marcha. Las áreas que más altercados registraron fueron la comarca de Santander y el arco sur de la Bahía, que coincidían con el perfil de pequeñas explotaciones de familias pluriactivas y, al tiempo, con la implantación de los afiliados a las Casas Campesinas. Las centrales lecheras respondieron, en una doble vía; Nestlé amenazó con el cierre de nuevas zonas y Granja Poch y El Henar solicitaron al gobernador la custodia de sus transportes por parte de la Guardia Civil. Además, las industrias no habían abonado a los proveedores el importe de la leche recogida durante el mes de mayo, lo que constituía un elemento adicional de presión especialmente para las explotaciones con un estado financiero más precario (El Cantábrico 6/06/1933).

Dado que en este tipo de conflictos el transcurso del tiempo es un actor principal, el Ministerio de la Gobernación respondió que enviaría a un funcionario a la fábrica de La Penilla por si fueran de aplicación los supuestos de cesación de industrias sin justificación bastante y de alteración injustificada del precio de las cosas a la hora de su consideración como acto de agresión a la República, es decir, en la práctica, diferir la aplicación de medidas (El Diario Montañés 6/06/1933).

El punto culminante de la conflictividad se alcanzó el 6 de junio, cuando los incidentes se extendieron a la zona de Torrelavega, donde piquetes interceptaron algún camión que transportaba leche procedente de Asturias y volcaron su contenido, lo que hizo precisa la intervención de la Guardia Civil e incluso asaltaron en la estación de tren de Puente San Miguel un vagón tirando las ollas al río Saja. Puede decirse que, sin haberse declarado oficialmente una huelga, por parte de los abastecedores empezaban a extenderse comportamientos de fuerza, característicos de la misma, llegándose incluso a producirse detenciones de algunos componentes de las Casa Campesinas (La Región 7/06/1933). En este punto, la llamada a poner fin a la contienda se generalizó en la prensa, solicitándose desde distintas instancias la mediación del gobernador civil.

Acuerdo precario y aplazamiento de la confrontación

La negociación no tardo en producirse, convocando el gobernador a la mesa a miembros de los sindicatos y asociaciones ganaderas más relevantes, así como a representantes de las empresas lecheras. Después de cinco horas de reunión se llegó a un principio de compromiso que, trasladado a un documento escrito, fue posteriormente ratificado por las partes. De los doce puntos que comprende, lo más sustancial a efectos de la pugna sostenida era:

• Apertura inmediata de todos los puestos y readmisión de los proveedores despedidos.
• Aplicación de una tasa general de cantidad del 30 %, ampliable hasta el 35 % en caso de que se agravara la crisis de ventas.
• Pago del litro de leche a 30 céntimos y depósito en el Gobierno Civil de otros dos adicionales hasta que resuelva definitivamente por las autoridades o, en su caso, por el Tribunal Supremo.
• Precios diferentes de recogida (menores) asociados a tasa de cantidad para las pequeñas industrias queseras.
• Control del excedente lácteo para evitar la especulación y caída de precios.

Como puede apreciarse, las bases principales se parecen extraordinariamente a las ofertadas por los industriales lecheros antes del mes de junio, es decir, previamente a desatarse el enfrentamiento directo entre las partes. Si bien en la salida a los conflictos resulta fundamental la puesta en escena de los acuerdos, parece claro que las empresas consiguieron rebajar sustancialmente el alcance de la resolución adoptada en abril por el Instituto de Reforma Agraria, que tan favorablemente fue acogida por los ganaderos cántabros. Esto responde a la conformación de un sector, el lechero, en el que existía una notable descompensación entre el peso de la industria y el de los abastecedores, cuya debilidad y subordinación quedaba evidenciada. De esta manera, el pleito lechero, denominación muy común en la prensa del momento, lejos de zanjarse veía diferida su resolución ante el callejón sin salida en el que se encontraba.

Titular de El Cantábrico el 8/6/1933 anunciando la solución momentánea del conflicto lechero

El sentido general de las reacciones al acuerdo en los diarios de la provincia fue en ese momento favorable; las Casas Campesinas se quejaron de que, salvo honrosas excepciones, las asociaciones ganaderas les habían dejado solos en las movilizaciones y demás medidas de presión. Aun así, Raimundo Baquero, secretario del sindicato socialista, valoró positivamente los logros alcanzados, si bien dejó abierta la posibilidad de reabrir la contienda en el momento que consideraran oportuno (El Cantábrico 10/06/1933). Quizá el mayor logro alcanzado fue su reconocimiento como agente en el complejo tablero del sector lácteo en Cantabria, consecuencia de haber acreditado una estimable capacidad de movilización y disciplina entre sus afiliados.

Por su parte, Ernesto Alday proporcionaría meses más tarde una interpretación más ponderada de lo ocurrido, ya en el umbral de lo que sería la etapa más aguda de todo el conflicto en su conjunto (El Cantábrico 1/03/1934).

“Planteamos una huelga en tiempo inoportuno, nada menos que en el mes de junio, y los que a ella fuimos animosos, vimos, con dolor, que a las veinticuatro horas de su planteamiento muchos ganaderos enviaban, suplicantes, su leche a las fábricas, como si no pudieran soportar una o varias semanas sin ilustrar su libreta. Por ellos se perdió la huelga, pero ganamos la enseñanza utilísima de que un paso de esta magnitud, no siendo general, no debe darse, y que sin el apoyo de los obreros organizados los campesinos flaquean por falta de espíritu de sacrificio. Con la reunión del día 7 de junio en el Gobierno civil, evitamos que algunos de nosotros se enfrentarán con la fuerza pública, obteniendo promesas que pronto quedaron incumplidas. No fue culpa nuestra, ciertamente”.