►Se cumple este mes de febrero un siglo de la declaración de huelga general y posterior estado de guerra en la provincia de Santander
►La situación de anormalidad se prolongó durante tres semanas
No sabemos con certeza cuando se introdujo la expresión “otoño caliente” en la lengua castellana. En la reciente historia de Italia se denomina así al periodo del año 1969 en el que la confluencia de la lucha de obreros y estudiantes fue de tal intensidad que puso en serios apuros al aparato del Estado. De forma general, su uso remite a escenarios de crisis, conflictividad laboral y política, estallidos sociales, etc., pero, sin duda, podemos afirmar que los meses finales del año 1919 en la entonces Provincia de Santander constituyeron un verdadero otoño caliente “avant la lettre”. Como veremos, el invierno tampoco enfrió los ánimos…
La quiebra del régimen de la Restauración
A partir de 1909 el régimen político de la Restauración borbónica, nacido en 1875, empezó a mostrar signos de crisis. Elementos de distinta naturaleza y trascendencia contribuyen a caracterizar la convulsa década de 1910:
-La crisis del sistema de turno de partidos (conservadores y liberales), desacreditado por mecanismos que le eran propios (caciquismo, clientelismo, corrupción electoral…)
-El vigor del movimiento obrero demandando, al tiempo que otras fuerzas políticas, la participación real y la democratización institucional
-La interminable guerra colonial en el norte de Marruecos, con sus efectos de pérdidas de vidas humanas, descontento y oposición de las clases populares y el reforzamiento del grupo de presión de los altos mandos africanistas (unido a otras organizaciones, militares, como las Juntas de Defensa, reconocidas en 1917)
-La pujanza del nacionalismo catalán, sobre todo tras 1918
-Las consecuencias, fundamentalmente en el ámbito económico, de la Primera Guerra Mundial
-La aparición en la clase obrera de un imaginario emancipatorio a partir del triunfo de la Revolución Rusa de 1917
El proceso de descomposición se aceleraría aún más con la manifestación de tensiones rupturistas de índole política, como el intento de reforma de la Constitución de 1876 por la Asamblea de Parlamentarios reunida en julio de 1917 en Barcelona, y social, la conflictividad creciente, que alcanzó picos como la huelga general convocada en agosto de ese mismo año. Este segundo elemento condicionaría y apresuraría el fracaso del primero, tras el abandono de dicho empeño por parte de sectores reformistas de la burguesía.
El intentó de reconducir el curso de los acontecimientos mediante gobiernos de concentración se vio abocado al fracaso por la concurrencia de factores de orden estructural y puntual. El golpe de estado del general Primo de Rivera, en la tradición decimonónica española de intervencionismo del ejército en la vida política, marcó el final de esta coyuntura con la instauración de un régimen dictatorial.
Detalle de portada de El Sol, 4 de febrero de 1920.
La compleja estructura económica y social de la provincia de Santander
La construcción del mito de Santander como una provincia conservadora y católica en la que no había ni huelgas ni conflictos tiene su origen en una interpretación sesgada de la historia que se remonta a los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado, como explica el historiador cántabro Miguel Ángel Solla. La realidad era mucho más compleja, no sólo durante el periodo de la II República, sino con anterioridad. La caracterización económica, social y política dista de la que conocemos en nuestros días.
En el Censo de 1920 la Provincia de Santander contaba con 327.669 habitantes de hecho, de los cuales algo más de una quinta parte vivían en la capital; aunque sumemos los de otras localidades urbanas, como Torrelavega, Castro Urdiales, Santoña, El Astillero, Laredo, Reinosa o Los Corrales de Buelna, el perfil de la población era nítidamente rural. Sin embargo, a pesar de que el sector primario concentraba un mayor número de empleos (la minería del hierro tocaría techo hacia 1915), el mayor dinamismo apuntaba a la actividad industrial, en la que empresas de gran tamaño como Las Forjas de Buelna, Nueva Montaña, Solvay, Cross, Nestlé, Electro Metalúrgica de Astillero, Constructora Naval generaban en su entorno una significativa actividad económica y empleo. Los espacios más concernidos por el impulso del sector secundario fueron el área metropolitana de la Bahía de Santander y el corredor del Besaya.
Todo este cumulo de actividad industrial acarreó un proceso de proletarización de un sector amplio de la población. El movimiento sindical de clase, repartido entre las orientaciones socialista y anarquista, experimentó en la década de 1910 un desarrollo asociativo y un paralelo crecimiento de la afiliación. El desequilibrado reparto de los réditos del crecimiento producido durante la Primera Guerra Mundial en favor del beneficio empresarial y en menoscabo de los salarios, unido a una aguda crisis inflacionista de los productos de subsistencia y a la lucha por los derechos laborales abrieron un periodo de elevada conflictividad que el estado fue incapaz de canalizar por vías democráticas.
Los precedentes más próximos de una movilización obrera general en la provincia de Santander hay que buscarlos con motivo de dos huelgas generales, la primera, la convocada por UGT y CNT, el 18 de diciembre de 1916 (un paro general de 24 horas para protestar por la situación social y laboral del país) y la segunda con motivo de la huelga general revolucionaria de ámbito estatal convocada por UGT y PSOE y parcialmente secundada por la CNT, a partir del 13 de agosto de 1917 y que se prolongó durante cinco días, aproximadamente.
Los Boletines del Instituto de Reformas Sociales y las Memorias de la Estadística de las Huelgas de 1919 y 1920 muestran un significativo incremento de la conflictividad en la provincia de Santander y en el conjunto del Estado con respecto a anteriores ejercicios, pero dichas fuentes no alcanzan a relacionar la totalidad de huelgas que se referencian en el apartado sobre los conflictos sociales que aparecía casi a diario en la prensa cántabra [1]. La duración de las huelgas oscilaba enormemente: desde menos de una semana hasta meses; a veces se procedía meramente al anuncio público del conflicto como forma de presión a los patronos.
Si ya hemos reseñado el pasado año la importancia del conflicto que sostuvieron los trabajadores de Las Forjas de Buelna, la huelga general de la construcción en la ciudad de Santander (entre diciembre de 1919 y junio de 1920) se prolongó al pie de siete meses y fue el conflicto con mayor número de jornadas perdidas, con 306.000, en España. Así, a escala provincial, Santander figura en el tercer lugar de las que mayor número de jornadas perdidas acreditaban (más de medio millón), solo por detrás de Valencia y Madrid [2]. Los factores desencadenantes de las huelgas más habituales, recogidos en las publicaciones del Instituto de Reformas Sociales, apuntan a la reivindicación de aumento de salario, unido a veces a otras peticiones, como -en su momento- la jornada de ocho horas o la reducción de la jornada y la reglamentación de las condiciones de trabajo.
Piquete de Infantería custodiando el Ayuntamiento, después de declarado el estado de guerra. Mundo Gráfico, 11 de febrero de 1920.
Cuestiones previas
El control del mercado de trabajo era un elemento estratégico de primer orden para las asociaciones sindicales de clase. Hasta la ruptura de 1921 entre socialistas y anarquistas, la política de unificación de las distintas sociedades dentro de la Federación Obrera fue un objetivo de su dirección. Bajo este planteamiento no puede sorprender los intentos de unificación y absorción de asociaciones profesionales, muchas de ellas de marcado corte mutualista.
La declaración de estado de guerra no fue una medida en absoluto aislada durante el régimen de la Restauración. Se trata de un estado excepcional, de carácter militar, de suspensión de las garantías constitucionales declarado por el gobierno, sin intervención de las Cortes, con el que se pretende mantener y restaurar el orden público en la parte del territorio que se considere amenazado (una ciudad, una provincia…). Con la declaración de estado de guerra la autoridad civil transfiere el poder a la autoridad militar, ante la imposibilidad de contener las alteraciones del orden [3].
Así pues, la respuesta marcadamente coercitiva que se daba a estas movilizaciones unido al recurso de la militarización del orden público fueron rasgos característicos de este prolongado periodo histórico. En más de cien ocasiones resultaron suspendidas las garantías constitucionales, entre 1875 y 1931, en distintos territorios, utilizando para ello los distintos procedimientos previstos por las leyes (Ley de suspensión, Real Decreto ministerial y bando de declaración de estado de guerra) [4]. Los antecedentes más próximos de declaración de estado de guerra que afectaron a Cantabria, con anterioridad a 1920, hay que buscarlos en julio de 1916 y agosto de 1917, que tuvieron carácter general para todo el territorio español.
La gestación del conflicto
El clima de conflictividad sociolaboral era notable. Las posiciones de partida muy enconadas entre las partes. En estas condiciones, un incidente, que en otro momento hubiera carecido de especial relevancia, podía hacer que la situación terminara por escalar y que el componente de alteración del orden público pasara a primer plano.
La situación se va a desencadenar a partir del conflicto que existía en el asociacionismo del grupo de los camareros. Desde septiembre empieza a percibirse un enrarecimiento progresivo del clima laboral. Una de las sociedades de camareros existentes “La Aurora” se posicionaba en la Junta Local de Reformas Sociales (órgano colegiado al que asistían representantes de las sociedades obreras, patronales y la Administración con funciones, principalmente, de asesoramiento, propuesta, conciliación, arbitraje, etc. en asuntos laborales) con la sociedad de dueños de hoteles, fondas, casas de huéspedes y cafeterías para solicitar una excepción a la Ley de Jornada Mercantil que establecía un régimen general de jornada. Por otra parte, en ese órgano se reportaban abusos de determinados establecimientos en la aplicación de los descansos y carga de horas excesiva. No olvidemos que el 1 de octubre entraría en vigor, en todo el territorio español, la jornada laboral máxima -con carácter general- de 8 horas y el cómputo semanal de 48 horas (por Decreto firmado por el presidente del Gobierno el 3 de abril de 1919). Finalmente, en la reunión de la Junta del 26 de septiembre se acordaría, con el voto de calidad del presidente, solicitar al Instituto de Reformas Sociales la excepción al régimen general de jornada; en contra se pronunciaron los camareros de la sociedad “Unión Cantábrica” y los cocineros de “La Luz del Arte” [5].
En aquellos momentos coexisten tres sociedades de camareros: las ya citadas de “La Aurora”, fundada en 1911, de orientación mutualista, y la “Unión Cantábrica”, en la órbita de la Federación Local de Sociedades Obreras y, además, la “Agrupación General”. Desde la Federación se decide impulsar un proceso de unificación, que fructifica parcialmente hacia finales de diciembre con la creación de una nueva asociación, el “Sindicato de Obreros Camareros”, tras disolverse la “Unión Cantábrica” y la “Agrupación General” [6]. Por su parte, los asociados de “La Aurora” reunidos en junta general, decidieron no acceder a la fusión.
La directiva surgida no abandonó el empeño de agrupar todo el colectivo y con tal fin decidió empezar acciones de presión a los asociados de “La Aurora”; su gran mayoría desarrollaba la actividad laboral en establecimientos, ciertamente de postín, como los cafés El Ancora o El Cántabro, el café-restaurante Royalty, Club de Regatas, el Ateneo, restaurante El Cantábrico y un par de hoteles [7].
Fachada del Café Royalty, 1912. Mundo Gráfico, 14 de agosto de 1912
El primer altercado que se reseña en los diarios de Santander tuvo lugar el 17 de enero de 1920. A primeras horas de la tarde un grupo de obreros de sectores variados acaparó las mesas de los clientes habituales del Café Royalty. Este local era quizá en aquel momento el de mayor lustre de la ciudad; estaba situado en la calle de la Ribera, hoy Calvo Sotelo, a la altura del actual acceso a la Plaza Porticada, contiguo al edificio de la antigua Real Aduana de Santander, derribada tras el incendio de 1941; el mencionado edificio, además de sede de la Aduana lo era también de Hacienda y del Gobierno Civil de la Provincia. Unos pocos trataron de marcharse sin pagar, por lo que se produjo algún rifirrafe. Al día siguiente se repitió el intento de ocupación, pero la pronta llegada de la policía evitó que se prolongara la gresca. El telón de fondo de los incidentes no pasaba inadvertido a la prensa; concretamente La Atalaya argumentaba que, además de pretender la existencia de una sola organización, en el ánimo de la tentativa por parte del Sindicato de Obreros Camareros se hallaba también la disposición de los fondos mutualistas de “La Aurora” [8]. Como consecuencia de los incidentes el gobernador civil impuso multas de 50 pesetas a dos obreros (ninguno de ellos era camarero) por incorrecciones dentro del establecimiento y desobediencia a la policía cuando fueron requeridos para que lo abandonaran [9].
Crónica de los acontecimientos
El incidente
Domingo, 1 de febrero
La tarde del domingo, 1 de febrero, de nuevo, un grupo de obreros intento penetrar en el café Royalty. El dueño del local y la policía trataron de impedirlo, produciéndose un enfrentamiento de mayor intensidad que acabo con una carga y la detención de Pedro Vergara, presidente de la Federación Local de Sociedades Obreras, que fue conducido a las dependencias colindantes del Gobierno Civil, acusado de atentado a la autoridad y desorden público. Tras tomar declaración el juez de guardia a los policías implicados y al detenido acordó su envío a prisión, donde fue conducido a las 21:00 horas.
A partir de aquí, la situación entra en una fase de escalada muy rápida. Una comisión de la directiva de la Federación se reunía con el gobernador civil, Eladio Santander, para solicitar su liberación. Este respondió que el detenido ya había sido puesto a disposición judicial y que no podía hacer nada; la comisión manifestó que Vergara no había cometido ningún delito y anunció protestas por parte de los obreros. El conocimiento de la noticia fue generalizándose y, poco después, los delegados de los distintos sindicatos adscritos a la Federación Local se reunieron y acordaron declarar la huelga general como medida de protesta.
Huelga general
Lunes, 2 de febrero
Desde las primeras horas de la madrugada del lunes grupos de obreros se desplazaron a las proximidades de fábricas y talleres para informar de la convocatoria. Del éxito del mismo da cuenta que los concejales santanderinos aseguraban, según El Cantábrico [10], “que el paro era el más unánime que se había visto en Santander desde hacía muchos años, y el que encerraba mayor gravedad, por el mismo motivo”. El día trascurrió sin incidentes, la apariencia de la ciudad era la de un día festivo “el aspecto de la población, con los establecimientos cafés y comercios cerrados, sin carruajes ni tranvías, a pesar del enorme gentío que se veía por todas partes, daba aspecto de tristeza”. Las autoridades dispusieron diferentes medidas: el gobernador civil ordenó la clausura del Centro Obrero y solicitó la ayuda de instituciones y fuerzas vivas para restablecer la normalidad. Fuerzas del Ejercito custodiarían instalaciones críticas como las fábricas de gas, electricidad y depósitos de agua. El gobernador militar, Eduardo Castell, reclamó a la Capitanía General el envío de un escuadrón de caballería y se reconcentró a la Guardia Civil. El alcalde intentó mantener el funcionamiento de los servicios públicos y asegurar el abastecimiento de productos básicos, para lo cual pidió la colaboración del Club Automovilista.
Por su parte, la directiva obrera trataba de extender la huelga al resto de tejido productivo de la Provincia y transmitió la instrucción de secundar el paro a partir del día siguiente. Igualmente hicieron saber extraoficialmente al gobernador civil sus reivindicaciones para la vuelta al trabajo: destitución del comisario de Policía y del teniente de Seguridad, además de su dimisión, por ser el máximo culpable de lo sucedido.
Estado de guerra
Martes, 3 de febrero
Los comercios del centro urbano intentaron abrir, en las panaderías se formaban largas colas, pero el pan fabricado era insuficiente; este problema se solvento con la llegada de suministros desde Bilbao y otras poblaciones. Pequeños incidentes empezaban a producirse y tres obreros resultaron detenidos. De la Provincia llegaban noticias de que el paro estaba triunfando en los centros industriales más importantes, resaltando la zona minera de Cabárceno, Las Forjas de Buelna y la Constructora Naval de Reinosa. Adicionalmente, el gobernador civil anunciaba que grupos de mineros trataban de “venir a Santander a perturbar el orden, y para evitarlo han salido fuerzas de la Guardia civil y una compañía del regimiento de Valencia, por secciones.”; la escasez de fuerzas le había impelido a solicitar al Ministerio de Gobernación el envío de un escuadrón de caballería.
A mediodía grupos de piquetes recorrían el centro de la ciudad conminando al cierre de los comercios, en la fábrica de Tabacos se produjeron altercados y su director resolvió la suspensión de los trabajos. Con la reanudación del funcionamiento de algunos servicios públicos (limpieza, tranvías) los incidentes empezaron a alcanzar elevada gravedad en la zona de la Ribera y el arranque del Paseo Pereda: de una parte, intentos de hacer descarrilar el vehículo y lluvia de piedras, como respuesta cargas y disparos. Carreras, confusión; se extienden los disturbios, más cargas y disparos. Detenciones y tres heridos de gravedad por bala.
Detención de un huelguista que apedreó un tranvía. Mundo Gráfico, 11 de febrero de 1920.
El gobernador civil consideró la gravedad de la situación y, siguiendo el procedimiento establecido para el caso, reunió al resto de autoridades, acordándose ceder el mando al gobernador militar. El estado de guerra en la ciudad y provincia de Santander se declaró a las 20:00 horas. La ley marcial se proclamó en la capital mediante el desfile de una banda de cornetas y tambores del regimiento de Valencia al mando de un capitán. A su paso fueron saludados por distintos lugares con vivas al Ejército.
Miércoles, 4 de febrero
Con la apertura de la mayor parte de los comercios y la circulación de vehículos particulares, la ciudad empezó a recuperar su estampa habitual. Los mercados fueron gradualmente reabastecidos, el pan siguió llegando de Bilbao, lo que unido al elaborado en las tahonas de la localidad por sus dueños y familiares, además de personal voluntario (conocidos miembros de la burguesía local todos ellos) sirvió para cubrir la demanda. Una brigada del cuerpo de barrenderos comenzaba a limpiar las calles. La presencia de patrullas de infantería y los retenes ubicados en puntos estratégicos aseguraba el orden público. Un escuadrón de caballería de Talavera se sumaba a los efectivos dispuestos. Una compañía del regimiento de Valencia partía hacia Torrelavega ante los rumores, luego desmentidos, de disturbios. Aunque los centros de espectáculos permanecían cerrados, la apariencia de normalidad imperaba.
Jueves, 5 de febrero
Continúo la pauta de vuelta a la normalidad. No se registró incidente alguno. El comercio y los mercados abrieron como cualquier día, los centros de trabajo, salvo contadas excepciones, recuperaron su actividad cotidiana y el transporte circuló desde primera hora. Los heridos por bala hospitalizados debido a los incidentes del martes apuntaban mejoría. El selectivo Club Automovilista hacía público un listado de los socios que cooperaron en el transporte de suministros básicos los días anteriores: la crema de la sociedad santanderina. En esta etapa del conflicto de vuelta a la normalidad era preciso que apareciera la figura de un mediador que propiciara el contacto entre las partes y facilitara una salida digna a la más débil. Dicho papel recayó en el diario local El Cantábrico, que consiguió concertar una reunión entre el gobernador militar, Eduardo Castell, y la representación obrera en la que se sentaron las bases para la finalización de las hostilidades: los miembros del Comité de huelga y los delegados de las sociedades obreras acordaron la conclusión del paro y la reanudación completa de la actividad laboral a partir del día siguiente. La decisión fue comunicada al general Castell a las dos de la madrugada. Solo media hora más tarde El Cantábrico depositaba una fianza y Pedro Vergara, presidente de la Federación Local de Sociedades Obreras, y los otros obreros que se encontraban en prisión eran puestos en libertad.
Estaba claro que a los actores principales de la crisis les urgía la conclusión de la misma. Con la demostración de fuerza aplicada desde las instituciones, la batalla de la calle estaba perdida para los sindicatos. Prolongar la tensión no tenía demasiado sentido y propiciaría la división entre los propios obreros, muchos de los cuales habían empezado ya a regresar a sus puestos de trabajo. Por su parte, a las autoridades les convenía reducir al máximo los signos externos de anormalidad, ya que ese próximo domingo, 8 de febrero, iban a celebrarse elecciones municipales. Únicamente los trabajadores de Las Forjas de Buelna, los mineros de Las Rozas y el ramo de la construcción de Santander continuarían en huelga, habida cuenta la persistencia de contenciosos particulares.
Pero no todos vieron con agrado el desenlace de la situación. Los mauristas, a través del diario El Pueblo Cántabro, su medio habitual de expresión, manifestaron su crítica hacia la forma en que se había superado el trance con la intervención mediadora de su rival, El Cantábrico, y se mostraron proclives a la utilización de mayor mano dura [11]. No olvidemos el apunte de la proximidad de las elecciones municipales en las que, dicho sea de paso, el bloque político de centro izquierda y socialistas obtuvo un resultado levemente superior al del espectro conservador, católico y maurista, aunque eso no supusiera finalmente el cambio de signo de la alcaldía.
La normalidad imperante
Los siguientes días transcurrieron en la misma línea de normalidad. Tan sólo la presencia de guardias con carabinas Mauser, alguna pareja de la Guardia Civil a caballo y retenes del Regimiento de Valencia apostados en algún lugar estratégico de Santander y Torrelavega suponían una novedad respecto al panorama habitual. La posibilidad del levantamiento del estado de guerra empezó a plantearse desde el 10 de febrero, pero había sectores que deseaban el mantenimiento de fuerzas disuasoria, como el alcalde de Santander y el gobernador civil, que hicieron gestiones para la permanencia del escuadrón de Caballería de Talavera en Santander. Así las cosas, y a modo de curiosidad, la prolongación del estado de guerra interferiría en el desarrollo de los carnavales, próximos a celebrarse, en cuyo caso los hombres tendrían prohibido el uso de antifaz en los bailes.
Finalmente, el lunes 23 de febrero, previa reunión de la Junta de Autoridades, tal y como estaba regulado por la normativa (R.O. de 10 de agosto de 1885), quedó levantado el estado de guerra, con lo que el gobernador civil recuperaba el mando de la Provincia. Sin embargo, se mantenía la suspensión de garantías constitucionales que con carácter general regía en ese momento en toda España (situación que no se revertiría hasta principios de diciembre de ese año).
Un último apunte, el 3 de junio de 1920, cuatro meses después de haber tenido lugar el desarrollo de los acontecimientos reseñado, el Sindicato de Obreros Camareros publicó una convocatoria en El Cantábrico por medio de la cual se anunciaba la celebración de una asamblea general y extraordinaria el día siguiente, con la asistencia de los componentes de la Sociedad “La Aurora”, para confirmar la fusión entre ambas colectividades [12] La noticia no tuvo una continuidad posterior ni fue merecedora de mayor atención.
Consideraciones finales
A modo de conclusión, el recurso a la declaración de estado de guerra como estrategia de abordaje de los conflictos supuso fijar el foco en el control de los síntomas en menoscabo del abordaje de las causas de fondo. El Estado en crisis del régimen de la Restauración fue incapaz de establecer un marco democrático y estable de relaciones laborales y de apertura política. La presión sindical ejercida desde los planteamientos ideológicos anarquistas y socialistas del momento, que demandaba la mejora de las condiciones de los trabajadores y vías de participación democrática y que en ocasiones se sumía en derivas de acción violenta y fuera de control, chocaba con una patronal poco proclive al diálogo, muchas veces paternalista, partidaria de las soluciones de orden público y mano dura, asustada por las resonancias revolucionarias que llegaban desde el este [13].
Con el trasfondo de una extraordinaria conflictividad laboral en los años 1919 y 1920, la causa inmediata de la grave crisis que tuvo lugar en la provincia de Santander fue un conflicto societario, de configuración y control de la representación sindical del sector de los camareros (por otra parte, un colectivo que por aquellos meses sostenía duros enfrentamientos por la mejora de sus condiciones en otras localidades, como Barcelona o Zaragoza). La exigencia de unificación societaria bajo la Federación Obrera y la estrategia de presión acabó por generar un incidente que a la postre desembocó en una declaración de huelga general contrarrestada desde las autoridades con la declaración de estado de guerra, con la preservación del orden público como único programa. El conflicto puso de manifiesto las debilidades de unos y otros y dejó clara la volatilidad de la situación en un momento histórico apasionante.
Notas
[1] De manera indicativa, se señalan a continuación las distintas huelgas recogidas en los citados medios en el periodo comprendido entre el comienzo del otoño de 1919 y el final del mes de febrero de 1920: trabajadores de Las Forjas de Buelna, panaderos de Santander, trabajadores del Ferrocarril Castro-Traslaviña, alpargateros de El Astillero, sastras y modistas de Torrelavega, tipógrafos de Santander, marineros y armadores de Castro Urdiales, mineros de Udías, portuarios de Santander, pescadores de Santander, obreros de la fábrica Cirages Françaises, obreros de la Tejería de La Albericia, electricistas, curtidores de Torrelavega, profesores de orquesta de Santander, mineros de Las Rozas de Valdearroyo, peones de construcción de carretera de la zona de San Vicente de la Barquera y de una contrata que trabajaba para el Ayuntamiento de Santander, huelga del ramo de la construcción.
[2] Memoria de 1919 y Resumen Estadístico-Comparativo del Quinquenio 1915-1919. Instituto de Reformas Sociales. Dirección General del Trabajo e Inspección. Estadística de las Huelgas. 1922, pp. 266-267
[3] El fundamento legal de esta medida se remonta a la Ley de Orden Público de 23 de abril de 1870, en tiempo, pues, del Sexenio Democrático; su interpretación (la declaración de estado de guerra no necesita la previa suspensión de garantías, ya que ésta se produce como resultado de aquélla) posibilitó la recurrencia y el abuso de la medida para la contención de las movilizaciones sociopolíticas. Lafuente Balle, J.M. Los estados de alarma excepción y sitio. Revista de derecho político n.º 30 1989. Pág. 38
[4] González Calleja, E. La política de orden público en la Restauración. Espacio, tiempo y forma. Serie V, Historia contemporánea, n.º 20, 2008, pp. 93-128
[5] El Cantábrico, 27 de septiembre de 1919
[6] El Cantábrico, 4 de enero de 1920
[7] La Atalaya, 12 de febrero de 1920
[8] La Atalaya, 19 de enero de 1920
[9] El Cantábrico, 22 de enero de 1920
[10] El Cantábrico, 6 de febrero de 1920
[11] El Pueblo Cántabro, 6 de febrero de 1920
[12] El Cantábrico, 3 de junio de 1920.
[13] Barrio Alonso, A. La oportunidad perdida: 1919, mito y realidad del poder sindical. Ayer, n.º 63, 2006, pp. 153-184