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Crónica de la lucha por Salvar Oyambre de la especulación urbanística

  • La movilización popular en la defensa de Oyambre se convirtió en un hito dentro de la historia de los movimientos sociales de la década: porque ganó la batalla de la opinión pública frente a la negligencia de las autoridades en la protección del litoral, y al supuesto mensaje de crecimiento económico que difundían promotores urbanísticos.

La información que podemos encontrar en Internet sobre Oyambre nos habla de que es “una de las playas TOP de Cantabria” y la describe como virgen, extensa o no masificada, y frecuentemente aparece en los listados que los medios suelen publicar sobre este tema. No tardaremos en descubrir que es un parque natural que integra un rico conjunto de playas, rías, dunas, marismas y bosques caducifolios entre las localidades de Comillas y San Vicente de la Barquera. Tendremos que esforzarnos mucho más para encontrar una velada referencia a las movilizaciones populares que fueron necesarias para evitar que sus dunas cayeran bajo la especulación urbanística que en los años 80 asoló las costas de Cantabria. Este conjunto natural, que había sufrido una limitada transformación humana, reunía estuarios y humedales muy bien conservados, que según los biólogos son los ecosistemas de mayor productividad biológica de la zona templada del planeta, y por eso su protección era prioritaria tanto para expertos como ecologistas. Hasta 1984, los intentos de proteger este espacio natural habían corrido a cargo de técnicos, profesionales y profesores universitarios, a los que las diferentes administraciones habían ignorado (ver “Los primeros intentos de Salvar Oyambre de la especulación urbanística”).

En esos años se estaba desarrollando una corriente de contestación social frente al caótico crecimiento urbanístico que, con gran impunidad, asolaba las zonas costeras que dio pie a las primeras reivindicaciones de carácter ecológico y alcanzó su madurez precisamente en la defensa de Oyambre (ver “Oyambre la consolidación del movimiento ecologista en Cantabria”).

La movilización popular en la defensa de Oyambre se convirtió en un hito dentro de la historia de los movimientos sociales de la década: porque ganó la batalla de la opinión pública frente a la negligencia de las autoridades en la protección del litoral, y al supuesto mensaje de crecimiento económico que difundían promotores como Santiago Díaz y Manuel Rotella, principales accionistas de Playa de Oyambre S.A., impulsora de la gran instalación turística que se emplazaría en las dunas; porque supuso la consolidación del movimiento ecologista, hasta ese momento muy fragmentado; porque el empleo de la estrategia de la lucha no violenta consiguió simpatías en grandes sectores de la población hacia el movimiento ecologista; y porque finalmente se lograron minimizar los impactos en esa franja costera con la declaración del Parque Natural.

 

Podemos dividir la lucha que se desarrolló en tres etapas, que responden a los intentos de Playa de Oyambre S.A. de iniciar las obras. La primera de ellas comenzó con el anuncio del Ayuntamiento de Valdáliga de conceder el permiso de obra, lo que provocó que el debate saltara a la opinión pública. La respuesta urgente de las organizaciones sociales fue convocar una manifestación el 17 de marzo de 1985 en la misma playa por la defensa del litoral, para intentar paralizar la concesión de las licencias y que se tomaran las medidas para recuperar esta zona para el uso público. A pesar del temporal y de que no existiera transporte público para llegar al lugar logró concentrar a unas dos mil personas

Si bien la respuesta ciudadana no paralizó la concesión de la licencia, consiguió que los medios de comunicación regionales y nacionales se hicieran eco de la noticia e impulsó la creación de la Coordinadora para la Defensa del Litoral, que según Emilio Carrera se constituyó el 23 de marzo en Cabezón de la Sal. En su seno se integraron grupos ecologistas, políticos, vecinales y no-violentos, que iniciaron un trabajo de presión en los despachos del Gobierno Regional con el soporte del informe que el Colegio de Arquitectos de Cantabria había hecho público el año anterior. Como resultado de estas acciones, el 3 de mayo la Comisión regional de urbanismo suspendió la licencia de construcción por tres meses, lo que alejaba el riesgo inminente de su destrucción y generó la expectativa de que la administración regional fuera a tomar medidas.

 

La empresa propietaria durante el verano abrió un camino sobre las dunas y permitió la instalación de tiendas de campaña. Finalmente, el 27 de octubre reinició los trabajos de vallado, sin que el gobierno regional hubiera dado ningún paso, más preocupado en la crisis interna que sufría el partido que lo sustentaba, Coalición Popular. Esta segunda etapa se inició con la puesta en marcha por parte de la Coordinadora de Defensa del Litoral de una campaña para intentar parar la degradación de la duna. El 29 de octubre una decena de activistas se encadenó desde primeras horas a la máquina excavadora y a la hormigonera deteniendo su trabajo. La respuesta del dueño del camión fue verter el hormigón sobre los ecologistas. El asunto terminó en el juzgado con una denuncia cruzada entre la empresa y los encadenados. Al día siguiente, ocuparon el despacho del Consejero de Obras Públicas, y a resultas de la acción consiguieron entrevistarse con el presidente de la Diputación Regional, sin obtener ningún resultado concreto. El 3 de noviembre se convocó una manifestación en la playa de Oyambre, logrando reunir a más de mil personas, pese a que fue convocada con un día de antelación, que ocuparon simbólicamente las dunas reclamando su uso público.

El apoyo popular a las reivindicaciones ecologistas se pudo evidenciar en las 20.000 firmas recogidas en la primera semana de noviembre, pidiendo al Defensor del Pueblo que tomara cartas en asunto. Ante el impulso que estaba tomando la iniciativa Santiago Díaz descalificó las movilizaciones alegando que «ciertos ecologistas obedecen a la manipulación de veraneantes de langosta y solomillo que acuden a Comillas». Mientras tanto la polémica no llegó al parlamento hasta que el discurso del presidente del Gobierno Regional fue interrumpido por un miembro de la Coordinadora, que se sentó delante de la tribuna de oradores y desplegó una pancarta en la que se leía “Salvemos Oyambre”. El País del 16 de enero de 1986 lo recogió como una anécdota en la crónica sobre el Debate del Estado de la Región.

La siguiente llamada de atención a las administraciones no se hizo esperar, el Defensor del Pueblo, Joaquín Ruiz-Giménez, remitió a la Diputación Regional de Cantabria y al Ayuntamiento de Valdáliga un informe con recomendaciones:

“El Defensor del Pueblo sugiere a la Administración pública el restablecimiento de la legalidad urbanística, exigiendo las responsabilidades a que hubiera lugar de conformidad con los textos legales y, en su caso, declarar caducada la licencia ilegalmente concedida si hubiesen transcurrido los plazos a que se refiere el artículo 10 de la ordenanza urbanística municipal vigente”. (El País del día 12/03/1986)

 

La tercera fase se inició con nuevas agresiones de los constructores sobre las dunas (siembra de estiércol, quema de monte bajo e incluso un intento de ararlas), pero lo que provoca la reacción de la Coordinadora de Defensa del Litoral es el cierre la duna con una alambrada electrificada.El día 29 de mayo se convocó una nueva manifestación en la playa que congregó a unas mil personas. Enfrente se encontraron con guardas jurados e individuos de paisano armados de grandes palos pagados por Playa de Oyambre S.A. dispuestos para impedir que los manifestantes invadieran las dunas; y a la Guardia Civil. Paco Cascón relataba así los hechos en la revista “En pie de Paz”:

“Mientras unos grupos pequeños van quitando el alambre y las estacas, la mayor parte de la gente ocupa simbólicamente la duna en medio de la música de gaitas, pito y tambor. Particulares con palos y guardias contratados comienzan a golpear a la gente y a romper las lunas de los vehículos allí aparcados. Una vez pasados estos primeros momentos y cuando ya habían acabado los enfrentamientos y la gente se encontraba sentada pacíficamente en la duna, entra la guardia civil y, junto con los mencionados anteriormente, sin mediar palabra cargan violentamente, disparando pelotas de goma a escasos metros, propinando golpes, patadas, culatazos con los fusiles. etc. La gente aguanta pasivamente mientras puede, siendo desalojada de la duna y posteriormente de la playa, donde todavía recibe disparos; registrándose varios heridos graves: brechas en la cabeza, conmoción cerebral, hematomas diversos…”

La brutalidad de lo sucedido provocó una cascada pronunciamientos públicos apoyando la defensa de Oyambre (partidos políticos, Colegio de Arquitectos, Defensor del Pueblo, MOPU…) que llevó que a mediados de julio se suspendieran las licencias de construcción. Pero las denuncias sobre los 10 activistas todavía estaban pendientes en el juzgado.

Esta historia se podría acabar el 19 de febrero de 1988 con un final feliz, cuando el conjunto de Oyambre fue declarado Parque Natural por la Asamblea Regional de Cantabria. O mejor aún, cuando la Reina entregó el 3 diciembre de 1989 el “Premio Europa Nostra a la Protección del Patrimonio Arquitectónico y Natural” a la Asociación Oyambre Parque Natural. Sin embargo, desde entonces las amenazas sobre el Parque han sido continuas: por un lado, los intentos de reducir los límites del Parque Natural; por otro, las agresiones ambientales que ha sufrido que ha obligado a las asociaciones ecologistas a recurrir de forma continua a la justicia; y por último, el retraso en la aprobación de las figuras legales de protección del Parque. Solo recordar que el Plan de Ordenación de Recursos Naturales no fue aprobado hasta 2010, y que fue duramente criticado por ARCA que consideraba que el PORN «facilita esta brutal transformación del paisaje costero de Oyambre con el único propósito de que los constructores puedan sacar el máximo rendimiento edificatorio a los suelos urbanos y urbanizables» (El Diario Montañés, 03/06/2010).

Los primeros intentos de salvar a Oyambre de la especulación urbanística

  • En 1977 los técnicos de la Diputación Provincial de Santander redactaron un plan Especial de Protección de la Zona de Oyambre, finalmente rechazado por el Ministerio de Obras Públicas, siendo los primeros en intentar salvarla de la especulación urbanística

 

A principios de la década de los 80, los Servicios Técnicos de la Diputación Provincial de Santander estimaban que en el 80% de las playas ya se habían construido segundas residencias. Además, en esos años las promotoras inmobiliarias tenían previsto construir otras 17.000 viviendas de segunda residencia, fundamentalmente en las poblaciones costeras del oriente de Cantabria (Somo, Ajo, Noja, Isla…). En ese momento, el tramo de costa que se sitúa entre las rías de La Rabia y de San Vicente y que incluye las playas de Oyambre, Gerra y Merón, a pesar de las amenazas urbanísticas, permanecía prácticamente virgen.

La playa de Oyambre, que está a escasos cinco kilómetros de Comillas, aparece reseñada en la prensa de Madrid en 1882, con motivo de un paseo a caballo de Alfonso XII y su séquito por la playa. La citada villa se había convertido en un lugar de veraneo de la alta burguesía, lo que propició la presencia de los reyes.

“Ayer fue un día excepcional, por lo tranquilo que se deslizó para S. M. y las personas de su acompañamiento. Limitose el monarca a tomar su acostumbrado baño por la mañana, y a la tarde se dirigió a caballo por el camino de la Rabia, acompañado de los señores general Terrero, conde de Mirasol, jefe de la escolta señor Modín y D. Lorenzo Movellán, hasta llegar, después de vadeada la ría y de cruzar el monte, a la extensísima playa de Oyambre, cuya longitud excederá quizás de dos kilómetros. La fina y compacta arena de su suelo, de iguales condiciones que la de Comillas, favorece para que sin peligro puedan ejercitarse en ella los caballos. Tal fue el objeto que llevó a S. M. a tan risueño lugar, donde se hicieron pruebas de carreras, no infructuosas quizás si aquéllas se organizan para una fiesta hípica, como parecía ser el propósito del rey” (sic). (El Día, 11/8/1882, Madrid, página 2)

Cuarenta y dos años más tarde, su hijo Alfonso XIII acudía a inaugurar el campo que la Sociedad Real Golf Club Oyambre había construido en las inmediaciones de la playa.

“A las once y media llegaron los Reyes a Comillas. Fueron recibidos por las autoridades, quienes les acompañaron al Club Deportivo, cuya inauguración había de presidir D. Alfonso. Elogió el Monarca la instalación de las dependencias y felicitó al presidente de la Sociedad Real Golf Club Oyambre, propietaria del nuevo campo. El infante D. Jaime es presidente de honor de dicha entidad”. (El Sol, 22/8/1924, Madrid., página 3)

A partir de 1960, con el desarrollo del turismo de playa, el centro de atracción se desplazaría hacia San Vicente de la Barquera, que junto con Comillas y Suances concentraba la oferta hostelera de la costa occidental de Cantabria. Hasta finales de los años 70 este otro marco incomparable no atrajo la mirada de los promotores inmobiliarios, hecho que denunció en la prensa el Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria:

“Dicho conjunto natural, actualmente casi ‘virgen’, constituye uno de los parajes más bellos del litoral Cantábrico. En dicha área existen actualmente fuertes presiones para edificar y de hecho se han realizado ya varias edificaciones aisladas, que atentan gravemente contra los valores naturales del lugar”. (8/12/1978).

Para intentar detener la degradación que se estaba produciendo, la Diputación Provincial de Santander se vio obligada a tomar medidas: en 1977 inició la redacción de un Plan Especial de Protección de la zona; en el verano de 1978 suspendió las licencias de parcelación y edificación para paralizar las construcciones ilegales en la playa; y en 1980 aprobó provisionalmente y envió al Ministerio de Obras Públicas (MOPU) el Plan. Lo que no era esperable es que la Dirección General de Acción Territorial y Urbanismo del ministerio propusiera el 31 de julio 1981 la denegación definitiva del Plan Especial, dejando sin ninguna protección la costa.

Los intereses urbanísticos no tardaron en materializarse. Así, el 25 de enero de 1983, la Comisión Regional de Urbanismo aprobó el proyecto de la inmobiliaria Playa Oyambre S.A., con la pretensión de construir el “mejor camping de Europa: un «hotel en horizontal» sobre una superficie de 7.000 metros cuadrados” (Ver tribuna de Gonzalo Sainz de la Maza), dotado de 76 bungalows, una discoteca para dos mil personas, servicios comunitarios, restaurantes, viales para vehículos y un gran aparcamiento que ocuparían toda la superficie dunar. Meses después, la promotora solicitó el visado al Colegio de Arquitectos, requisito que fue denegado con fecha 10 de noviembre al contravenir la Ley del Suelo y el artículo 3º del Real-Decreto de 27 de agosto de 1982, que establecía que las construcciones fijas destinadas a alojamientos en terreno no urbanizable no eran propias de un camping.

Una vez comunicada la resolución a las autoridades locales, regionales y a la Delegación del Gobierno, se esperaba que el proyecto hubiera sido finalmente descartado. Sin embargo, la Consejería de Industria, Transportes y Turismo de Cantabria, en ejercicio de sus recién estrenadas competencias, rebajó el nivel de protección del suelo no urbanizable al permitir con el Decreto 4/84 de Ordenación de Campamentos Turísticos la construcción de instalaciones fijas para alojamiento hasta en el 10% de la superficie del camping. Eso sí, necesitaba la aprobación previa del Ayuntamiento y la Comisión Regional de Urbanismo.

Pero esta no era la única amenaza que se proyectaba sobre la zona. En la zona colindante con la playa de Oyambre estaba prevista la construcción de 22 chalets (Carroll Constructions LTD.); y para más inri, el Diario Montañés de 18 de enero de 1984 informaba de la presentación pública de un proyecto de puerto deportivo con 375 viviendas y locales que se construiría en el interior de la Ría de San Vicente, cuya polémica ha llegado hasta nuestros días.

Desde el mismo momento en que el Colegio de Arquitectos recibió la petición del visado encargó un estudio destinado a las autoridades políticas “con el ánimo de evitar en lo posible las consecuencias negativas e irreversibles de diferentes proyectos urbanísticos en tramitación y de establecer criterios de actuación en la franja del litoral”[i].  El documento fue elaborado por un equipo de científicos y profesionales de prestigio, entre ellos: Jesús Garzón Heydt, ecólogo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza; Michel Hines, geólogo de la Universidad de Oxford; Miguel Losada, catedrático de Puertos y director de la Escuela de Caminos de Santander; José Ortega, catedrático de Geografía de la Universidad de Santander; Dolores Belmonte y Enrique Francés, biólogos y profesores de las Universidades de Madrid y Santander, respectivamente; Rosa Martínez, catedrática de Ecología de la Universidad de Santander, y el Grupo de Estudios para la Ampliación de la Arqueología en Cantabria. La “Propuesta para la declaración de Espacio Natural Protegido: Oyambre”, fue enviada en mayo de 1984 a las autoridades regionales y el Parlamento, de los que no obtuvo respuesta. Curiosamente, sí recibió la atención de la “Conservation Foundation” ese mismo año, que le concedió al estudio el primer premio en la sección de conservación de la naturaleza y el patrimonio artístico.

Si hasta ese momento el razonamiento técnico y científico no habían sido suficientes para impulsar en el ámbito institucional la protección de la zona, la inminencia de que el proyecto consiguiera la licencia de construcción hizo que el problema saltara a la opinión pública y que pusiera en alerta a los grupos ecologistas, que tomarían la iniciativa en la defensa de Oyambre, consiguiendo un fuerte apoyo popular y, como veremos en el siguiente artículo, que la Asamblea Regional de Cantabria le declarara, por unanimidad, Parque Natural en 1988.

[i]Ruiz de la Riva, E.  (1987): Oyambre. Espacio natural. Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria, Santander.

Oyambre: la consolidación del movimiento ecologista en Cantabria

  • El movimiento ecologista se consolidó en 1985 con la lucha para proteger Oyambre de la especulación urbanística, pero sus orígenes hay que buscarlos algún año antes, en las movilizaciones contra Castro Novo y la Central Nuclear de Santillán, próxima a San Vicente.

 

Si se pudiera hacer una encuesta a las personas que en los años 80 participaron en el movimiento ecologista en Cantabria y se les preguntara cual fue para ellas el momento en que este se consolidó, seguramente la mayor parte nos hablaría de las movilizaciones para salvar Oyambre. Esto nos situaría entre 1985 y 1986, cuando fueron más intensas y mayor eco tuvieron en los medios de comunicación. Sin embargo, los orígenes del movimiento ecologista en la comunidad autónoma hay que buscarlos una década antes, cuando la movilización ciudadana tomó fuerza tras la muerte de Franco. Hasta ahora no ha habido muchos estudios que se hayan ocupado del tema; es como si un velo de olvido se hubiera tendido sobre sus luchas. En esta línea, cuando hacemos una búsqueda en internet sobre estos espacios (Oyambre, Marismas de Santoña, Dunas de Somo-Loredo, Saja-Nansa, Playa de la Arena, Las Llamas…) cuesta encontrar referencias a las movilizaciones que pararon o limitaron su destrucción ante el avance del “progreso”.

Con el grado de conocimiento que tenemos en este momento, podemos situar en 1977 el punto cero de las movilizaciones con trasfondo medioambiental. Fue en ese año, cuando la respuesta ciudadana contra el proyecto de urbanización de Castro Novo y contra la instalación de la Central Nuclear de Santillán (San Vicente de la Barquera) llegaron a la opinión pública. Esto no es contradictorio con que desde 1974 o 1975, las primeras asociaciones de vecinos empezaran a reclamar la urbanización de sus barrios (asfaltado, alcantarillado o zonas verdes). En definitiva, hacer las ciudades más habitables.

En enero de 1977, el periódico “La Ilustración de Castro” publicó una entrevista al arquitecto catalán Ricardo Bofill, en la que presentaba el proyecto de construir una ciudad residencial capaz de albergar a 25.000 personas en Castro Urdiales, cuyo fin último era descongestionar el Gran Bilbao. El proyecto llevaba fraguándose cinco años, en los que los promotores habían hecho una compra masiva de terrenos rústicos y contaban con la recalificación del Plan General y la futura construcción de la autopista entre Castro y Bilbao como valores de su inversión. El proyecto se denominó Castro Novo, y suponía una importantísima alteración en el paisaje urbano, con la pérdida de zonas de gran valor natural, además de no dar respuesta a los numerosos problemas que afectaban a la vida cotidiana de los castreños. El movimiento ciudadano de oposición a Castro Novo forjó el nacimiento de la organización política Izquierda Castreña Unida, que canalizó las movilizaciones populares y exigió la convocatoria de un referéndum en el municipio para que los vecinos decidiesen sobre el futuro de la urbanización. Tras dos años de asambleas populares, una marcha a pie hacia Santander y el inicio de una dramática huelga de hambre, el 11 de octubre de 1979 se aprobó la celebración del referéndum en un pleno municipal extraordinario. Dos meses después tuvo lugar la votación en la que el “no” logró la victoria con un 54% de los apoyos (Ver el artículo de Juantxu Bazán).

Prácticamente al mismo tiempo, la prensa se hizo eco de la oposición de los vecinos de San Vicente de la Barquera al proyecto de construcción de una central nuclear en Santillán. El 5 de marzo, la Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria (ADIC) programó un acto de presentación de su organización en San Vicente al que asistieron unos 1.000 vecinos. Dada la inquietud existente, el acto terminaría convirtiéndose en una manifestación de oposición a la central nuclear que tuvo como consecuencia la dimisión del alcalde. El rechazo se extendió a los 11 municipios cántabros y asturianos próximos a la central que firmaron un documento conjunto. La celebración de coloquios, manifestaciones y marchas tuvo una presencia ciudadana masiva. Incluso, la Asociación de Afectados por la Central Nuclear de Santillán llegó a participar en la creación de la Coordinadora Estatal Antinuclear (CEAN) que se celebró en Soria en el mes de mayo. El debate sobre la energía nuclear saltó a la opinión pública regional consiguiendo un apoyo de todas las fuerzas políticas y sindicales, salvo la de Alianza Popular y Unión de Centro Democrático. El proyecto fue aplazado y terminó por archivarse con la moratoria nuclear que el PSOE aprobó en 1984.

En este momento, los contados grupos ecologistas que conocemos estaban insertos dentro de otras organizaciones, como fue el caso del Colectivo Ecologista que funcionaba dentro de la CNT de Santander. Esta agrupación estuvo muy activa en la lucha antinuclear, llegando a convocar una manifestación el 18 de abril de 1979 en Santander, coincidiendo con la campaña contra el Plan Energético Nacional que estaba a punto de aprobarse en el Congreso de los Diputados.

Por otra parte, ADIC, tras las movilizaciones de San Vicente de la Barquera, se convirtió en un altavoz de “los problemas concretos” que afectaban a la región. En su II Asamblea General, celebrada en diciembre de 1977, se creó una comisión de ecología que capitalizaría las incipientes demandas de carácter medio ambiental. En 1979 denunció la contaminación del agua del abastecimiento urbano de Torrelavega por “gérmenes provenientes de la descomposición de materia orgánica del agua”, que se achacaba al vertido incontrolado que una granja del Valle de Iguña hacía al río Besaya. Esta denuncia provocó enfrentamientos con el Ayuntamiento y con la Diputación, que no querían reconocer el problema por la alarma social que se podía generar. Desde su boletín dio voz al colectivo ALSERCA, que denunciaba los rellenos de la Bahía de Santander; su apoyo fue fundamental para difundir entre la opinión pública la extracción de arena de las playas, destinada a la construcción. El 13 de junio de 1981 convocaron una protesta en Somo por la extracción de 1.344 toneladas diarias de arena de las dunas, que las constructoras llevaban haciendo desde al menos dos años y medio[1]. El negocio se completaba con la construcción de viviendas al borde mismo de la playa.

Ya en la primera mitad de los años 80 comenzaron a surgir asociaciones ecologistas con una vocación claramente conservacionista. Entre sus primeras reivindicaciones estaban la protección de especies como el acebo y el urogallo, o de espacios amenazados por la acción del hombre, como las marismas o los bosques autóctonos. En 1982 se crearon el Grupo Ecologista Cantabria (GEC) y la Confederación Ecologista de Campoo y Reinosa, que agrupaba a dos asociaciones de la comarca. Al año siguiente convocaron a través de la prensa (Diario Montañés y Alerta) una reunión dirigida a los grupos e individuos interesados en “coordinar esfuerzos en la defensa del medio ambiente cántabro”[2].

Pero fue en 1984 cuando se creó el mayor número de ellas, coincidiendo con la difusión informativa de los proyectos de construcción en Oyambre: Grupo para el Estudio y Defensa de los Ecosistemas Naturales (GEDEN) de Torrelavega; Asociación para la Defensa de Playas y Costas; Asociación Ecologista de Camargo; Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA), la mayor organización ecologista de Cantabria en número de socios que se mantiene con dicho nombre hasta la actualidad; Asociación Naturalista y Ecologista ALCARAVAN de Guarnizo (El Astillero); Grupo Naturalista de Castro Urdiales (GRUNAC); Grupo Ecologista de Cazoña, que surgió al socaire del Instituto de Enseñanza Media Torres Quevedo de Santander.

El periodista Alfonso Bourgón medía el aumento del interés social que había adquirido la protección de la naturaleza en Cantabria por el número de asociaciones que estaban en activo en octubre de 1985: “Un total de dieciséis organizaciones conservacionistas operan actualmente en la región. Este importante número indica, sin duda, un notable incremento del interés general y del grado de concienciación de la opinión pública de Cantabria, en todos aquellos aspectos relacionados con la protección del medio natural”[3].

Sin embargo, a estas alturas y tras el inicio de las movilizaciones para salvar las dunas de Oyambre de la especulación urbanística, se había hecho evidente la necesidad que tenía el fragmentado movimiento ecologista de coordinar sus acciones para la defensa efectiva de la naturaleza cuando se enfrentaban a grandes intereses económicos y a la pasividad de las administraciones. Así, tras la masiva manifestación en la playa de Oyambre del domingo anterior, nacía la Coordinadora de Defensa del Litoral el 23 de marzo de 1985. Emilio Carrera, miembro histórico de la coordinadora, la definió como “una amalgama de grupos conservacionistas, ecologistas, asociaciones ciudadanas, sindicatos y partidos (incluida ARCA que pronto declararía su autonomía, distanciándose de ella), muchos de los cuales desaparecerán o secundarán las iniciativas del núcleo estable de la organización”. En 1986 modificaría su nombre por el de Coordinadora de Defensa del Litoral y Tierras de Cantabria y, finalmente, por el de Coordinadora Ecologista Cántabra. A partir de 1987 empezó a participar en CAME (Coordinadora Asamblearia del Movimiento Ecologista).

Son muchos los hitos en los que el movimiento ecologista de Cantabria ha dejado su legado desde su consolidación en 1985 (la defensa de las marismas de Santoña, la oposición a la Presa de Riaño y a la de Vega de Pas, el parque de las Llamas, de la Playa de la Arena, el posicionamiento en contra de la construcción de incineradoras, la declaración del Parque Nacional de los Picos de Europa…) y por los que aún hoy continúa peleando para su defensa. Logros que la ciudadanía disfrutamos, ignorando el trabajo que unos cientos de militantes han desarrollado en la protección del medio ambiente, sin un reconocimiento social mayoritario e, incluso, contrariamente, experimentando en ocasiones la incomprensión y el rechazo cortoplacista de sectores de la población.

 

[1] Alegría, M (1990): Presencia e influencia de ADIC en la historia de Cantabria. Ediciones Tantín, Santander. Pág.169.

[2] ALERTA, 24 de agosto de 1983, y DIARIO MONTAÑES, 23 de agosto de 1983.

[3] Bourgon, A. (26/10/1985): “Dieciséis organizaciones conservacionistas operan en Cantabria”. El Diario Montañés.

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