El verano de 2027 se cumplirá un siglo de la inauguración de la factoría de Standard Eléctrica en Maliaño (Camargo, Cantabria). Se trata de uno de los establecimientos industriales más relevantes y antiguos de Cantabria, dedicado fundamentalmente a la elaboración de cable para telefonía.

A lo largo de su existencia ha experimentado múltiples vicisitudes (laborales, empresariales, etc.) que en alguna ocasión ha llevado a ver comprometida la continuidad de la fábrica. De hecho, la denominación ha sufrido cambios en los últimos cuarenta años, al hilo de crisis y estrategias societarias. En 1986, con la venta del conglomerado de empresas de ámbito internacional de la corporación International Telephone & Telegraph (ITT) por la francesa Alcatel, pasó a llamarse Alcatel Standard Eléctrica. En 2001 se produjo la transacción al grupo francés Nexans, participado por la propia Alcatel. Siete años después, en 2008, el negocio del cable de telecomunicaciones se segrega y la compañía Draka (adquirida posteriormente por la italiana Prysmian) se hizo con la división de fibra óptica, mientras que la inglesa B3 Cable Solutions se quedaba con la de cable de cobre. Por último, hasta la fecha, la quiebra de los británicos propició la adquisición de la fábrica en 2012 por el gigante industrial alemán Wilms, siendo su denominación actual Standard Cableteam Spain S.L.

Standard Eléctrica, progreso y negocio

Un aspecto fundacional, clave en la naturaleza empresarial de Standard Eléctrica es la procedencia transnacional de buena parte de su capital, no sólo económico sino también tecnológico. El hecho es consecuencia del convenio suscrito en 1924 entre el gobierno presidido por el general Primo de Rivera y la mencionada empresa estadounidense ITT, por el que se concedía mediante adjudicación directa la implantación del servicio telefónico en España en régimen de monopolio y la participación en la elaboración de los materiales necesarios para ello. Un acuerdo que fue muy criticado por la oposición republicana y de izquierdas por considerarlo ilegal e irregular, además de lesivo para los intereses del Estado. Se trata en cualquier caso de una disposición estratégica en la que convergen orientación política, economía, desarrollo técnico-industrial y negocio; uno de sus efectos más importantes fue la constitución de la Compañía Telefónica Nacional de España.
La sucesión de acontecimientos fue acelerada. En 1926 se constituyó en Madrid Standard Eléctrica, con capital de Telefónica e ITT y la forma jurídica de sociedad anónima. El objetivo era dar cobertura a las necesidades que el desarrollo de la incipiente industria de telecomunicaciones requería, no sólo en España sino también otros mercados, como los de Latinoamérica, fundamentalmente.

Ese mismo año la empresa adquirió una finca enclavada en la zona meridional de los pueblos de Maliaño y Muriedas, delimitada al este por la vía del ferrocarril del Norte, al sur por la ría del Carmen y al oeste por la carretera nacional N-634 que une Santander con Bilbao. Posteriormente saltaría la carretera, tras la compra de los terrenos de la antigua vidriera Vimesa, para su ampliación industrial. La factoría, con proyecto del arquitecto cántabro Valentín Lavín del Noval, se construyó en un término de quince meses. En 1928 se inauguraría en Madrid, en la calle Ramírez de Prado, la planta dedicada a fabricar el equipo telefónico, precisando una especialización laboral mayor que la de la cántabra.

Como apuntó el duque de Alba, primer presidente del Consejo de Administración, en la inauguración de la factoría, que tuvo lugar el 25 de agosto de 1927 y a la que acudió Alfonso XIII, la localización fue cuidadosamente elegida y respondía a factores tales como la proximidad al puerto de Santander y la buena red de comunicaciones férreas y por carretera. Otros elementos adicionales que considerar eran la existencia de suelo disponible, una mano de obra acostumbrada a los ritmos de trabajo de la industria, la presencia de establecimientos auxiliares o talleres en las cercanías, así como formación técnica de grado medio en Santander (Escuela de Industrias).

En esos primeros años el consejo de administración estaba formado por una parte importante de miembros de la nobleza española, próximos a la figura de Alfonso XIII, que alternaban sus puestos con los representantes americanos de la ITT. Dicha composición presentaba notables similitudes con la del órgano rector de la Compañía Telefónica, lo que sin duda facilitó la política estratégica de ambas sociedades.

La huelga del verano de 1931

Tras unos primeros años en los que la factoría de Maliaño trabajó a pleno rendimiento, llegando a producir 10 millones de metros conductor por mes, cantidad que permitía satisfacer plenamente la demanda interior, el cambio en la coyuntura económica internacional que siguió al crack bursátil de 1929 causó una contracción de la demanda. La falta de centralidad internacional de la economía española retardó los efectos, con carácter general, de la crisis que ya se sentía en otros países del entorno europeo.

Por otro lado, otro cambio, este de sistema político, el que tuvo lugar con la proclamación de la II República y la instauración de un régimen de libertades, fue percibido por la mayoría de los trabajadores como una ocasión propicia en la que poder encauzar aquellas reivindicaciones que posibilitaran la mejora de sus condiciones de vida. La demanda de cambios y avances de orden político y laboral tuvo efecto en un aumento de la conflictividad social perceptible en la proliferación del número de huelgas, manifestaciones, etc.

Tan solo en Cantabria desde 1928 a 1931 las huelgas se habían multiplicado por 8,5, pasando de 9 a 77, tal y como reportaba la Cámara de Comercio. A nivel estatal la estadística resulta igualmente significativa: de 402 huelgas registradas en 1930 se pasó a 734 en 1931.

El 6 de julio, días antes de la convocatoria de huelga de la fábrica de Maliaño, había dado comienzo, promovido por la CNT, el considerado como el primer gran conflicto social de la II República: la huelga de la Compañía Telefónica, en demanda de mejoras salariales y profesionales. La UGT no secundó el llamamiento, lo que redujo la repercusión del mismo y acotó el mayor seguimiento, fundamentalmente, a Barcelona, Sevilla, Zaragoza y Madrid. El conflicto cursó con episodios de violencia y fue durísimamente reprimido, dejando un balance de 30 muertos, 200 heridos y un elevadísimo número de detenidos y despidos. El movimiento huelguístico contó con el apoyo, como medida de solidaridad, de parte de los trabajadores de la factoría madrileña de Standard Eléctrica (los afiliados y afines a la CNT).

En la planta de Maliaño la mayor parte de trabajadores, unos 225, estaba afiliada a la Sociedad de Obreros y Empleados de la Standard Eléctrica, adscrita a la UGT, lo que suponía aproximadamente el 90 % del colectivo. El sindicato socialista había lanzado una campaña en Cantabria, a partir del Primero de Mayo de 1931, de reclamación de mejoras salariales, que es el elemento primordial que se encuentra en la base del referido aumento de la conflictividad laboral.

En este contexto, es en el que la asamblea de los trabajadores, compuesta aproximadamente por 150 hombres y 100 mujeres, aprobó la declaración de huelga para el viernes, 17 de julio, tras haber comprobado la nula disposición de la dirección de la empresa a su demanda de aumento salarial.

El gobernador civil de la provincia de Santander, José María Semprún Gurrea, reaccionó con prontitud al anuncio y, asumiendo un papel mediador, convocó una reunión el día previo a la huelga para tratar de acercar posturas y propuso, con el apoyo de la patronal, la creación de un Comité paritario circunstancial, medida que fue rechazada inicialmente por los trabajadores, que preferían un proceso en el que el gobernador interviniera en la negociación como una figura neutral y facilitadora de una solución entre las partes.

Así pues, sin acuerdo, el conjunto de trabajadores abandonó la fábrica el día anunciado no sin antes hacer constar que dejaban la maquinaria “en perfecto estado de funcionamiento”, trasladando de esta manera una posición de responsabilidad.

El conflicto tuvo un seguimiento notable en la prensa cántabra. Las partes eran conscientes de la conveniencia de imponer eso que ahora damos en llamar relato en la sociedad; el envío de remitidos o comunicados fue una muestra de ello.

La reivindicación salarial se sostenía sobre la base de que “las ganancias de la Empresa son fabulosas, de varios millones por año”, resultado del esfuerzo de los trabajadores, y que eran perfectamente asumibles, de hecho propusieron la formación de una comisión que verificara la situación económica de la compañía. Por su lado, la dirección rechazaba la demanda bajo el argumento de que la fábrica retribuía “salarios y jornales de los más altos del distrito, con excelentes condiciones de trabajo”.

Para tratar de desbloquear la situación el gobernador convocó a Antonio Pérez, secretario de la Federación Obrera Montañesa (UGT en la provincia de Santander) y a G. Baseden, director de la factoría de Maliaño. La intercesión de Antonio Pérez dio como resultado la aceptación por los trabajadores de la fórmula de un comité paritario bajo la presidencia de Ramón Orbe, abogado del Estado en la Provincia.

Las negociaciones emprendidas fueron acercando los puntos de partida hasta que se alcanzaron dos tablas salariales contrapuestas. La representación sindical adoptó un criterio claro: que el incremento porcentual fuera mayor en los grupos de percepción más bajos, es decir, a menor salario más aumento.

 

GRUPO SALARIAL	PROPUESTA DE LOS TRABAJADORES	PROPUESTA DE LA DIRECCIÓN
OBRERAS	∆ 20,83% (0,50 ptas./hora mínimo)	∆ 20% (0,48 ptas./hora mínimo)
OBREROS (HASTA 1 PTA./HORA)	∆ 15%	∆ 14%
OBREROS (HASTA 1,15 PTAS./HORA)	∆ 12%	∆ 12%
OBREROS (HASTA 1, 35 PTAS./HORA)	∆ 8%	∆ 8%
OBREROS (A PARTIR DE 1,35 PTA./HORA)	∆ 6%	∆ 6%
EMPLEADOS (HASTA 3.500 PTAS./AÑO)	∆ 10%	*
EMPLEADOS (HASTA 4.500 PTAS./AÑO)	∆ 6%	*
EMPLEADOS (HASTA 12.000 PTAS./AÑO)	∆ 0%	*

*Sueldo mínimo 40 ptas. semanales. Los que ya lo perciban quedarán al arbitrio de lo que dictamine el Comité permanente (con carácter retroactivo)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en El Cantábrico y La Voz de Cantabria

Como puede apreciarse, con carácter general las posiciones se encontraban muy próximas, pero había dos puntos en los que ninguna de las partes cedía: la subida del grupo de las obreras y el de los empleados. La falta de avenencia motivó que el presidente tuviera que emitir su voto, que fue favorable a la propuesta de la empresa. La reacción de la representación obrera fue retirarse en señal de protesta y negarse a firmar el acta.

Los delegados de la Sociedad de Obreros no conseguían entender que la empresa no transigiera en pagar “ciento nueve pesetas en una empresa donde se pagan semanalmente más de diez mil pesetas de jornales” y la acusaban de cicatería. Ciertamente la negativa por una diferencia de 2 céntimos de peseta por hora en el caso de las obreras y de una subida en el grupo de empleados que afectaba a siete personas se antoja difícil de comprender si se aplica el criterio del beneficio empresarial. Sin embargo, a luz de acontecimientos posteriores puede entenderse que la lógica que aplicaba la dirección era otra. Si introducimos el factor de que ya fuera perceptible la retracción de la demanda de cable, es decir, que no apremiaran los plazos, y que ese momento fuera la ocasión propicia para quebrar el principio de solidaridad obrera (los dos céntimos por hora que se negaban a las obreras, que pasarían de ganar 3,84 pesetas a 4 pesetas al día) y de castigar a los que consideraban los principales instigadores de la huelga (el grupo de empleados), la actitud adoptada puede tener mayor sentido.

Por el contrario, la representación de los trabajadores se mantuvo firme en la defensa de los grupos de trabajadores, especialmente de los administrativos de sueldo más reducido, a quienes los obreros de talleres no quisieron dejar atrás.

Fue un conflicto en el que resulta llamativo la ausencia de incidentes; la prensa no recoge ningún acto que pudiera considerarse violento, como tampoco las fuentes orales:

“No pasó nada. Iban a buscar a la gente a la estación. La Guardia Civil iba a caballo para que la gente que venía en tren desde Santander no viniera a hacer fuerza en la huelga. Venían en el tren de las siete y media y la Guardia Civil salía para no dejarles entrar. No hubo palos ni nada, fue pacífica. Hicimos alguna manifestación sólo por allí, por la fábrica”. (Testimonio de Manuel Cea, antiguo trabajador de Standard).

Para disminuir los efectos de la huelga el sindicato disponía de un fondo en concepto de caja de resistencia. La cantidad estipulada era de dos pesetas por día de huelga.

“Los días de huelga no daban dos pesetas para comer, que sobraba dinero. Como esos días no se cobraba nada…” (Manuel Cea)

En estas circunstancias en las que el bloqueo parecía completo, el gobernador civil volvió a adoptar un rol mediador y convocó a los miembros del comité paritario, ahora bajo su presidencia. La necesidad de preservar la legalidad del laudo y de satisfacer las demandas de los trabajadores dejaba un estrecho margen de actuación. La fórmula que propuso a las partes es habitual en la resolución de conflictos: enfriar las discrepancias, transaccionar un acuerdo y diferir la solución del mismo. Quedaban de esta manera garantizados los aumentos salariales y se establecía que si para el 20 de septiembre no se constituía un Comité paritario permanente que resolviera, sería el propio gobernador el que tomara una determinación acerca de los aumentos del grupo de empleados que cobraban más de 40 pesetas. El 17 de agosto, tras un mes de huelga, se llegaba a un acuerdo, con lo que el trabajo se reanudaría de inmediato.

 

Los meses de cierre patronal y paro de la Standard Eléctrica de Maliaño

Apenas había pasado un mes desde la finalización de la huelga de la Standard Eléctrica en Maliaño cuando en las ediciones del día 22 de septiembre de El Cantábrico y La Voz de Cantabria se preguntaban si iban a parar los trabajos en la fábrica, haciéndose eco de los rumores que circulaban por Santander que anunciaban un cierre en plazo breve “por razón de exceso grande de producción y falta de demanda”. La noticia se acompañaba de la reseña de la manifestación que protagonizaron los obreros de la mina de hierro “La Paulina“, de Camargo, que se hallaban en una huelga, que devino en paro forzoso desde hacía más de un mes (y que se prolongó durante dos años y medio).

Al día siguiente sendas representaciones de obreros y patronos de Standard Eléctrica se reunieron en la sede del Gobierno Civil para discutir acerca del incumplimiento de la constitución del Comité paritario que se había acordado para terminar la huelga y, en consecuencia, de la obligación del gobernador civil de dictar la resolución que estimara oportuna. Sin embargo, la deriva acelerada de los acontecimientos terminaría por arrumbar esta cuestión.

Las conjeturas más adversas se hicieron realidad el 2 de octubre, cuando, aduciendo exceso de producción motivado por falta de salida del cable ante la huelga que persistía en la Compañía Telefónica, la dirección ordenó cesar la producción y cerrar las puertas.

Los trabajadores responsabilizaron del cierre a la dirección acusándola de haber urdido una maniobra para eludir las leyes sociales de la República, además de suponer una revancha por la confrontación desarrollada el verano anterior. Su respuesta inicial fue la negativa a abandonar las dependencias y anunciar que permanecerían en los talleres hasta que la compañía aceptara unas condiciones de reincorporación que tuvieran en cuenta la antigüedad, respeto al puesto desempeñado y el salario, todo ello bajo la supervisión de la Sociedad de Obreros y Empleados. Tras la mediación del gobernador civil la empresa aceptó al día siguiente los puntos principales, con la salvedad de que las divergencias que surgieran se deberían resolver en un Comité paritario u organismo similar. Conseguido un acuerdo de mínimos, el conjunto de trabajadores abandonó por la noche las instalaciones.

Conscientes de la gravedad de la situación y con una realidad repleta de incertidumbres los trabajadores desplegaron una estrategia consistente, por una parte, una política de contactos con autoridades de distintos ministerios, entrevistándose incluso con el ministro de Trabajo Largo Caballero por mediación del diputado socialista Bruno Alonso y, por otra, con presencia en la prensa, como medio de que la cuestión no perdiera relevancia pública.

El paso del tiempo fue transformando los perfiles de un problema inicialmente de naturaleza económica y laboral en otro marcadamente social, circunstancia en la que se encontraban, con mayor o menor repercusión, numerosas industrias radicadas en Cantabria. Así, el 5 de diciembre, los dos periódicos de mayor tirada en la Provincia (El Cantábrico y La Voz de Cantabria) publicaron un remitido de la Junta directiva de la Sociedad de Obreros y Empleados de la Standard Eléctrica en el que hacían saber al público:

“1.º. Que llevamos más de dos meses de paro forzoso con hambre, miseria y desesperación en la mayoría de los hogares. …5.º Que hay hambre, mucha hambre en cientos de hogares en el asunto particular de Standard y en miles en el general que repercute gravemente en comerciantes e industriales de todo orden, que son los paganos de la situación, y esto se resuelve solucionando los problemas, llámense Standard, Minas de Camargo, Talleres del Astillero, Naval, etc., etc. …”

La especial incidencia en el municipio llevó a un articulista de La Región a acuñar la expresión valle del hambre para referirse a Camargo. No en vano, en otro medio estimaban la cifra de 1.200 obreros sin trabajo en dicho municipio, “es decir, mil doscientos pobres hogares sin más posibilidades de vida que la esperanza de días mejores”. En 1932, por iniciativa del alcalde, el republicano Silvio Fombellida, se puso en marcha la obra de la traída de agua al municipio, lo que supuso la colocación temporal de parte de los parados del municipio.

En la segunda semana del mes de diciembre, tras una entrevista del nuevo gobernador civil, Álvaro Díaz de Quiñones con el Director de la Standard, la prensa procedió a considerar la posibilidad de una reapertura de la factoría, aunque, para empezar, reducida a unos 70 o 75 trabajadores, incluido el personal administrativo. Se abría en este punto el que fue el último escollo en este conflicto: el modo en el que se iba a reincorporar la plantilla.

La confirmación definitiva de la reapertura de la planta se produjo a comienzos de 1932. El director de la Standard manifestó que de momento se daría ocupación a más de setenta obreros y que la readmisión se haría “Por rigurosa antigüedad, y, desde luego, de acuerdo y conformidad con el Sindicato de Obreros y Empleados de la Standard Eléctrica”. Este anuncio precedió a un remitido de la compañía en el que detallaba las líneas principales en las que tendría lugar la vuelta al trabajo.

Al día siguiente la Directiva del sindicato de la fábrica contestó con otro remitido en el que precisaba su modelo de reincorporación: con turnos de media jornada y de modo rotatorio para que, de esta manera, la medida alcanzara a todo el personal, incluido el de oficina. Incluso concretaban un ejemplo de turnicidad Criticaban que el modelo de la Gerencia pretendía favorecer “a los no asociados y amigos de camarilla, tomando de esta forma la más inhumana represalia contra compañeros empleados asociados”. Es decir, nuevamente el grupo de empleados afiliados al sindicato quedaba en el punto de mira de la empresa.

Una vez más fue necesaria la intervención del gobernador para desbloquear la negociación. Ciertamente para los trabajadores el paso del tiempo se había convertido en un problema crucial. La confrontación de la potestad organizativa dentro del principio de autoridad que abanderaba la empresa frente a la negociación colectiva y principio de solidaridad que defendía el sindicato se terminó resolviendo con un acuerdo de bases, firmado el 4 de febrero, en el que, en síntesis, la compañía readmitía por orden de antigüedad a algo más de la cuarta parte del personal y garantizaba tres días de trabajo a la semana, aceptando el principio de rotación quincenal en determinadas secciones de producción, lo que apuntaba hacia un reparto equitativo del empleo. Aunque el conflicto había entrado en vías de solución, aún pasaría tiempo hasta que la fábrica recuperase la carga de trabajo y el ritmo anteriores al verano de 1931.

Epílogo: Juanita Lacalle

“Sexta. Con la admisión de la señorita Juanita Lacalle la representación obrera considera solucionada la plantilla de oficinas”.

De la lectura de las bases acordadas entre la Dirección de la empresa y la representación de los trabajadores llama la atención una de ellas, la sexta, en la que se menciona expresamente a una mujer, Juanita Lacalle. ¿Quién era y por qué aparece esta cláusula exclusiva? Desconocemos casi todo del caso, pero si atendemos a las características que reunía su persona, es decir, mujer, empleada en las oficinas y afiliada a la Sociedad de Obreros y Empleados de la Standard Eléctrica, podemos entender las razones que lo motivaron, y establecer una hipótesis de lo ocurrido. La empresa siempre centró en el minoritario sector de empleados el foco desencadenante de la huelga del verano de 1931; de hecho, fueron el colectivo, junto al de mujeres, al que no quería aplicar el aumento salarial que se estaba negociando y en las conversaciones acerca del reingreso no aceptaba aplicar la turnicidad. Por otra parte, no hay que explicar que su pertenencia al sindicato constituía en aquellos tiempos un factor de riesgo muy elevado a efectos de estabilidad laboral.

Así pues, la vuelta al trabajo de Juanita Lacalle y su mención explícita en el acuerdo final suponía para la representación obrera una cuestión capital que operaba en un doble sentido. De una parte, hacia la empresa era una forma de impedir una represalia selectiva de una trabajadora significada y de otra, a los trabajadores, lanzaba el mensaje de defensa del valor de la asociación y la solidaridad.

Referencias bibliográficas, hemerográficas, archivos e Internet

CALVO, Ángel. (2014): Telecomunicaciones y el nuevo mundo digital en España: La aportación de Standard Eléctrica. Ariel, Colección Fundación Telefónica.

GUTIÉRREZ LÁZARO, Cecilia y SANTOVEÑA SETIÉN, Antonio (2000): UGT en Cantabria (1888-1937), Universidad de Cantabria.

MARTÍNEZ OVEJERO, Antonio (2004): “Azaña versus Telefónica, los límites del poder”. Espacio, tiempo y forma, 16.

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, Estadísticas de las huelgas 1930 y 1931

VV. AA. (1993): Historia y memoria colectiva. La vida en el valle de Camargo entre la II República y el primer franquismo. Seminario de fuentes orales. ICE. Universidad de Cantabria.

El Cantábrico
El Pueblo cántabro
La Región
La Voz de Cantabria

Archivo de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Santander.

Biblioteca Virtual Prensa Histórica – Ministerio de Cultura

Filmoteca Española. Archivo histórico de rtve.

Zona cachonera. Patrimonio industrial.