Caso Almeria

El diez de mayo de 2018 se cumplen 37 años del asesinato, en la provincia de Almería, de tres jóvenes trabajadores radicados en Cantabria a manos de miembros descontrolados de la Guardia Civil, en lo que fue conocido como el Caso Almería.

Hace dos años, en su trigésimo quinto aniversario, diversos medios de comunicación de esta región se hicieron eco de un hecho que marcó con profunda y dolorosa huella a una gran parte de la sociedad cántabra de la época. Hace un año la simple descripción de los hechos pretéritos en algunos periódicos impactó de nuevo en los que recordaron un periodo negro de la Historia reciente de España y también en aquellos, más jóvenes, que no habían oído hablar nunca de Luís Montero, Luís Cobo o Juan Mañas, víctimas inocentes de una ceguera no por cruel menos premeditada.

Conviene recordar, no obstante, 36 años después, que si la detención, tortura y asesinato de los jóvenes citados anteriormente fue una vileza sin parangón, indescriptibles fueron también los intentos de ocultar, minimizar y tergiversar lo ocurrido por parte de diversos estamentos del Estado, incluido el instituto armado al que pertenecían los asesinos y el propio gobierno de la nación, que en boca de su Ministro del Interior, Juan José Rosón, y tras intentar diversas cortinas de humo, acusando inicialmente a las víctimas de terroristas y luego de delincuentes, acababa por calificar los hechos como un “lamentable error”, ante el acoso incrédulo de los partidos de la oposición.

Conviene recordar también que fueron 11 los guardias civiles que participaron en el crimen  y que solamente fueron juzgados tres de ellos. Las condenas fueron bastante mediocres en comparación con el hecho causado y los tres agentes implicados pasaron la mayor parte de la condena en recintos militares en un régimen inconcebiblemente ligero en comparación a otros reos con penas similares.

Conviene recordar que han pasado 36 años de un crimen que mancha de forma indeleble la versión oficial de una Transición a la democracia limpia y ejemplar, y que está en manos de la sociedad civil y de los representantes del Estado ofrecer justa reparación y recuerdo, en la medida de lo posible, a sucesos que de otro modo nos enfrentan con nuestra propia vergüenza.

Gracias al esfuerzo de familiares y allegados de los fallecidos, en Andalucía existe honra y memoria por tan terrible asesinato. No sólo queda la huella de un monolito en el solitario barranco de Gérgal donde apareció el automóvil con los cadáveres calcinados en la madrugada del 10 de mayo de 1981, sino que la corporación municipal de Pechina, localidad en la que nació Juan Mañas, ha dedicado un parque a este negro símbolo de la Transición. A esto hay que añadir la reciente Ley de la Memoria de Andalucía que reconoce a las víctimas del “Caso Almería” como víctimas de terrorismo.

Y dicho todo lo anterior, no está de más aclarar que en Cantabria, lugar de residencia de los asesinados Luís Montero, Luís Cobo y Juan Mañas, los gestos de solidaridad con su memoria, al menos a nivel oficial, han sido escasos por no decir nulos (excepcionalmente, el Ayuntamiento de Santander aprobó por consenso a finales de mayo de 2016, y a propuesta de Izquierda Unida, una moción para que se considerase víctimas del terrorismo a los jóvenes del Caso Almería).

Desde el Grupo Desmemoriados, en defensa y recuperación de la memoria colectiva de Cantabria, nos propusimos hace un año combatir en la medida de nuestras fuerzas la amnesia que parece adormecer en tantas ocasiones a la sociedad cántabra. Y en este caso emprendimos diversas acciones para la sensibilización y el conocimiento de un hecho que, creemos, toca muy de cerca, no sólo a aquellos que viven o sienten esta región, sino a todos los que defienden un cierto concepto de la dignidad y de la justicia.

Por ello entendemos que una región, un país, una sociedad en definitiva, necesita reconocerse en su pasado (y no avergonzarse) para construir el presente y crecer en un futuro justo y digno.

Por ello y ante las manifestaciones que en mayo del año pasado hizo el presidente Miguel Ángel Revilla, a consecuencia del recuerdo del Caso Almería que se publicó en diversos medios regionales, entendimos que esta región ha disfrutado de demasiados años de silencio. El señor Revilla, ante la pregunta de los periodistas sobre qué iba a hacer el gobierno de esta región para reconocer y dignificar a las víctimas señaló que “algo hay que hacer”. Y a día de hoy tan “rotunda” declaración sigue siendo un brindis al sol.

Cierto es que el presidente del gobierno cántabro nos recibió en su despacho hace muchos meses, escuchó nuestra propuesta de homenaje y reconocimiento a las víctimas del Caso Almería en el Parlamento de Cantabria (como edificio representativo de la voluntad popular de la región), nos dijo que estaba dispuesto a lo que quisiéramos y nos derivó a los grupos parlamentarios (dado que tenía que hacerse con el acuerdo de todos).

Cierto es que representantes del Grupo Desmemoriados se entrevistaron con el portavoz del grupo parlamentario del PRC, se entrevistaron con un representante del grupo parlamentario del PP, se entrevistaron con la portavoz del grupo parlamentario del PSOE, se entrevistaron con el portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos, se entrevistaron con el portavoz del grupo parlamentario de Podemos. Y por último se entrevistaron con la presidenta del Parlamento de Cantabria. A todos ellos se les hizo llegar nuestra propuesta, que se limitaba al descubrimiento de una placa en el patio del Parlamento y a un acto de homenaje a los cántabros asesinados en Almería en el que estuvieran representadas las familias, la sociedad civil y los grupos políticos que dirigen esta región. Todos los políticos mencionados se mostraron amistosos, interesados e incluso cariacontecidos. Algunos no veían lo de la placa (por motivos que nos parecieron fútiles), otros no veían más allá de una rutinaria declaración institucional al comienzo de una sesión parlamentaria (lo cual no deja de ser algo muy parecido a cumplir el expediente y lavarse la conciencia). Y lo cierto es que tuvimos que esforzarnos en explicar que lo más conveniente, según nuestro criterio, era el acto de homenaje en el que el sufrimiento de las familias durante tantos años pudiera verse comprendido y arropado.

Pero hasta hoy.

Han pasado al menos ocho o nueve meses desde el inicio de las gestiones. Sabemos que los portavoces parlamentarios se reúnen todos los viernes y que cada viernes hasta el momento han ido posponiendo esta cuestión (debe ser que es más incómoda de lo que presumíamos). Y mientras tanto han pasado 36 años de indignidad y de silencio. El Gobierno no propone y el Parlamento de Cantabria no discute la prometida Ley de Memoria Histórica, no tienen tiempo para homenajes a víctimas del terrorismo de Estado. Es de suponer que bastante tendrán con peregrinajes, jubileos y cambios en el himno de Cantabria.

Menos mal que este año volverán a celebrar en el patio del Parlamento el Día Internacional de la Felicidad y todos tan contentos.

Bendita desidia.