“No reabrir viejas heridas”, “no remover a los muertos”, forman parte del argumentario de la derecha y la ultraderecha española para justificar el olvido y la tergiversación de una parte fundamental de nuestra historia contemporánea, que comprende el golpe de estado contra la II República española, que provocó la guerra civil y culminó en una dictadura militar de cuarenta años de duración. En esta tribuna trataremos de explicar la conveniencia de abrir las heridas, para que puedan supurar, curarse y por fin cerrarse, así como reivindicar el valor de la memoria, no sólo para los profesionales de la historia, la sociología o la filosofía, sino para la ciudadanía en general.
En primer lugar, como sociedad existe, o debería existir, un deber de memoria; recordar el pasado, especialmente si éste es traumático y plagado de errores y horrores, es una práctica con un gran valor pedagógico, quizá la más efectiva para evitar que se vuelva a repetir. Por este motivo, reabrir las heridas no significa regodearse en el dolor y la amargura pasada, sino procurar justicia a quiénes en su momento no la tuvieron, que fueron muchos, y a sus familias, así como sacar del olvido las historias de vida de tantas personas que lucharon por defender la República y la democracia y que tanto tienen que enseñarnos.
En segundo lugar, y también como sociedad, existe, o debería existir, un deber con la historia y con la verdad; por ello hemos de ser rigurosos respecto a los acontecimientos pretéritos y a las evidencias de la ciencia histórica, pero sobre todo éticamente honestos en nuestras interpretaciones, no tergiversar (bajo ningún concepto se puede admitir la afirmación de que la guerra civil española comenzó en 1931), esta debe ser nuestra máxima.
En tercer lugar, tenemos, o deberíamos tener, como sociedad, una obligación con la justicia y la equidad, sacando a la luz la barbarie de la guerra civil, la posguerra y la dictadura: la represión, la violencia y las inequidades de la que fueron víctimas una gran parte de la población española, a día de hoy no reconocidas ni reparadas, pues a pesar de que la democracia en España tiene ya un largo recorrido, ha imperado el silencio y el olvido.
Desde nuestra asociación Desmemoriados nos hemos propuesto llevar adelante una labor pedagógica y divulgativa de la historia y el pasado, y como activistas combatimos la impasibilidad y el silencio culpable que han arrastrado las instituciones públicas durante estas cuatro últimas décadas. Reivindicamos el efectivo cumplimiento de estos cuatro principios/deberes/obligaciones básicos: verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, y la Ley 8/21, de 17 de noviembre, de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria, junto con la legislación estatal: Ley de Memoria Histórica 52/2007, de 26 de diciembre, y la Ley de Memoria Democrática 20/2022, de 19 de octubre, fueron un primer paso, aunque tímido, para conseguirlo.
¿Qué queremos dejar a las generaciones futuras, a los más jóvenes, a esos jóvenes de los que decimos que no se interesan por la política, ni por la historia, ni por nada? Si queremos transmitirles mentiras, indiferencia y heridas cerradas en falso, estamos en el buen camino; pero si, por el contrario, queremos dejarles una sociedad más inteligente, justa y democrática, debemos luchar contra el olvido y darles la oportunidad de acceder a un conocimiento veraz que les permita pensar por sí mismos. Tal vez seamos nosotros los equivocados al calificar a los jóvenes de indolentes, tal vez no les hemos dado los espacios y las oportunidades reales para expresarse, pensar y opinar sobre estos asuntos. Una prueba de ello fueron los sorprendentes resultados de una encuesta que Desmemoriados realizó a los alumnos del IES Montesclaros de Reinosa en octubre de 2021. Al ser preguntados sobre su interés en conocer la historia y los sucesos del pasado, una abrumadora mayoría de ellos (el 87,50 %) consideraron que era bastante o muy interesante y conveniente estar informado y comprender lo que ha sucedido en otro tiempo.
Por todos estos motivos es tan importante contar con un marco legal autonómico que, aunque como ya señaló nuestra asociación es insuficiente, recoja en su articulado los principios, las obligaciones y los derechos inherentes a la memoria histórica y democrática de nuestra región.