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EL SANTANDER-MEDITERRÁNEO Y EL TÚNEL DE LA ENGAÑA. ANTECEDENTES DEL DESPILFARRO Y LA CORRUPCIÓN EN LA OBRA PÚBLICA

Pocas manifestaciones en Santander han sido tan numerosas como la celebrada el 10 de abril de 1933. El diario ABC del día siguiente insertó una fotografía tomada desde la sede del Gobierno Civil, entonces ubicado en el edificio de la Real Aduana de Santander, en la antigua calle de la Ribera (hoy Calvo Sotelo), a la cual se dirigía una “Imponente manifestación”, que -según se describe- paralizó la industria y cerró todo el comercio de la ciudad. Unas 35.000 personas respondieron a la convocatoria para apoyar la construcción del séptimo tramo del Ferrocarril Santander-Mediterráneo y entregar a las autoridades las conclusiones acordadas por el pleno de la Comisión gestora del citado proyecto. La fotografía que recoge esta movilización apareció publicada en el semanario madrileño Mundo Gráfico. No fue la primera vez, otra gran manifestación había desbordado las calles de Santander el 28 de mayo de 1930 con el mismo propósito.

Mundo Gráfico. Nº. 1.119. Miércoles, 12 de abril de 1933. Página 13.

No sólo la ciudadanía cántabra, sino también las de Castilla, Aragón y Valencia entendieron la construcción del ferrocarril Santander-Mediterráneo como una oportunidad de mejora de las comunicaciones y de desarrollo económico. En el siglo XIX la red de ferrocarriles española estaba estructurada de forma radial, con centro en Madrid; el trazado del Santander-Mediterráneo venía a ser un complemento de esta ordenación en sentido transversal, uniendo directamente la fachada cantábrica con la mediterránea, de Santander a Valencia. Pese al apoyo popular  y de muchas instituciones el proyecto nunca vería la luz, como sabemos

En la actualidad buena parte de los cántabros mantienen que la responsabilidad fundamental de la no finalización y puesta en explotación de la línea se debe al papel jugado por las instituciones vascas en representación de sus intereses comerciales y financieros. Sin duda estas tuvieron una visión estratégica mayor, herramientas y mejor desempeño que sus homólogas de las provincias de Santander, Burgos, Soria, Zaragoza, Teruel y Valencia, pero esto no puede opacar otros factores que tuvieron una incidencia determinante en el resultado final.

Así, desde bien temprano se empezaría a instalar un victimismo alentado desde entidades representativas e instancias políticas. Este recurso, debidamente administrado, suele funcionar bien, sobre todo porque tapa vergüenzas, desvía responsabilidades y mueve emociones básicas que debidamente canalizadas pueden reportar notables dividendos a futuro.

Por ello es conveniente aproximarnos a la cuestión abriendo el objetivo y  utilizando una profundidad de campo amplia, una escala de análisis suprarregional, lógica por otro lado, si se tiene en cuenta que el proyecto comprendía territorios variados y la fuente de financiación era estatal.

Antes de que nuestra actual democracia se viese salpicada por obras faraónicas inútiles, despilfarros clamorosos y corrupción endémica, grandes rotondas con esculturas de bajo gusto y alto coste, ciudades inacabadas construidas a medias con presupuestos millonarios, como la ciudad de la Cultura en Galicia, la del Circo en Alcorcón o la de la Justicia en Madrid, aeropuertos sin pasajeros (como el de Castellón, entre otros), autopistas sin tráfico y kilómetros y kilómetros de vías de AVE absolutamente ruinosas, algunas ya cerradas. Mucho antes que todo esto hubo otro gran despilfarro, que además vino acompañado de una serie de despropósitos vergonzantes: el Ferrocarril Santander-Mediterráneo y su emblemático Túnel de la Engaña.

La historia y vicisitudes de este proyecto se remontan a la última década del siglo XIX.

José Pérez Bustamante, Presidente de la entonces Diputación Provincial de Santander,   en una conferencia ofrecida en el Ateneo de Santander el 3 de abril de 1952, asocio su génesis “como reacción contra el régimen de tarifas impuesto por la Compañía del Ferrocarril del Norte, dueña ya por entonces de la línea de Alar del Rey a Santander, régimen que, con mayor o menor fundamento, se consideraba como un atentado a los intereses de Santander, comenzó a agitarse en la Montaña la idea de la construcción de un ferrocarril que la uniese directamente con Burgos y Madrid.” Así pues, los objetivos iniciales no fueron unir Santander con el Mediterráneo, sino contactar directamente con la Meseta y evitar las tarifas de la Compañía del Norte, que controlaba el acceso por tren a los principales puertos del norte de España, de Avilés a Pasajes.

En 1889 se constituyó en Santander un sindicato cuyo objetivo era la realización del mencionado ferrocarril y en junio de 1894 las cortes autorizan al Gobierno a otorgar la concesión declarándola de utilidad pública. Todo quedó en el olvido hasta que, un año después, se optó por una idea más modesta: el ferrocarril Santander-Burgos, del que el tramo entre Astillero-Ontaneda, construido en vía estrecha e inaugurado en julio de 1902, constituiría el primer paso.

A propuesta de las provincias de Santander, Burgos, Soria y Zaragoza se consiguió que las Cortes aprobaran en 1905 incluir en el Plan de Ferrocarriles Estratégicos y Secundarios el de Ontaneda, Burgos, Soria y Calatayud. El proyecto se aprobó por Real Orden de 25 de octubre de 1913, pero el desarrollo de la I Guerra Mundial provocó su aplazamiento. Finalizada la Gran Guerra el gobierno español apremió al capital financiero nacional a la toma  del control de las concesiones ferroviarias mediante la adquisición de la mayoría accionarial. De esta manera, el control de la Compañía del Norte pasó a manos del capital vasco.

Ya en tiempos de la dictadura de Primo de Rivera se autorizó, en 1924, el otorgamiento de la concesión del ferrocarril Ontaneda–Calatayud a las diputaciones afectadas. Los argumentos para justificar la obra se basaban en atender las demandas de la zona junto con razones de carácter militar; según el historiador ferroviario Miguel Muñoz,  “ninguna de estas razones estaba justificada, la zona estaba muy poco poblada y militarmente no tiene sentido la concesión de una infraestructura estratégica a una empresa privada inglesa”. Y aquí se va a producir otro de extraordinaria relevancia: las Diputaciones ceden la concesión para la construcción de la línea a la compañía Anglo Spanish Construction, encabezada por William Solms, un especulador que ya había sido expulsado de Francia por diversas estafas, pero que en España logró crear una amplia red de contactos que se extendió hasta la familia real. Un precursor de la cultura del pelotazo, avant la lettre.

Informe de los años 40 titulado “Terminación del Ferrocarril Santander-Mediterraneo”/ Desmemoriados

Solms manifestó públicamente que acabaría la obra en un plazo menor de 5 años. Las consignaciones presupuestarias eran considerablemente superiores al coste real de la línea. Se comenzó con la construcción de los tramos menos complejos, pero en dos años ya anunció su incapacidad para acometer la obra debido a los sobrecostes, así negoció con la Administración y logró la aprobación de un Real Decreto, en agosto de 1927, en el que, entre otras cosas, “la Compañía había de construir las secciones de Cidad a Calatayud según el proyecto aprobado, reservándose el Estado el derecho de redactar un nuevo proyecto entre Cidad y Santander o de empalmar con la línea del Norte”. Esto suponía que el Estado “obligaba” a la Compañía a construir la parte más sencilla y rentable y “le quitaba” la parte que no quería por ser más cara su construcción. Las subvenciones del Estado eran por kilómetro construido, al margen de la dificultad del mismo. El negocio, pues, residía de forma meridiana en la propia construcción.

La concesión a esta empresa inglesa y la posterior renegociación despertaron muchísimas suspicacias en la época y con la llegada de la II República, las Cortes Constituyentes crearon en 1931 una Comisión de Responsabilidades que abordó el asunto de la Sociedad Santander-Mediterráneo, en la que Indalecio Prieto llegó a acusar de corrupción al mismísimo Alfonso XIII. No obstante, la llegada de la derecha al poder paralizó este empeño, según apunta Miguel Muñoz. Para el ya citado José Pérez Bustamante, fue la creación de esta comisión y la actitud hostil e intransigente adoptada por Indalecio Prieto, entonces Ministro de Obras Públicas, la que provocó el estancamiento del proyecto. El propio Bustamante afirma que cuando Prieto ordenó la continuación de algunos ferrocarriles en construcción “se suscitó tal movimiento de opinión en Santander, que ya no pudo el Sr. Prieto sostener su actitud inflexible y se determinó a hacer una consulta a la dicha Comisión de Responsabilidades sobre la posibilidad de realización”. Sin embargo, la coyuntura internacional de crisis económica tras el crack del 29 y el endeudamiento de las arcas públicas, procedente de la política presupuestaria de la Dictadura de primo de Rivera, fueron las causas fundamentales que explican este nueva suspensión del proyecto.

Tras varias opciones el Ministerio de Obras Públicas aprobó en noviembre de 1935 la solución de la Engaña para salvar la Cordillera Cantábrica y poner las bases para la finalización de la obra, pero la Guerra Civil, provocaría un nuevo parón.  Los 365.5 kilómetros entre Calatayud y Cidad-Dosante se habían construido a un ritmo de más de 60 kilómetros/año y en noviembre de 1930 ya estaban abiertos al tráfico todos los tramos; es decir, 365,5 kilómetros en apenas 6 años, mientras que no fueron suficientes 20 años de obras para la consumación de los 63 kilómetros que restaban.

Terminada la guerra y nacionalizados los ferrocarriles en 1941, con la creación de RENFE, se retomó el proyecto en lo que fue una decisión del titular del Ministerio de Obras públicas, Alfonso Peña Boeuf, como una especie de compensación por los efectos devastadores del incendio que asoló la ciudad de Santander en febrero de ese mismo año. En diciembre de 1945 los trabajos se concentran en el túnel de la Engaña; el plazo inicial era de 52 meses. Tras cuatro años de obras se propone abandonar el proyecto y buscar un enlace alternativo, la operación fue abortada por la fuerte oposición ejercida desde las diputaciones afectadas. La Jefatura de Ferrocarriles informaba en noviembre de 1945 que las obras de los tramos entre Santelices y Yera (17.8km.) y Susvilla-Sarón (7.8km.) “están paralizadas por ser bajos sus precios”. Los tramos entre Sarón y Liaño (6.2km.) y Liaño-Boo (3.8km.) “son los únicos que tienen precios aceptables y se ejecutan actualmente a un ritmo satisfactorio”. Esto demuestra el chantaje habitual de las empresas para renegociar sus adjudicaciones, ya que si no eran rentables para sus intereses se ralentizaba la obra o directamente se paralizaba hasta que se conseguía la modificación acorde con sus intereses. Nuevamente se propuso modificar el trazado, pero, esta vez, fue el Gobernador Civil de Burgos, el falangista santanderino Manuel Yllera García-Lago, el que rebatió tal propuesta y, además, introdujo un recordatorio de los escándalos de la compañía Santander-Mediterráneo con los cobros de subvenciones durante el gobierno de Primo de Rivera. En su escrito las diputaciones afectadas denunciaban “el despilfarro” que supondría no obtener un pleno rendimiento de los 240 millones de pesetas gastados entre Calatayud y Cidad, más los 300 millones que se calculaba iba a costar el ferrocarril directo Madrid-Burgos. Lo cierto es que pasados tres años del inicio de las obras solo se habían perforado 500 metros; así, hacia 1950, se decidió dar la obra a la empresa Portolés y Cia. A partir de entonces se aceleraría la construcción. Desde su inicio se trabajó con medios casi exclusivamente manuales, la peor parte se la llevaron los aproximadamente 560 presos republicanos, que a las extenuantes jornadas de trabajo unían las durísimas condiciones de vida que sufrieron, hasta el punto que debieron ser ellos mismos los que construyesen sus propios barracones. Con una deficiente alimentación y jornadas de doce horas diarias los accidentes eran habituales, el exceso de polvo provocó muchas enfermedades, muchos desarrollaron anquilostomiasis, una enfermedad tropical debido a las condiciones extremas de humedad que existían dentro del túnel y silicosis. No obstante, lo que más se temía eran los derrumbes. Además de los innumerables accidentes y las enfermedades padecidas hubo varias muertes; el director de la empresa Portolés y Cia. reconoció 16, pero solo circunscritas al periodo en que dicha empresa estuvo al mando, no a la fase inicial en la que se empleó el mayor porcentaje de presos republicanos.  Por ello, sin duda, el número total sería más elevado. A partir de 1945, con la derrota de las potencias fascistas en la II Guerra Mundial, se concedieron indultos y se desmantelaron los destacamentos penales de Pedrosa de Valdeporres y Vega de Pas. Sobre los indultados siguió pesando la pena de destierro por lo que se vieron obligados, en su mayor parte, a seguir trabajando en la Engaña, ya como personas “libres”. Muchos asentaron su vida en la Vega de Pas.

 

El túnel de la Engaña estaba planteado inicialmente para 52 meses pero, tardó 17 años en completarse. El 8 de mayo de 1959 se conectaron las excavaciones de las dos bocas, sin embargo este logro sería inútil, ya que ese mismo mes se decidió suspender lo que quedaba de proyecto. Aún así, las obras se prolongarían hasta 1961 completando el túnel en una demostración de desprecio por el dinero público y hacia las vidas humanas, especialmente si eran trabajadores y republicanos.

Tunel e instalaciones del Destacamento Penal de la Vega de Pas/ Desmemoriados

De hecho, en 1961 un informe interno de RENFE aconsejaba la no construcción de nuevos tramos de ferrocarril y centrar los exiguos presupuestos en la mejora de la red existente. Un año después el Banco Mundial ratificó en otro documento lo apuntado RENFE. En sentido contrario, en 1965, el Consejo Económico Sindical Nacional insistía aún en la necesidad de finalizar las obras, lo que permitiría acabar dos ferrocarriles: el Santander-Mediterráneo y el directo Madrid-Burgos-Santander. En hipótesis, esto podría suponer una revalorización para el puerto de Santander, ya que se pensaba que sus posibilidades de desarrollo pasaban en esos momentos por la mejora de las comunicaciones por ferrocarril, llegándose a afirmar que la no finalización de las obras hasta Santander beneficiaría al puerto de Bilbao, cuyos intereses se hacen siempre confrontar con los de Santander.

 

En Cantabria, la terminación de la línea prosiguió reivindicándose durante los años 60 y 70 con campañas promovidas por entidades como la Cámara de Comercio o asociaciones de distinto signo y partidos políticos tras su legalización. Las expectativas se fueron difuminando con el paso del tiempo.

Así pues, las razones que hay detrás del fracaso absoluto de este proyecto son heterogéneas. Comienzan por las dudas que nunca se disiparon sobre la rentabilidad futura de la explotación comercial de la línea y la ejecución de un proyecto en el que no se determina su finalización- La idea inicial partía de enlazar una línea de vía ancha con otra ya construida de vía estrecha, la de Ontaneda y conectar Santander con la Meseta evitando los aranceles de la Compañía del Norte, por lo que no interesaba el enlace de Miranda de Ebro que, a pesar de ser más lógico, estaba también en manos de dicha sociedad. Se entrevén en este punto los intereses económicos del capital vasco en defensa del puerto de Bilbao. A todo esto se une el interés de la empresa concesionaria por las subvenciones a la ejecución, que no por su finalización y explotación, con unos costes de construcción absolutamente disparatados. Se perfila con nitidez en este punto el triángulo clásico de la corrupción, con sus vértices en “empresarios” que confunden el beneficio industrial con latrocinio, políticos y gobernantes facilitadores y altos funcionarios que distraen su mirada. El juego del gato y el ratón de la concesionaria con el Estado, la coyuntura de crisis económica de la década de 1930, la inestabilidad política y, además, el estallido de la Guerra Civil y la dureza de la postguerra generaron parones y ralentizaciones que, finalmente coincidieron con la nacionalización de los ferrocarriles. Así, acabaría imponiéndose el planteamiento de que ya no era atractivo el impulso de líneas nuevas sino la mejora de las existentes.  El desarrollo del transporte por carretera hizo que en esa época fuera una locura hacer un kilómetro de ferrocarril nuevo ante el empuje de los vehículos automóviles.

De este modo, el Ferrocarril Santander-Mediterráneo se convirtió en la obra faraónica más ambiciosa de España y su más sonoro fracaso. Es sintomático que el túnel más grande dentro de España durante todo el siglo XX fuera el de la Engaña hasta que, ya en el siglo XXI, los construidos en el desarrollo de las faraónicas líneas del AVE y los de la variante de Pajares le arrebataran tal condición.

 

En la actualidad, por la parte burgalesa del túnel, un colectivo eco-feminista pretende recuperar de la ruina las obras allí instaladas y acometer un proyecto de economía social. Esperemos que para la parte cántabra transitemos de un pasado gris como el hormigón y un presente negro como su interior, a un futuro más verde y que las anunciadas inversiones no se conviertan en otro nuevo desencanto.

 

EL BARRIUCO: ¿Qué fue del Sardinero de Toda la Vida?

La fotografía del álbum familiar de Agustín Macías González que encabeza  este artículo está tomada desde los jardines de Piquío a mediados del siglo pasado. Sin lugar a dudas sorprende la casi total ausencia de viviendas unifamiliares y mucho menos de urbanizaciones.

Lamentablemente no poseemos ninguna foto de Cueto y sus barrios: La Rochela, El Recial, el barrio de la Iglesia etc., donde sus gentes se dedicaban al campo, a la ganadería, a la albañilería o las conocidas como “burreras” que vendían en el mercado, los productos que cultivaban en sus huertas.

Como de todos es conocido la zona del Sardinero se transformó a partir del último tercio del siglo XIX. Los denominados “baños de ola” atrajeron tanto a monarcas como a cortesanos, lo que conllevó la construcción de paseos y caminos que les acercara a las playas. Como no podía ser de otra manera, sectores de la burguesía local adquirieron terrenos y construyeron chalets y palacetes donde dar cobijo a tan “ilustres” visitantes.

Sin embargo, no todo fueron grandes hoteles y lujosas residencias; en lo que actualmente son los primeros números de la Avenida de los Castros, en la calleja (actual calle La Braña) y en los aledaños de los viejos campos de Sport surgieron numerosas fondas y pensiones. Era llamativo, como hemos recogido a través de testimonios orales, que en muchas de las citadas pensiones se alojaban gentes, en su mayoría procedentes del norte de Castilla, que viajaban con sus propias viandas las cuales eran guisadas por las propietarias de estos humildes establecimientos hoteleros

Esta zona conocida por sus moradores como “el barriuco” junto a Cueto, iba a ser objeto de una incontrolada especulación urbanística a partir de los años 60 del siglo XX. Desde entonces hasta hoy hemos asistido a la recalificación de terrenos rurales en urbanizables al derribo y reforma de muchos de los palacetes como Villa Clara junto al Hotel Colón, El Tepeyac o la reforma de villa Piquío y la posterior construcción de una poco agraciada y enorme urbanización en sus jardines junto a la Iglesia de San Roque son solo unos ejemplos.

Como dato anecdótico, significativo de las intenciones de los especuladores, es curioso el cambio en la topografía tradicional: El Sardinero se ha extendido como mancha de aceite hasta casi el final del parque de las Llamas, el conocido como ”el muro” dónde los aficionados a la pesca de caña acuden con asiduidad es ya denominado como el hotel (Chiqui) que se levanta en sus cercanías y, qué decir de Cueto, que comenzaba en los desaparecidos campos del Rayo Cantabria, ubicado  junto a los del Racing, y ahora se han convertido en zonas residenciales (la Avenida de Cantabria, la Pereda y Valdenoja).

Evidentemente desde Desmemoriados no queremos ponerle “puertas al campo”, pero sí manifestar el enorme caos urbanístico que ha sido permitido y alentado por los planes generales de ordenación urbana aprobados por el consistorio municipal.

Hemos podido recoger varios testimonios directos de lo anteriormente citados: el primer proyecto de campo de golf de Mataleñas (en los años ochenta) que movilizó a los cuetanos porque les impedía el acceso a la playa, los problemas que actualmente tienen dichos vecinos con la contribución, unas veces rural y otras urbana dependiendo de los intereses del Ayuntamiento para esos terrenos, o cómo en la Avenida de Cantabria se construyó sin un plan de urbanización previo que posteriormente fue costeado por todos los santanderinos y que además ha creado un auténtico galimatías de calles y cruces.

Tal vez el mayor ejemplo de lo citado hasta ahora lo constituya el PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) propuesto en el año 2012 por Iñigo de la Serna y su equipo en el que se aventuraba una realidad virtual para una ciudad mucho mayor, con una población máxima de 261.000 habitantes en el horizonte de 2024, cuando de hecho, la capital cántabra ha perdido unos 20.000 pobladores y según un reciente estudio del Departamento de Geografía de la Universidad de Cantabria va a seguir perdiendo población en los próximos años.

Es baladí señalar que la expansión urbana contenida en dicho plan permitía la construcción por toda la zona norte de la ciudad. A fecha de hoy el Tribunal Supremo ha anulado los proyectos del señor de la Serna al aceptar las alegaciones presentadas por el grupo ecologista ARCA.

Por otro lado y en lo relativo al barriuco, el desplazamiento de sus habitantes por la actualización de las rentas ha producido el abandono de algunos de sus edificios, circunstancia aprovechada por importantes grupos hoteleros, lo que unido a los planes reformadores de la zona anunciados por la actual alcaldesa pueden poner fin a la historia del Sardinero menos conocido.

Santander ha sido una ciudad que en los últimos 125 años ha sufrido catástrofes como la explosión del vapor Cabo Machichaco (1893) o el incendio de 1941, y en años más próximos el derribo de edificios considerados como Bien de Interés Cultural (el palacio de la antigua Diputación Regional es un ejemplo), la construcción en zonas protegidas, así como las alteraciones en edificios históricos y los cambios sufridos en su hermosísima bahía, que forman parte del relato de su historia.

Sin embargo, la imagen idílica del Sardinero que permanece en la memoria colectiva de los santanderinos nos ha dejado ciegos ante la destrucción de un patrimonio común a manos de intereses urbanísticos y hosteleros. La toma de conciencia y la acción de la ciudadanía frente a recientes problemas creados de forma artificial como con el Transporte Urbano, la senda costera o las escolleras de la Magdalena deberían marcar la pauta de actuación frente a los desmanes urbanísticos que se están produciendo y a los que están por venir.

La caída del 1968: comunistas y católicos en el origen de las Comisiones Obreras

Terminada la Guerra Civil, la dictadura franquista necesitaba de forma urgente normalizar la actividad económica para asegurar la consolidación del Régimen por medio del control y sometimiento del movimiento obrero. Así lo expresaba el ministro de trabajo José Antonio Girón en 1951: “que de todos los esfuerzos realizados por el Régimen, incluyendo los más visibles y espectaculares a favor de la clase trabajadora, ninguno tan fatigoso, ninguno tan difícil como barrer la niebla en que las mentalidades de los trabajadores estaban sumidas”. Este esfuerzo se materializó a través del encuadramiento obligatorio y jerárquico de empresarios y trabajadores en el sindicato vertical, intentando encauzar el descontento dentro del ordenamiento franquista. La conflictividad laboral fue considerada como un delito de lesa patria y la lucha de clases un tabú en el imaginario patrio. En este periodo las relaciones laborales (salario y condiciones de trabajo) fueron reguladas a golpe de decreto por el Estado. La crisis de gobierno de 1956 fue la evidencia del fracaso económico de la autarquía. Franco incorporó a los tecnócratas del Opus Dei, con la misión de integrar la economía española en la Europa capitalista y aumentar la productividad industrial. Dentro de las reformas legales que se introdujeron se aprobó en 1958 la Ley de Convenios Colectivos, que autorizó a los empresarios y los representantes de los trabajadores a negociar las condiciones laborarles y los salarios en el seno del sindicato vertical, intentando recluir la conflictividad en la empresa y mejorar la productividad.  Poco después se modificó la Ley de Orden Público que rebajo a la consideración de delito grave los paros colectivos de trabajo. Las primeras elecciones sindicales bajo esta nueva coyuntura se celebraron en 1960.

Esto abrió una nueva etapa donde comunistas y católicos progresistas coincidieron en la negociación de los convenios colectivos. El origen de este cambio se forjó en la segunda mitad de los años cuarenta. El PCE (Partido Comunista de España) empezó a teorizar sobre la infiltración en el sindicato vertical como estrategia alternativa a la lucha armada, al tiempo que dentro de la iglesia organizaciones como la HOAC (Hermandad obrera de Acción Católica) y la JOC (Juventud Obrera Cristiana), influenciadas por el catolicismo social que se desarrollaba al otro lado de los Pirineos, se focalizaron en la dignidad y defensa de los trabajadores con la oposición de los sectores cercanos al Régimen.

El cambio de estrategia se materializaría por la infiltración en el sindicato vertical a través de las elecciones sindicales, lo que proporcionaba a los jurados de empresa cierta protección legal para negociar o, cuando esto no era posible, formando comisiones de obreros para negociar directamente con la empresa fuera de la estructura sindical, lo que exigía actuar colectivamente y de forma coordinada. Es difícil establecer con exactitud dónde surgió la primera comisión de obreros, la referencia más citada apunta a que se formó en la huelga de la mina La Camocha de 1957. Tenían un carácter ocasional, ya que se disolvían tras la finalización del conflicto, pero en los años siguientes los militantes más activos constituyeron las Comisiones Obreras de forma estable, caracterizada como un movimiento sociopolítico, que compaginaba el trabajo clandestino con la actividad de sus miembros dentro del sindicato vertical.

El origen de Comisiones Obreras en Cantabria hay que situarlo en 1964, según la tesis doctoral de Consuelo Laiz que se apoya en el testimonio de de Manuel Gómez Morante, que destaca el peso que tuvieron en su constitución los militantes que provenían de la HOAC y que organizarían a través de la Acción sindical de Trabajadores (AST)[1].

Al tiempo que se daban los primeros pasos en la nueva organización, estallaba la huelga en las fábricas que Nueva Montaña Quijano tenía en los Corrales Buelna y Santander, por la negativa de la empresa a seguir negociando el convenio colectivo. El 16 de mayo se produjo una huelga de brazos caídos, y ante las sanciones a miembros del Jurado de Empresa se declaró la huelga. Esta terminaría a los tres días con la aceptación de la empresa de parte de la tabla reivindicativa y la negativa a admitir a los 15 obreros despedidos, entre ellos varios representantes sindicales con la connivencia del sindicato vertical.

El régimen toleró inicialmente la actuación de las comisiones porque consideraba que podían ser absorbidas por el sindicato vertical. Pero las elecciones sindicales del otoño de 1966 pusieron en evidencia que el intento del régimen por encauzar el descontento dentro del ordenamiento franquista para despolitizar la conflictividad había fracasado. Las candidaturas impulsadas por Comisiones Obreras y otros movimientos opositores coparon una buena parte de los enlaces sindicales y jurados de empresa, lo que facilitó que a lo largo de 1966 y 1967 continuaran las reivindicaciones laborales, como las de Cuétara en Reinosa, SNIACE o la huelga de 6 días en la factoría de Standard Eléctrica en Maliaño, al ser excluida del convenio interprovincial y por exigir, infructuosamente, la readmisión de los despedidos.

El fin de la tolerancia hacia las Comisiones Obreras quedó de manifiesto cuando fueron declaradas ilegales por dos sentencias, de febrero y noviembre de 1967, del Tribunal Supremo, por considerarlas una filial del PCE. En estos años adquirió importancia dentro del movimiento obrero el papel de la Brigada Político Social como instrumento de la dictadura para controlar e identificar a los “cabecillas” y ponerlos a disposición del Tribunal de Orden Público especializado en la represión de los delitos políticos. A partir de 1968 también lo podría hacer a la jurisdicción militar tras la aprobación del Decreto-Ley 9/1968 de 16 de agosto, sobre represión del bandidaje y terrorismo al recuperar la tipificación del delito de rebelión militar para los “que por cualquier medio se unan, conspiren o tomen parte en reuniones, conferencias o manifestaciones” y los que secunden “los plantes, huelgas, sabotajes y demás actos análogos cuando persigan un fin político o causen graves trastornos al orden público”.

A lo largo de 1968 la Brigada Político Social realizó varias redadas, como las que se produjeron a la salida de una conferencia del Catedrático Eduardo Obregón sobre “Ateísmo marxista” en los locales de la HOAC, o las del 1º de mayo, de las que ya hablamos en un anterior “documento del mes”. Pero la de mayor trascendencia vino en noviembre, a colación de la  puesta en marcha de la operación para desarticular al movimiento obrero que permanecía activo en Cantabria. Esta recibió el nombre de HOPARCO[2], curiosa denominación que hace referencia a las organizaciones de las que procedían los 47 supuestos militantes de las Comisiones Obreras: HOAC y PCE. La redada se desarrolló desde el 14 al 27 de noviembre en el eje industrial de la región (Santander, Torrelavega, Los Corrales de Buelna y Reinosa), ámbito dónde se había desarrollado la mayor conflictividad laboral. Se les acusó de asociación ilícita por la pertenencia a Comisiones Obreras y al PCE, y de propaganda ilegal. En la operación quedó desmantelado el aparato de propaganda del PCE, que estaba ubicado en la casa que Veridiano Rojo y Carmen Zapata tenían en Cueto (Santander), donde requisaron una máquina de escribir, una multicopista, así como el último número de Mundo Obrero del que tiraban trescientos ejemplares quincenalmente.

Los detenidos fueron saliendo en libertad escalonadamente a lo largo de los meses siguientes salvo Julio Vázquez, Joaquín Cuevas y Veridiano Rojo, que permanecieron en prisión a la espera de juicio. De hecho, la imagen que acompaña al texto corresponde a la concentración que el 1º de mayo de 1969 se celebró a la puerta de la Prisión Provincial de Santander dónde se reunieron más de cien personas como muestra de solidaridad con los seis militantes que todavía permanecían presos. Todos ellos comunistas.

Las hojas informativas de la Comisión Diocesana de la HOAC dieron cuenta de las detenciones y de los “malos tratos” que 17 de los detenidos recibieron en comisaría a base de puñetazos en la cara, los oídos y el cuerpo, golpes con objetos, patadas en los testículos, privación de sueño o de comida. Un mes después de las detenciones todavía no habían podido recibir la visita de sus abogados. En una hoja sin firmar se identifica a los responsables de las torturas como “miembros de la Brigada político-social Sres. Solar, Cuervo, Haya, Cabezas”. Las secuelas físicas que dejaron en las torturas en Veridiano Rojo (policía local en Santander) permitieron que varios de los policías de la Brigada Político Social fueran denunciados y condenados en junio de 1970 a varios meses de suspensión de empleo.

El 30 de noviembre el Obispo Santander José Mª Cirarda publicaba una nota de prensa en defensa de los militantes de la HOAC:

“En toda alegación no probada de filiación comunista contra un cristiano y, consiguientemente, contra un hoacista puede ser una calumnia vindicable. No tengo detalles de los delitos que pueden alegarse contra dichos militantes. Y no puedo formar juicios. Pero nobleza me obliga a manifestar que, conociendo personalmente a muchos de ellos, y sabiendo de su calidad cristiana, me asista mucho pensar que hayan llegado a cometer actos contrarios contra la doctrina social cristiana.”

 

La nota continuaba dirigiéndose a las autoridades:

“Toda propagación de tales rumores no fundados debidamente puede ser grave calumnia contra la autoridad, porque toda autoridad está obligada a conformar su conducta con las normas de la recta razón y de la doctrina cristiana, que obligan a respetar siempre la dignidad de todos los hombres, sean de una u otra ideología, estén detenidos o libres. El Concilio llega a llamar “infamantes” todas las prácticas que violan física o normalmente la integridad de la persona humana.”[3]

Desde el Gobierno Civil se dirigió el expediente a la jurisdicción militar en virtud del Decreto-Ley 9/1968, pero ésta, a pesar que desde las últimas disposiciones normativas también eran competentes para juzgar este tipo de delitos, lo trasladó al Tribunal de Orden Público. Se nos escapan las razones jurídicas, quizá el posicionamiento del Obispo tuviera algo que ver en esta decisión. El 22 de mayo de 1971 el Tribunal de Orden Público dictó sentencia y como era de esperar las condenas más duras recayeron en los militantes comunistas al sumarse las penas por asociación ilícita y propaganda ilegal, que llegaron hasta los 8 años y 4 meses de prisión. La mayor parte de los miembros de la HOAC quedaron absueltos al no haberse podido demostrar su pertenencia a las Comisiones Obreras.

Esta operación puede encuadrarse dentro del recrudecimiento de la represión del Régimen ante la constatación de que su proceso de “apertura” controlada había fracasado, no habiendo conseguido neutralizar la organización del movimiento obrero dentro del sindicato vertical, y viendo como las comisiones obreras estaban copando la estructura sindical e impulsando los conflictos colectivos, al tiempo que el movimiento estudiantil revitalizaba la oposición política al franquismo.  La JOC y la HOAC entrarían en crisis por el enfrentamiento a nivel nacional de dos visiones contrapuestas por las críticas de la jerarquía eclesiástica a la participación de militantes en movimientos clandestinos, lo que provocaría un gran debilitamiento de estas organizaciones y el trasvase de parte de su militancia hacia organizaciones políticas clandestinas como el PCE o la ORT, que se formó a partir de AST, que como vimos más arriba, compartieron espacio dentro de Comisiones Obreras con el objetivo común de debilitar la dictadura y adelantar su final.

 

[1]  Manuel fue uno “de los siete responsables de las CCOO de Cantabria (cinco eran de AST, uno del PCE y otro sin filiación) al constituirse éstas en 1964 y posteriormente se ocupó de la coordinación con la Coordinadora General de CCOO. Asistió al acto de creación de la Coordinadora Estatal de CCOO (Torrelodones, Madrid, 1966)”. Laiz Castro, C. (1993): La izquierda radical en España durante la transición a la democracia. [Tesis doctoral]. Universidad Complutense. Consultada en https://eprints.ucm.es/4115/1/T18924.pdf

[2] Argos, J.C. y Gómez, J. E. (1982): Movimiento Obrero en Cantabria 1955-1977. Puntal Libros, Santander.

 

[3] PUEBLO (30/11/1968): Exhortación de Monseñor Cirarda sobre detenciones practicadas en Santander.  Consultado en   https://linz.march.es/Documento.asp?Reg=R-44765

 

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