Las Casas Campesinas reeditaron sin apoyos el pulso del verano anterior contra las industrias lácteas en Cantabria.
La respuesta gubernativa acarreó más de un centenar de ganaderos condenados por los tribunales y recluidos en condiciones deplorables.
Escalada de tensión y reactivación de la contienda
El transcurso del tiempo no hizo sino empeorar el estado de la cuestión lechera en Cantabria. La principal funcionalidad de la mediación del gobernador civil de Santander en el pulso sostenido entre industrias y abastecedores en junio de 1933 fue propiciar una salida para las partes que contuviera la dosis de ambigüedad precisa para su satisfacción o justificación y, en la práctica, diferir su desenlace en espera de que el ministerio de Agricultura arbitrara una resolución concluyente o bien, que la situación de fondo evolucionara de forma favorable.
De hecho, los problemas de fondo todavía estaban allí. Proseguían el descenso del consumo de productos lácteos, la acumulación de excedentes, el incremento de los precios del maíz y los piensos (lo que se notaba especialmente en la estación invernal), la bajada del precio del ganado y, en general, los efectos de la crisis económica global. Aunque el entramado organizativo de los actores principales del conflicto (empresas, sindicatos y demás asociaciones ganaderas) no había variado significativamente, sí lo había hecho la situación política: de un gobierno progresista, compuesto por republicanos de izquierdas y socialistas, el del bienio 1931-33, se había pasado, tras las elecciones a Cortes de noviembre de 1933, a uno conservador, rectificador de las principales líneas emprendidas los dos años anteriores.
Según Rafael Domínguez y Leonor de la Puente, autores de referencia en el tema que estamos tratando, “las empresas incumplieron el acuerdo del Gobierno Civil: discriminaron a los ganaderos más activos durante la huelga con diversos pretextos y plantearon en agosto de 1933 un recurso de nulidad al Ministro de Agricultura contra la sentencia de la CMAA [Comisión Mixta Arbitral de Agricultura]”, es decir, contra la resolución de la Dirección General del Instituto de Reforma Agraria de abril de 1933 que desató la fase de confrontación más aguda. Así pues, el desequilibrio de fuerzas entre el poder del bloque empresarial, comandado por Nestlé, y las agrupaciones ganaderas, con intereses y posturas notoriamente discordantes, mantenía su vigencia.
En el fondo de la cuestión se encontraba la pugna por el modelo de relaciones entre empresas y abastecedores: mientras las Casas Campesinas proponían un sistema ordenado basado en un convenio o contrato acordado entre las partes, tal y como regía en otros países europeos, las empresas preferían mantener un marco desregulado en el que imponer su posición dominante.
La admisión por parte del Ministerio de Agricultura del mencionado recurso de nulidad interpuesto por Nestlé y demás sociedades, que se hizo pública en diciembre de 1933, vino a reforzar la posición de la patronal. La provisionalidad de la situación y la demora en la adopción de una decisión firme apuntaba a lo que Teótico Sevilla, gobernador civil de la provincia de Santander en el otoño de 1933, vaticinó: que el problema estallaría en toda su gravedad para el comienzo del año próximo si el Ministerio no resolvía definitivamente. Apreciación compartida por algunos medios escritos, como El Cantábrico o La Región, que entendían inevitable la reedición próxima del pleito lechero.
Además, el final de 1933 y el inicio de 1934 vinieron marcados por el debate del Tratado comercial con Holanda, dado que la importación de quesos amenazaba a las empresas del ramo radicadas en la fachada cantábrica, incapaces de competir con los precios. Este asunto se sumaba a la reciente aprobación del Tratado comercial con Uruguay, que posibilitaba la importación de grandes contingentes de carne de vacuno congelada, con el consiguiente perjuicio añadido al sector ganadero. Los diputados de las provincias afectadas propugnaron una política proteccionista, de fijación de aranceles, que finalmente no lograría imponerse, como apunta Julián Sanz Hoya.
A principios de febrero Antonio Ramos, diputado socialista por la provincia de Santander, planteó en una sesión del congreso de los Diputados una interpelación al ministro de Agricultura en el que detallaba el problema no resuelto del conflicto lechero en Cantabria enfatizando las amenazas permanentes de las empresas lecheras de rebajar el precio de la leche a los productores y aplicar tasas de recogida, al tiempo que solicitaba que se propiciara la importación de maíz para rebajar así los costes de producción a los ganaderos y la modificación del Tratado comercial con Holanda. Además, instaba la resolución de los recursos legales pendientes sobre el precio de la leche que se encontraban paralizados en el Ministerio desde junio del año anterior ante la falta de operatividad del organismo dispuesto para tal fin, la Comisión Mixta Arbitral de Agricultura y la pasividad de los sucesivos gobiernos. La contestación del ministro evitó el compromiso concreto y diluyó las responsabilidades en distintas instancias, aceptando únicamente que apremiaría la respuesta de la Comisión Mixta.
Fotografías de Samot en El Cantábrico el 9/3/1934. Presencia de guardias civiles protegiendo puestos de recogida de leche
Así, la prolongación de una situación de provisionalidad, instituida tras el acuerdo de junio de 1933, que en principio debería haberse resuelto pocas semanas después de firmado, unido al encarecimiento de los costes de producción y las amenazas de nuevas bajadas de precios e imposición de tasas, interpretada sindicalmente en términos de desinterés gubernamental y postergación, condujo finalmente a la fijación de la postura favorable a la declaración de huelga de abastecedores por parte de la Federación Montañesa de Casas del Pueblo Campesino, adscrita a la UGT.
Sin embargo, este movimiento presenta en la práctica diferencias considerables con el acontecido el año anterior. Aunque los agentes y factores sean sustancialmente los mismos, el carácter de la posición mantenida el verano presentaba un carácter reactivo de defensa de la legalidad y fue alentado en prensa y en asambleas por figuras representativas e influyentes del mundo ganadero como Ernesto Alday o Jesús de Cospedal y asociaciones minoritarias, como la Alianza de Labradores y Ganaderos, que ahora no dudaban en connotar el carácter político del llamamiento de las Casas Campesinas.
Por todo lo expuesto, y por si aún es tiempo, el Comité de la Alianza de Labradores y Ganaderos de Santander declara que, sin hacer oposición a la huelga, como ya queda dicho, no puede tampoco recomendarla, toda vez que no ha participado en su estudio y discusión, y por querer que un movimiento así de trascendente debiera llevar la adhesión previa de la inmensa mayoría de los lecheros, afiliados, únicamente como lecheros, en un organismo autónomo que no tuviera color ni aspecto alguno de partido político. (El Cantábrico 2/03/1934)
Convocatoria de huelga
El 21 de febrero el sindicato socialista anunciaba en la prensa cántabra la celebración de una asamblea que tendría lugar en Santander el domingo 25, al tiempo que informaba del registro del oficio de huelga, quedando inicialmente fijado su comienzo para el sábado 3 de marzo. En la asamblea intervinieron los diputados Antonio Ramos y Bruno Alonso junto a los líderes de las Casas Campesinas Baquero, Bolado y Mendaro y se nombraron los comités de huelga.
No obstante, el inicio de esta se aplazaría un par de días, hasta el lunes, 5 de marzo. Al respecto, El Cantábrico, en su edición de 2 de marzo, informaba que el gobernador civil había transmitido al presidente de la Federación Obrera Montañesa (UGT) que Matilde de la Torre le había rogado vía telefónica que informara a los campesinos de la conveniencia de suspender el comienzo de la huelga hasta ver el resultado de unas gestiones que estaba realizando. De hecho, la Federación de Casas Campesinas convocó a una nueva asamblea en Torrelavega para el domingo 4 e hizo explicito el aplazamiento hasta el día siguiente. Es plausible pensar que el empeño de Matilde de la Torre fuera conseguir, en su condición de diputada e integrante de la Comisión Mixta Arbitral, que el Ministerio emitiera sin más demora el fallo definitivo sobre el precio de la leche.
Incidentes y represión gubernamental
El primer incidente significativo por actuación de piquetes (se vertió el contenido de nueve ollas de leche que se cargaban para la fábrica de Nestlé en La Penilla) y las posteriores detenciones y puesta a disposición de un tribunal de urgencia se produjeron en San Vicente de Toranzo el mismo día 3 de marzo, probablemente debido al desconocimiento por parte de sus autores del aplazamiento del inicio de la huelga.
Fotografías de Samot en El Cantábrico el 10/3/1934. Operaciones de carga y transporte de ollas de leche con presencia de Guardia Civil
Una vez comenzada esta, en el transcurso de los dieciséis días que duró pueden apreciarse tres fases. Una inicial caracterizada por la escalada de la tensión con incidentes originados por piquetes que trataban de impedir el suministro a las industrias. La operativa más habitual fue la de volcar las ollas de leche de los ganaderos que las llevaban a los puestos de recogida y la de interceptar los camiones que las conducían hasta las fábricas.
Las fuentes orales recabadas en torno al año 1990 de testigos de aquellos sucesos para la elaboración del libro Historia y memoria colectiva. La vida en el Valle de Camargo entre la II República y el primer franquismo, es decir, casi 60 años después de los acontecimientos, lo ilustran con viveza:
“Esas huelgas de campesinos eran un poco más fuertes que las de los obreros, según la idea que yo tengo, del Valle de Camargo por lo menos… Tiraban las ollas de los camiones y a algunos que llevaban la leche, esquiroles, se la tiraban, y sí, intervenía la Guardia Civil.” (Román Vela)
“En aquella ya se tiraron ollas y ya fue un poco más violenta… Unos campesinos llevaban la leche y otros la tiraban… en fin, cosas de estas me refiero. Y algunos llevaban las ollas magulladas del todo para casa.” (Fermín Concha)
“La Guardia de Asalto les puso… corrían por las montañas detrás de ellos. Le dio leña a los obreros y a los campesinos también mucho, mucho.” (Pascual Pérez)
Se corresponde con un cambio en la prensa y en la opinión pública del enfoque de un problema de naturaleza económica que transitoriamente pasa a ser percibido y tratado como de orden público, característico de muchos conflictos laborales.
Territorialmente las comarcas que registraron mayor conflictividad fueron las del Besaya, Bahía de Santander y Trasmiera; nuevamente, al igual que ocurrió el verano de 1933, donde la presencia del sindicalismo de clase y la pluriactividad familiar (caracterizada por la sinécdoque de obrero mixto) era más acusada.
Desde un primer momento la autoridad gubernativa respondió con medidas decididamente represivas, entre las que destaca la detención, el 6 de marzo, de los miembros del comité de huelga de las Casas Campesinas en Torrelavega, acusados de “inductores de las coacciones”. Los arrestados serían puestos en libertad al día siguiente tras la denuncia y mediación de Matilde de la Torre.
Por si la situación no estuviera suficientemente crispada, el 7 de marzo se publicaba un Decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros declarando el estado de alarma en todo el país. El por entonces gobernador civil, Ignacio Sánchez Campomanes, anunciaba dos días después en un bando que “quedaba terminantemente prohibida la formación de grupos de todas clases y estacionamiento en la vía pública”. El recurso a los diferentes estados de excepción (prevención, alarma y guerra) que contemplaba la legislación republicana fue una medida recurrente para la defensa del orden público y social sustentado en el refuerzo del principio de autoridad, que ampliaba las atribuciones gubernativas (policiales) y judiciales (punitivas) en detrimento del ejercicio de derechos civiles y políticos.
Como consecuencia de las detenciones practicadas por la Guardia de Asalto y la Guardia Civil, los arrestados pasaban a ser juzgados en las Audiencias por los tribunales de urgencia, figura que igualmente recogía la Ley de Orden Público, aprobada en julio de 1933. En ellos, todas las fases del procesamiento se tramitaban de forma expeditiva. El número de detenidos y procesados en los tribunales de urgencia en Cantabria osciló entre 100 y 125 aproximadamente según estimaciones publicadas en los diarios El Cantábrico y La Región. Las condiciones de reclusión que sufrieron en la cárcel provincial de Santa María Egipciaca fueron durísimas al añadirse además el factor de hacinamiento. Antes de la finalización en junio de 1935 de la nueva prisión de la calle Alta, la alternativa que adoptaría el Gobierno para paliar esta problemática, en el otoño de 1934, fue la de requisar el vapor “Alfonso Pérez”, de infausto recuerdo, y habilitarlo -fondeado en el muelle de Maliaño del puerto de Santander- como centro de detención, inicialmente para los arrestados en los enfrentamientos que tuvieron lugar en el desarrollo de la revolución de octubre en Cantabria.
El gran número de personas encarceladas y puestas a disposición de los tribunales de urgencia motivaría la constitución de un Comité Pro-presos Sociales con el objetivo de prestar apoyo e interceder para la libertad de los huelguistas. Las condenas más habituales impuestas consistieron en dos meses de prisión y 450 pesetas de multa.
Fotografías de Samot en El Cantábrico el 11/3/1934 del desarrollo de la huelga lechera
El día que mayor tensión se registro fue el viernes, 9 de marzo, con enfrentamientos directos en Molledo entre huelguistas y ganaderos que querían llevar sus ollas al puesto de recogida. A resultas de dichos incidentes fue arrestada la Junta directiva de la Casa Campesina local y un concejal del Ayuntamiento. Igualmente, El Cantábrico reportaba en la edición del día posterior que en La Veguilla (Reocín), “un grupo compuesto de150 mujeres” se lanzaron al suelo para impedir el paso de dos camiones que iban para la Granja Poch, acabando el incidente en tumulto tras la intervención de la Guardia de Asalto y practicándose siete detenciones. Otro diario, La Región, autodenominado “periódico de clase”, sufriría una suspensión por orden gubernativa entre el 9 y el 15 de marzo, acusado de excitación a la rebelión. Incluso la Federación Obrera Montañesa (UGT) amenazó con una huelga general provincial que no llegaría a materializarse.
Hacia la normalidad. La búsqueda de salidas
La fase intermedia (entre el 12 y el 16 de marzo) se corresponde con un descenso de las acciones de los huelguistas ante las expeditivas acciones policiales ordenadas por desde el Gobierno Civil, amparadas por el estado de alarma y el progresivo aumento de las recogidas por parte de las fábricas. Sostener en el tiempo una huelga ganadera de abastecedores de leche es complejo y el desgaste iba aumentando día a día.
La confrontación en el terreno empezó a dar paso a negociaciones en la sede del Gobierno Civil (en la calle Castelar por aquel entonces) y en el seno de la Comisión Mixta Arbitral Agrícola. El papel mediador de los diputados socialistas Antonio Ramos y Bruno Alonso ante el gobernador civil de la Provincia y en las sedes ministeriales en Madrid fue especialmente significado.
Aunque el debate y la polémica seguían vivos en los medios de prensa regionales, la sensación de normalidad iba imponiéndose por todas las comarcas. El 13 de marzo tuvo lugar una reunión entre las partes en litigio y autoridades en el Gobierno Civil, convocada por su titular ante la solicitud efectuada por Antonio Ramos. El resultado fue instar a la Comisión Mixta a introducir en la reunión que habrían de mantener el día siguiente, determinados “asuntos pendientes” relacionados con el problema lechero y a propiciar una reunión del Jurado Mixto con las partes en conflicto para el auspicio de una solución satisfactoria.
La Comisión Mixta contó con la participación destacada de Ernesto Alday (ganadero, asesor del ministerial y, de forma sobrevenida, vocal suplente de la citada Comisión), Vega Lamera (abogado de las industrias) y Matilde de la Torre (asesora, defensora de la postura de las Casas Campesinas). Tras dos días de contactos y reuniones se adoptó una resolución final que resolvía el recurso contra el acuerdo del Jurado Mixto de Santander y establecía retroactivamente el precio de la leche desde noviembre de 1932 a diciembre de 1933 en 31 céntimos para la campaña de invierno y de 30 para el verano y “a conseguir la constitución del Estatuto de la leche en toda España”. Además, Bruno Alonso y el propio Alday realizaban gestiones ante el ministro de la Gobernación para conseguir la libertad de todos los detenidos.
Paralelamente, el día 15 se celebraba una reunión del Jurado Mixto Lechero en Santander entre representantes de las industrias lácteas y de la Asociación de Ganaderos y de las Casas Campesinas para tratar de poner fin a la huelga. El sindicato socialista demandaba que las empresas se comprometieran a no se imponer nuevas tasas de recogida hasta, al menos, el próximo mes de julio y a volver a recoger leche de todos sus antiguos proveedores, es decir, a no tomar represalias. La respuesta recibida no fue inicialmente satisfactoria, por lo que se convino una nueva reunión para el día siguiente en la que, finalmente, se llegaría a un acuerdo susceptible de ser ratificado por las partes.
Negociación y final de la huelga
En este escenario, la fase final vino determinada por el proceso de aceptación de la realidad por parte de las Casas Campesinas. Agotadas prácticamente las movilizaciones y con el esperado dictamen resolutorio en la Comisión Mixta, el recorrido de las medidas de presión sobre las industrias parecía muy limitado. Aunque la Federación Obrera Montañesa, el ámbito organizativo superior, publicitó como una primera victoria el aumento fijado del precio de la leche a 31 céntimos, ciertamente el contenido del acuerdo no daba satisfacción a las expectativas iniciales. Así las cosas, a la dirección del sindicato no le quedaba mejor opción que la de terminar la huelga con un control de daños y un intento de preservación reputacional.
Inicialmente, después de la última reunión del Jurado Mixto Lechero, la Comisión ejecutiva de las Casas Campesinas rebajaba el tono de sus comunicaciones dejando en recomendación su consigna de no entregar la leche a las industrias hasta que una asamblea que se celebraría el domingo 18 en Torrelavega adoptara una decisión al respecto.
La guardia civil protege un furgón lechero. Mundo-grafico-Madrid-1934
La asamblea, que contó con la presencia de destacados líderes socialistas cántabros, como Matilde de la Torre, Bruno Alonso y Antonio Ramos, resolvió el mantenimiento de la huelga, fundamentalmente por entender que no existían las garantías suficientes con respecto al compromiso de las empresas de no despedir a los ganaderos que hubieran secundado la huelga, del cierre de algunos puestos de recogida de leche y de la no imposición de tasas de recogida sin que hubiera sido justificada tal medida en el Jurado Mixto. Además, al tiempo que se aceptaba el precio dictaminado por la Comisión se mantenía la petición a las industrias de pagar el precio de la leche a 32 céntimos en la campaña de verano y a 35 en la de invierno. Por último, se exigía la libertad de todos los presos por causa de incidentes registrados.
La situación se desbloqueó finalmente el día 20 de marzo, tras una nueva reunión entre las partes presidida por el gobernador civil, a la que acudió el secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, Ricardo Zabalza, que formaba parte de la UGT. A falta de compromisos explícitos por parte de las empresas, la resolución llegó al aceptar el sindicato la figura del propio gobernador civil como garante de sus condiciones y al Jurado Mixto como órgano decisorio a efectos de la implantación de las tasas de recogida. Por lo demás, se volvería al estado existente con anterioridad a la declaración de huelga. En cuanto a los detenidos, serían puestos en libertad únicamente los de carácter gubernativo. De esta manera finalizaba formalmente la huelga, lo que hizo público las Casas Campesinas mediante un comunicado el día siguiente en el que haciendo encomio del espíritu de justicia mostrado y admitiendo que no se habían logrado todos los objetivos, defendía los logros obtenidos: “Nada de represalias ni cierre de depósitos, ni tasa sin que se justifique”. Objetivamente, bagaje insuficiente después de una lucha tan dura. Y más, sobre todo, con las decenas de campesinos encarcelados por los tribunales de urgencia en unas condiciones deplorables.
Aunque en el mes de abril se hizo efectiva la resolución de la Comisión Mixta en lo que respecta al pago de las diferencias adeudadas con el dinero depositado por las empresas, la disputa por el precio de la leche pagado a los proveedores se prolongaría en el tiempo, si bien el recurso a la huelga no se reiteró.
Conclusiones y memoria del conflicto
A modo de balance, mientras que la posición del sindicato de clase, la Federación Montañesa de las Casas del Pueblo Campesino sustentó su estrategia en el establecimiento de un convenio que rigiera las relaciones entre empresas y productores, tal y como sucedía en otros países europeos del entorno, las empresas lácteas, una vez más con Nestlé al frente, ponían todo su empeño en boicotear tal iniciativa, sabedoras que un marco desregulado favorecía al bando que se presentaba más fuerte: el suyo. Por su parte, la escasa acción política de los gobiernos de la II República, con mayor o menor afán según su orientación, se plasmó fundamentalmente en la creación de un marco legal articulado por órganos de distinta naturaleza como la Comisión Mixta Arbitral Agraria o los Jurados Mixtos, en una lógica de diálogo y resolución de conflictos entre las partes que, por lo general, no fueron ni diligentes ni muy eficaces. Sin embargo, la acción represiva del aparato estatal, favorecida con el paraguas del estado de alarma fue decidida y prolongo los efectos más extremos del conflicto.
Así pues, el empeño de las Casas Campesinas por intentar revertir la dinámica a través del desencadenamiento de un conflicto frontal contra las empresas no tuvo en 1934 siquiera el apoyo relativo del año anterior. A la dificultad de sostener una medida de fuerza que conlleva un coste mayor para los afectados que el basado únicamente en el factor trabajo, en un sector con tal divergencia de intereses y con la experiencia negativa reciente, se sumaron las acusaciones de politización del movimiento, todo ello dentro de un contexto de creciente polarización de la sociedad. La gran mayoría de los ganaderos, aunque fueran conscientes de los agravios que soportaban, no creyeron en las posibilidades de triunfo de la huelga. El precio que pagaron muchos de los que sí la secundaron y participaron activamente fue elevadísimo.
El marco interpretativo del campesinado del historiador británico Eric Hobsbawm aporta una idea complementaria desde la esfera de las mentalidades: “En general los campesinos tradicionales desdeñaron la nueva ideología, no solo porque eran tradicionales, sino también porque los nuevos tiempos -y aquellos que eran los portadores, como los habitantes de las ciudades- no parecían traer más que problemas”.
Titulares de La Región el 21/3/1934 dando cuenta de las negociaciones para finalizar la huelga y del estado de la cárcel de Santander
Para concluir, las fuentes orales nos ayudan, de nuevo, a documentar diversos aspectos del conflicto, en particular los más convulsos. Se trata de unas coplas recogidas y publicadas José Ramón Saiz Viadero en el libro “Mujer, República, Guerra Civil y represión en Cantabria“, debidas al testimonio de Rosario Cuesto Ballesteros (1913-2008), joven que se formó parte de algún piquete y fue detenida junto a su hermana María en Meruelo (Trasmiera), por tal motivo.
CANCIONES DE LA HUELGA DE LA LECHE
Hemos ido a la cárcel
por tirar leche,
nos ha metido el cura
pues mala suerte.
La cárcel de Santander,
fue en un tiempo matadero
y ahora sirve de prisión,
a los pobres ganaderos,
(………………)
Estuve en la cárcel presa,
por romper la capa a un guardia,
Le agarré de los botones,
y le di de bofetadas.
(………………)
Los lecheros montañeses,
no tienen pan en su casa,
porque les bajan la leche,
luego les ponen la tasa.
Eso pasa sólo aquí,
porque no somos unidos,
somos lecheros y basta,
que todo lo consentimos
por eso abusan
esos bandidos.
Para saber más…
Bibliografía
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Hemeroteca
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Congreso de los Diputados. Diario de sesiones. Serie histórica. Legislatura 1933-1935. 09-02-1934 N.º 37 (de 999 a 1035). Págs. 1027-1030