La historia de la Transición en España es eminentemente un relato político en el que las luchas populares suelen tener poco espacio y, menos aún, el movimiento ciudadano. A partir de 1974 las asociaciones de vecinos, las asociaciones de familia y las asociaciones de amas de casa y consumidoras se convirtieron en punta de lanza contra el franquismo y en un fuerte empuje para que los ayuntamientos fueran elegidos democráticamente. La lucha contra la subida incontrolada de los precios, por una vivienda digna, por la urbanización de las calles, por la dotación de escuelas y centros de salud para los barrios chocaba permanentemente con las autoridades municipales nombradas por el anterior régimen, que no fueron elegidos democráticamente hasta las elecciones municipales de 1979. Si tuviéramos que poner un solo ejemplo de la capacidad de movilización que llegó a tener el movimiento ciudadano podría ser la concentración contra la carestía de la vida que reunió en la calle Preciados de Madrid el 22 de junio de 1976 a más de 50.000¹ personas.

Es difícil entender el papel que desempeñó el movimiento ciudadano sin tener en cuenta cómo se construyeron las periferias de las ciudades. A partir de los últimos años 50 y durante la década siguiente se produjo una fuerte migración de las zonas rurales hacia las ciudades en busca de mejorar sus condiciones de vida. La industria y la construcción fueron los sectores que absorbieron la mayor parte de la mano de obra masculina. El espacio que quedaba para las mujeres era el de la familia o el servicio doméstico. A modo de ejemplo, Santander aumentó su población entre 1960 a 1970 en un 23%: de 114.000 habitantes a 148.000.

El cinturón de las grandes ciudades se llenó de barrios de chabolas y el centro de viviendas compartidas por varias familias. Según el “Informe FOESSA de 1970”, en la España de 1960 había un déficit de 985.000 viviendas² . Los ayuntamientos y la administración del Estado no solo no planificaron ni vigilaron el crecimiento de las ciudades, sino que dejaron las manos libres a los constructores, que de forma habitual no respetaron ni los Planes Generales, ni Parciales establecidos. El resultado fue el desarrollo de un urbanismo caótico, de excesiva edificabilidad, de viviendas de mala calidad, con calles mal asfaltadas, con serios problemas de alcantarillado y de insalubridad, que provocaba que en algunos barrios vehículos de servicios públicos, como los taxis o los camiones de basura, se negaran a entrar. Además, tampoco se había previsto la construcción de dotaciones escolares o sanitarias, lo que hizo afirmar al sociólogo Javier Angulo en 1972 que:

“La periferia depende del centro. El crecimiento anárquico de la ciudad hace que las nuevas barriadas se planteen sin conexión alguna entre sí, como si no la necesitaran. Y la insuficiente dotación de servicios hace que la periferia dependa, como [para] casi todo, del centro”³.

Manifestación celebrada el 10 de junio de 1978 contra la subidas de las tasas municipales y por la participación de los vecinos en la gestión del Ayuntamiento de Santander. PTE Cantabria/Desmemoriados

Esto confirió a la población de la periferia una identidad vinculada al espacio que habitaba, el barrio, porque la percepción que tenían de su realidad estaba muy alejada de la que se vivía en el centro. Se refleja en expresiones tan habituales en aquellos años como “Bajo a Santander” o “Voy a Torrelavega”. Esta identidad y los serios problemas de habitabilidad que padecían favoreció la movilización vecinal ante las autoridades para reclamar que se atendiera a sus necesidades, incluso llegaron a acudir a los tribunales en pleno franquismo.

Las primeras movilizaciones de las que tenemos noticias en Cantabria se remontan a mediados de los años 60, muy anteriores a la creación de las asociaciones de vecinos, relacionadas con el fraude que los constructores estaban cometiendo al no descontar del precio de los pisos la subvención oficial por construir viviendas protegidas. En 1965 vecinos del barrio San Francisco de Santander tuvieron que pleitear porque les habían estafado 5 millones de pesetas. Consiguieron que el constructor les devolviera la mitad de lo cobrado y el compromiso de urbanizar el barrio, obra que no realizó, y que dio origen a que años después se creara la asociación de vecinos. Por las mismas fechas, vecinos del barrio Covadonga de Torrelavega lograron, por la mediación del abogado Mario García Oliva, que el constructor les devolviera lo que había cobrado de más⁴.

La Ley General de Asociaciones de 1964 reguló la creación de asociaciones cuya finalidad fuera la organización de actividades sociales, culturales, recreativas y asistenciales, siempre sujetas a la aprobación de sus estatutos por parte del Gobierno Civil de cada provincia. En los tres años siguientes se crearon 1.700 Asociaciones de Cabezas de Familia, pero no eran fruto de la organización espontánea de la ciudadanía, sino que fueron constituidas a golpe de decreto por parte de los gobernadores civiles para ser portavoces de los intereses familiares dentro del Régimen. Ese mismo año se celebraba en Santander la II Asamblea General Provincial de Asociaciones Familiares. Su presidente, en el discurso ante las autoridades, explicitó la idea que inspiraba esta iniciativa: “De los tres pilares básicos del Estado Español, familia, municipio y sindicato, puede decirse que sólo el primero carecía de posibilidades de expresión en la vida pública”⁵.

Cuando a partir de la mitad de la década de los 70 las asociaciones vecinales empezaron a eclosionar, la actitud de los gobernadores, a pesar de la muerte del dictador, no fue tan solícita, retrasando la aprobación de los estatutos “sine die” o prohibiendo la convocatoria de sus actos. A modo de ejemplo, recogemos dos comunicados enviados a la prensa de 1977. En el primero, la Asociación de Amas de Hogar y Consumidoras, tras una reunión con el Gobernador Civil, manifestaba su queja por llevar más de un año esperando que fueran legalizados sus estatutos⁶. En la misma línea se manifestaron cuatro asociaciones de vecinos “legalizadas” que no entendían como se retrasaba tanto el trámite de aprobación de los estatutos de las que estaban todavía a la espera cuando “los estatutos de las Asociaciones de Vecinos son casi una copia exacta unos de otros” y porque consideraban que ante la tremenda falta de planificación de Santander, “en particular sus barrios de nueva construcción, no se debe privar a los vecinos de una forma legal de defensa frente a la multitud de problemas de toda índole, que tienen actualmente planteados”⁷. En respuesta, las asociaciones empezaron a utilizar la coletilla “en trámite” en sus escritos.

A partir de 1976 se intensificaron las actividades reivindicativas de las asociaciones frente a los ayuntamientos y las delegaciones provinciales de los diferentes ministerios, buscando soluciones a las carencias que tenían los barrios. Debido a la escasa respuesta recibida a sus demandas se multiplicaron las asambleas, escritos de denuncia, concentraciones, cortes de calle, etc., al tiempo que se iniciaron contactos entre las asociaciones para coordinarse ante problemas que les eran comunes, circunstancia que condujo a la creación de la Coordinadora Provincial de Asociaciones de Vecinos. El orden del día de la reunión celebrada en Castro Urdiales el 31 de julio de 1976 recogía sus principales preocupaciones: legalización de las diversas asociaciones provinciales; enseñanza y guarderías; publicación de la Revista de la Coordinadora Provincial; y carestía de la vida (informe y comunicado)⁸.

Acabado el año 1976 se pierde el rastro de la Coordinadora Provincial, tomando protagonismo la coordinación de las asociaciones dentro del ámbito municipal tanto en Torrelavega como en Santander.

Santander: crónica del turbulento camino hacia la constitución de un Ayuntamiento democrático

Calle sin asfaltar del Barrio San Francisco. Informe elaborado por A.V. Barrio San Francisco en 1975/ Desmemoriados.

En el mes de marzo de 1977 se presentó la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos a los medios, que agrupaba a siete asociaciones, en una rueda de prensa con público. Poco tiempo después, en el mes de junio, se celebraron las primeras elecciones generales en un contexto de crisis económica, donde las expresiones inflación, subida de la bolsa de la compra y carestía de la vida formaban parte recurrentemente de los titulares de los medios de comunicación, y en el que las corporaciones municipales no habían sido renovadas desde 1973.

En junio dimitió el alcalde de Santander Alfonso Fuentes Alonso, asumiendo el cargo Juan Hormaechea Cazón hasta entonces teniente-alcalde. Una de sus primeras medidas fue la adquisición del Palacio de la Magdalena por 150 millones de pesetas. El Ayuntamiento justificó la compra como una sustanciosa inversión, pero a las asociaciones no les convencía este argumento mientras las necesidades de los barrios no estuvieran cubiertas. Valentín Andrés, presidente de A.V. San Francisco decía a la Hoja del Lunes: “decisiones de este alcance no pueden ser tomadas sin consultar al pueblo o a sus representantes, y menos aún si quien la toma es una corporación antidemocrática como lo es ésta.” Y seguía argumentando que “cualquier precio, por bajo que sea, es un lujo, mientras los barrios sigan estando en estas condiciones. No hay dinero para escuelas y sí para un Palacio.” A lo que añadía Emilio Gutiérrez, presidente de la A.V. de Santiago el Mayor: “tal cifra condena al pueblo a padecer durante tres años la falta de escuelas, de centros culturales, alcantarillado y una serie de necesidades”. Por ello solicitaban la revocación de la compra, y tal como afirmaba José Luis Liaño, presidente de la A.V. de Prado San Roque: “¿Cómo puede decir nuestro Ayuntamiento que ha cerrado el último balance con superávit, con problemas como los de Urbasa, aún sin resolver?”⁹. Pregunta que quedaría clarificada a los pocos meses cuando el Ayuntamiento anunciaba la subida de las tasas municipales (un 44% el billete de autobús, un 50 % el recibo del agua y 167% en la recogida de basuras), lo que desató las movilizaciones de las asociaciones de vecinos y de la Asociación de Mujeres de Hogar y Consumidoras.

En un intento de paralizar las subidas, la Coordinadora convocó el 12 de mayo de 1978 una concentración frente al Gobierno Civil, dónde se reunía la Junta Provincial de Precios que debía aprobar la propuesta municipal. La Junta solo anuló la subida del billete del autobús. Una semana después, el 20 de mayo, se concentraron frente al Ayuntamiento unas 2.000 personas. Pretendían hacer llegar un comunicado al alcalde, que no quiso recibirlos. El escrito que no pudo ser entregado contenía tres peticiones: que no tuviera efecto el incremento de las tasas señaladas por suponer unos porcentajes abusivos e inadmisibles; que a partir de este momento se fijase un cauce de participación ciudadana en la gestión municipal, al igual que en otros municipios del país; y que teniendo en cuenta la proximidad de las elecciones municipales y la renovación de la Corporación Municipal, se reiteraban en la exigencia de que no se tomaran acuerdos sin la participación popular por medio de sus asociaciones más representativas¹⁰.

Finalmente, en otra multitudinaria manifestación celebrada el 10 de junio, consiguieron entregar al alcalde el manifiesto contra las subidas, que este justificó por el déficit de los servicios y en que el Servicio de Aguas tenía por norma autofinanciarse.

Según recogió la prensa, la Coordinadora acusaba al “Ayuntamiento de haber realizado una política paternalista, de regalos como son la colocación de farolas o asfaltado de calles o regalos de invitaciones para actos culturales organizados por el Ayuntamiento, mientras se ha ignorado peticiones realizadas por diferentes barrios… Igualmente se llega a pensar, por parte de las asociaciones, de que esta campaña de obras llevada a cabo por el Ayuntamiento esté más bien dirigida hacia la búsqueda de votos en las próximas elecciones que hacia la resolución de los verdaderos problemas que tiene el municipio”¹¹.

A partir de aquí el conflicto experimentó una escalada. La Coordinadora propuso tomar contacto con las fuerzas políticas y sindicales con las que acordó impulsar una comisión de control de la gestión municipal formada exclusivamente por Asociaciones con el apoyo de técnicos de los partidos y sindicatos, al tiempo que promovió una campaña para dejar de pagar las tasas municipales¹².

En octubre, Hormaechea, tras una reunión con la Coordinadora, accedió a entregar a las asociaciones las cuentas del agua y la basura y llevar al pleno la posibilidad de que las AA. VV. “fiscalicen algunos aspectos de la gestión municipal”, pero sin comprometerse a reducir las tasas. Por su parte la Coordinadora mantuvo su postura de no pagar las tasas por considerar estas abusivas, y justificó el cambio de actitud del alcalde por la proximidad de las elecciones municipales¹³, pero sin introducir cambios significativos.

Un mes más tarde, la comisión de AA. VV. y técnicos presentó su informe sobre la financiación del Servicio de Aguas Municipal, en el que se llegaba a la conclusión de que el 50% del dinero recaudado era utilizado por el Ayuntamiento para cubrir gastos diferentes de los propios del servicio de aguas y alcantarillado, por lo que seguían considerando la subida injusta y abusiva. Añadían que había otras causas que encarecían el servicio:

“…la no realización por parte de los constructores de instalaciones de alcantarillado adecuadas a las necesidades que sus construcciones aconsejan. Estas deficiencias constantemente producen costosísimas obras de reparación que desde luego tampoco sufragan, y la benevolencia municipal con amplia tolerancia consiente”¹⁴.

En enero de 1979, con las elecciones municipales ya a la vista, la Coordinadora de AA.VV. y la Asociación de Mujeres de Hogar y Consumidoras celebraron un debate público con el alcalde en torno al problema de las tarifas de agua y basura. Juan Hormaechea aceptó las propuestas de la Coordinadora: no subir en 1979 de nuevo la tarifa del agua, ni que se tomara ninguna medida contra los que no habían pagado; que se admitiera una comisión de la Coordinadora de Vecinos para los asuntos municipales tales como subida de tasas, problemas de urbanismo, formas de pago más justas de las tarifas, etc. que debería empezar a funcionar inmediatamente Y, además, que el dinero recaudado por el Servicio de Aguas fuera empleado en solucionar problemas urgentes de suministro y de alcantarillado. Con respecto a la tasa de basura la Coordinadora mantuvo la postura de no pagar hasta que no se estudiara dentro de la comisión de control¹⁵.

La Coordinadora tuvo que reiterar su petición varias veces antes de que Juan Hormaechea, renovado en el cargo de alcalde tras las elecciones municipales, llevara al Pleno la constitución de una Comisión Mixta de concejales, técnicos y vecinos. Su primera reunión se celebró en el mes de noviembre con representación de 18 asociaciones para abordar “el tema concreto de las basuras y sus tasas correspondientes, que la mayor parte de los ciudadanos -en consigna dada por la Coordinadora de AA. VV.- no pagan desde hace tiempo”¹⁶. La Coordinadora planteó como cuestiones previas que se estudiara la implantación de un impuesto progresivo y la supresión del recargo para las personas que no pagaron la tasa de basuras de 1978. Solucionados estos estos problemas la Coordinadora empezó a languidecer y no resurgió hasta mediados de los años 80, pero ya fraccionada y enfrentada.

En toda España la consolidación de la democracia, con la legalización de partidos políticos y sindicatos, llevó las reivindicaciones populares hacia una progresiva institucionalización y ello provocó una pérdida de fuerza del movimiento ciudadano. En parte se debió a la desmovilización social, bien porque se delegó en los cargos electos la solución de los problemas, o por el desencanto que generó el alejamiento de los partidos de la vida de los barrios. Pero también, porque en este periodo empezaron a surgir asociaciones con fines específicos (juveniles, feministas, ecologistas, culturales, deportivas…) que crecieron desvinculadas de las asociaciones de vecinos; porque las nuevas administraciones empezaron a desarrollar actividades culturales y sociales que hasta ese momento habían desarrollado en exclusiva las asociaciones; porque miembros activos de las asociaciones accedieron a trabajar en los nuevos servicios creados (escuelas taller, escuelas de adultos, servicios sociales…); y por último, que no menos importante, el intento de las administraciones y los partidos en domesticar a la asociaciones bien a través del clientelismo y la política de subvenciones, cuando no, intentando captar a sus dirigentes para incorporarlos a sus listas electorales. Todo ello sumado a la paulatina mejora de las condiciones de vida en los barrios que las propias asociaciones habían impulsado.

Notas

1. El País (23/06/1976): “50.000 personas se manifiestan en el Centro de Madrid”.
2. Fundación FOESSA (1970): Informe sociológico sobre la situación social de España, 1970. Madrid, Euroamérica. 1970.
3. Javier Angulo (1972): Cuando los vecinos se unen. Colección Justicia y Paz. Propaganda Popular Católica. Madrid. Pág. 33.
4. AV San Francisco (1977): Informe sobre el Barrio San Francisco, Santander. Evolución y situación actual. J. C. Cabria, AV Besaya (2003): Barrio Covadonga. Mas de 25 años de luchas y Logros. AV. Besaya, Torrelavega. Pág. 25.
5. El Diario Montañés (2/05/1967): “Clausura de la II Asamblea general de la Federación Provincial de Asociaciones Familiares”. Pág. 6
6. El Diario Montañés (16/01/1977): “Legalización. La Asociación de Amas de hogar y Consumidoras”. Pág. 8
7. El Diario Montañés (20/02/1977): “No se debe privar a los vecinos de una forma legal de defensa”. Pág.9
8. Asociación de Vecinos de Castro-Urdiales en trámite (13/07/1976): Convocatoria de la reunión de la Coordinadora Provincial. Archivo Desmemoriados.
9. Hoja del lunes (17/10/1977): “Cualquier precio es un lujo, mientras los barrios sigan abandonados”. Última página.
10. El Diario Montañés (21/05/1978): “Manifestación en contra de las subidas de tarifas”. Pág. 8.
11. El Diario Montañés (9-06-1978): “Los barrios piden mayor participación en la gestión municipal”.
12. Coordinadora de Asociación de Vecinos (21/07/1978): Convocatoria de reunión. Archivo Desmemoriados.
    Coordinadora de Asociación de Vecinos (26/07/1978): Informe de la reunión con partidos y fuerzas sindicales. Archivo Desmemoriados.
    El Diario Montañés (19-09-1978): “Comisión de representantes de Asociaciones de Vecinos y técnicos. Colaborarán críticamente con el Ayuntamiento”. Pág. 8.
13. Hoja del Lunes (30/10/1978): La Coordinadora de vecinos se pregunta ¿Impuestos para pagar encuestas? Pág.4
14. Coordinadora de Asociaciones de Vecinos (11/1978): Informe a todos los ciudadanos. Archivo Desmemoriados.
15. El Diario Montañés (16/01/1979): “Las asociaciones de vecinos se preparan para intervenir en el Ayuntamiento”.
16. El Diario Montañés (10/11/1979): “Reunión comisión mixta-vecinos por si tema de las basuras”. Pág. 3.