Gonzalo Ruiz, obrero de Forjas y Aceros de Reinosa, moría el 6 de mayo de 1987 en el hospital Marqués de Valdecilla de Santander, después de veinte días de hospitalización, víctima de la indiscriminada y brutal actuación que la Guardia Civil desplegó contra la población el día de Jueves Santo de aquél año. Días después llegó a la sede comarcal de CCOO un sobre que contenía la carta que reproducimos, acompañada de cuatro panfletos escritos con plantillas de letras para rotular. La autoría del envío, dirigido al Secretario Local, era asumida por el Comité Ejecutivo Nacional del SUGC (Sindicato Unificado de la Guardia Civil), cuyo carácter clandestino queda explícitamente reseñado por el propio emisor en la primera línea de la carta que constituye el documento de este mes. A esta condición se añade la de estar perseguido por lo que constituyen los principios rectores de esta organización: la desmilitarización del cuerpo y la libertad de sindicación, entendidos como derechos constitucionales.
El texto se articula a partir de tres ideas; la primera manifestar su sentimiento de pesar por la muerte de Gonzalo, señalando a los responsables últimos de que esto sucediera: los mandos de la Guardia Civil, su Director General, Luis Roldán, y el Gobierno, entonces del PSOE; la segunda, como hemos anticipado, era publicitar la reivindicación de sus derechos “constitucionales”; y, por último, manifestar su solidaridad con los trabajadores de Reinosa, que únicamente pedían “el mantenimiento de su puesto de trabajo”.
La carta está fechada el 6 de abril, lo cual constituye una errata. Ya hemos señalado que la muerte de Gonzalo no se produjo hasta un mes más tarde. Además, en el mismo texto se citan otros hechos también posteriores a esa fecha. “…llegó el Señor Roldan de UGT, nos enfrentó con nuestro pueblo en Riaño, en Reinosa y ahora en la cuenca minera de León”. El “enfrentamiento” señalado de Reinosa sucedió el 16 de abril y hasta los días 28 y 29 de abril no tuvieron lugar los enfrentamientos de la Guardia Civil con los mineros de antracita del Bierzo.
De los conflictos aludidos en el escrito haremos un pequeño apunte de dos de ellos (sobre Reinosa se publicó un especial el mes pasado). Los cerca de 6.500 trabajadores de la antracita de la cuenca minera leonesa sostuvieron en la primavera de 1987 un durísimo conflicto con la patronal del sector, en su mayor parte pequeños empresarios (popularmente conocidos como chamiceros), durante la negociación del convenio colectivo provincial. Las condiciones de trabajo en las minas del Bierzo presentaban una serie de particularidades que las hacía ser especialmente penosas: una elevadísima siniestralidad laboral, pérdida acelerada de puestos de trabajo, temporalidad creciente, una estructura salarial en la que el destajo suponía una porción muy importante, devengada habitualmente fuera de nómina, unas instalaciones con frecuencia inadecuadas y en mal estado, etc.
Los trabajadores utilizaron variadas medidas de presión: huelgas, manifestaciones, encierros, cortes de carreteras y de vías férreas, piquetes, etc. Los enfrentamientos con la Guardia Civil llegaron a ser durísimos; especialmente los que tuvieron lugar en Bembibre entre el 28 y el 29 de abril, que se prolongaron durante más de 10 horas y que dejaron un balance de cinco heridos y 30 detenidos.
Los incidentes que rodearon la fase de desalojo de los vecinos y destrucción de las edificaciones en los pueblos que fueron anegados por el pantano de Riaño se habían iniciado en el otoño de 1986. El gobierno del PSOE reactivó el proyectó cuyas obras comenzaron en 1965 y lo condujo hasta su ejecución final sin que en ningún momento le temblara el pulso. Para vencer la resistencia de vecinos y ecologistas y proteger el derribo de casas, el pueblo llegó a ser materialmente ocupado por la Guardia Civil en distintos momentos. Se registraron violentas cargas, lanzamientos de pelotas de goma, gases lacrimógenos y botes de humo contra quienes, habitualmente desde los tejados, se oponían a la demolición de las viviendas, además de múltiples detenciones, restricciones a la libre circulación, etc. Finalmente, el 31 de diciembre de 1987 terminaron todas las operaciones preparatorias y comenzó la inundación del Valle.
Desde la perspectiva actual, los argumentos utilizados por el Gobierno y los defensores de relanzar la obra del pantano han sido refutados por los hechos: ni con mucho se han alcanzado los miles de hectáreas de regadío planteadas, ni la producción de energía eléctrica llega a lo previsto. Negada la rentabilidad económica, en sentido contrario, desde 2015 la obra se inscribe en el Atlas Mundial de Justicia Ambiental como causante de graves perjuicios sociales y ecológicos. La hipótesis de la reactivación del proyecto del pantano como compensación por el abandono de la construcción de la central nuclear de Lemóniz no ha perdido vigencia.
Retomando el hilo de los documentos, el mensaje se completaba con los panfletos que le acompañaban. El primero de ellos contiene unas instrucciones. Va dirigido a los “CAMARADAS DE COMISIONES OBRERAS” y les ruegan que den la carta a la familia de Gonzalo y que distribuyan “1000 COPIAS DE (el panfleto) HA LLEGADO EL MOMENTO”. Este documento, por una cara es una composición fotocopiada que recuerda la portada de algunos fanzines de la época, en el que, inmerso en una gran amalgama de mensajes, se ve a un Guardia Civil maniatado, custodiado por dos encapuchados que en sendas carteles los nombra como “EL Gobierno” y el “Poder Judicial-Código de Justicia Militar”. Como subtítulo figura “La democracia se ha quedado a la puerta de los cuartelillos. Barrionuevo debe dimitir”. El tercero de los impresos recoge sus reivindicaciones que “exigen al pueblo español”: un director General democrático, la desmilitarización total y que se aplique a la Guardia Civil la Ley 2/86 de fuerzas y cuerpos de seguridad. El cuarto de los documentos que acompañan a la carta, y que está firmado por el Comité Ejecutivo del País Vasco, tiene un formato y unos destinatarios diferentes. Va dirigido a los propios guardias civiles a los que pide que se afilien al SUGC para luchar por equipararse con las demás F.O.P. (Fuerzas de Orden Público) y dejar de estar sujetos al régimen disciplinario militar que “elimina drásticamente” sus derechos más elementales.
El SUGC se creó hacia 1983, cuando varios colectivos de Guardias Civiles, alentados por la legalización de los sindicatos policiales y por expectativas de que una futura ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad decretara la desmilitarización del Cuerpo, decidieron formar un sindicato. Cuando la Ley entró en vigor, en febrero de 1986, no solo no se desmilitarizaría sino que se prohibió explícitamente a sus miembros el derecho de sindicación y se declaró delito de sedición hacer declaraciones públicas sobre asuntos internos y acudir a reuniones clandestinas. Los sindicalistas reivindicaban por un lado la desmilitarización, el nombramiento de un civil al frente de la Dirección General y la no aplicación del Código de Justicia Militar y, por otro, mejores condiciones laborales, incluyendo la jornada de ocho horas y el mes de descanso. Además reclamaban una auditoria de la Mutua interna y la creación de un comité anticorrupción dentro del cuerpo; por lo constatado posteriormente, muy desencaminados no andaban. A partir de este momento, se produciría la detención, encarcelamiento y expulsión del cuerpo de sus dirigentes. Las apariciones que tuvieron en los medios de comunicación, sus reclamaciones y críticas al modelo militar del cuerpo y las acusaciones a mandos significados y la Dirección (Casinello, Cereceda, el propio Roldán…), parecieron decidir al Gobierno a promover su desarticulación.
Todavía en julio del año pasado se hizo pública una sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en la que se confirmaba la negativa del derecho de libre sindicación de los cuerpos, como la Guardia Civil, sometidos a la disciplina militar. Para ello hacían valer la reserva española al artículo 11 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (Roma, 1950), suscrito tardíamente por España en noviembre de 1977, en la que se reconoce el “derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación, incluido el derecho de fundar, con otras, sindicatos y de afiliarse a los mismos para la defensa de sus intereses”. En el punto dos de dicho artículo se explicita que “El presente artículo no prohíbe que se impongan restricciones legítimas al ejercicio de estos derechos para los miembros de las fuerzas armadas, de la policía o de la Administración del Estado”. Queda claro que hay quien sí se lee lo que firma.
En 1994 se constituyó la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), organización más representativa dentro del instituto armado que trabaja por la defensa de los intereses de los guardias civiles, aunque sin estar legalizada formalmente como sindicato. De hecho, en su decálogo de objetivos reivindica el acceso al derecho de sindicación, el derecho a la tutela judicial efectiva (sin la subordinación a la jurisdicción militar), un nuevo modelo policial, la aplicación efectiva de las políticas de igualdad, la mejora de las condiciones laborales y salariales, etc.