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¿Es Santander un feudo electoral de la derecha?

Este artículo no pretende ser una tesis sobre el comportamiento electoral de los santanderinos pero sí, de alguna manera, matizar la muy extendida creencia de que la capital cántabra fue a lo largo de su historia reciente un feudo conservador.

Nuestro análisis parte de las últimas elecciones que tuvieron lugar durante la II República y que pusieron en litigio dos formas antagónicas de entender la política. Por un lado el Frente Popular de Izquierdas Montañesas que aglutinaba al Partido Socialista, Partido Comunista, Izquierda Republicana, Unión Republicana e Izquierda Federal. Por otro, el bloque derechista de la Candidatura Contrarrevolucionaria de Derechas reunía a los monárquicos alfonsinos de la Agrupación Regional Independiente y a miembros de Acción Popular (partido integrado en la Confederación Española de Derechas Autónomas, CEDA).

Como es sabido, las elecciones tuvieron lugar en Febrero de 1936 en un clima de elevada controversia favorecida por el papel determinante que jugaron los medios de comunicación locales. El Diario Montañés y la Voz de Cantabria se alinearon con las tesis más conservadoras y su visión tradicional de España, El Cantábrico intentaba guardar un dificilísimo equilibrio y La Región se situaba en la izquierda.

La victoria del Frente Popular en España, 47,01% frente al 45,08% de los votos según algunos historiadores, también se reflejó en Santander donde los candidatos de la izquierda obtuvieron casi diez puntos más que los derechistas, sin embargo, en el conjunto de la circunscripción electoral de la provincia vencieron los conservadores gracias a su influencia en el medio rural. Además de en la capital, el voto progresista se localizó en las zonas donde la industria y la minería eran mayoritarias. Reinosa, Los Corrales, Torrelavega, sur de la Bahía de Santander y la zona oriental, con la excepción de Santoña y Laredo.

De los siete diputados elegidos, cinco correspondieron a la derecha y dos al Frente Popular. Bruno Alonso, socialista, y Ramón Ruiz Rebollo, de Izquierda Republicana, fueron los elegidos.

Tendrían que pasar casi cuarenta años para que se volvieran a convocar elecciones generales. En este largo periodo de tiempo la población santanderina había sufrido una importante transformación. La reconstrucción de la ciudad tras el incendio de 1941 había expulsado del centro de la misma a las clases populares que habitaban allí desde el siglo XVII en beneficio de los hombres del régimen y de los especuladores. El Sardinero cambiaba su verde paisaje por nuevas residencias de segunda ocupación, el sector terciario iba dominando la economía urbana y al morir el Caudillo, los antiguos jerarcas franquistas creaban la reformista Unión de Centro Democrático (UCD) o se refugiaban en Alianza Popular (AP).

El gobierno de Suárez convocó elecciones en Junio de 1977 obteniendo una importante victoria con el 34,44% de los votos, seguido del PSOE con el 29,32%. En Santander, UCD obtuvo el 35,86% y los socialistas el 26,66%. Por detrás quedaron AP con el 16,50% y el PCE con el 6,61%.Una vez más el voto de los santanderinos no iba a diferir de los resultados del resto del Estado salvo en dos matices: AP doblaba sus resultados comparándolos con el porcentaje obtenido en toda España y el PSOE se quedaba a casi tres puntos de la media española.

En las elecciones generales de 1979 los parámetros no serían muy distintos, salvo en el ascenso de la derecha más dura, ahora bajo la denominación de Coalición Democrática, que iba a conseguir el 13,22% de los votos.

Sin embargo en las elecciones municipales del mismo año ocurrió un hecho que iba a marcar la política santanderina. En los comicios locales, la UCD y la Agrupación Independiente de Derechas obtuvieron entre ambas 13 concejales, por su parte la izquierda distribuida entre el PSOE, PCE y Partido del Trabajo de Cantabria tuvo 10 ediles y el Partido Regionalista de Cantabria 4 concejalías. En el pleno en el que se tenía que decidir la alcaldía el portavoz regionalista, Eduardo Obregón anunció la intención de los regionalistas de votarse a sí mismos, en contra de lo esperado por su propia trayectoria política de opositor al franquismo y candidato al Senado en las elecciones generales de 1977 como independiente dentro de Senadores por la Democracia que agrupaba a los partidos de izquierda y de la democracia cristiana, como se puede apreciar en el cartel que preside este documento del mes; con lo cual el Ayuntamiento de Santander pasaba a estar encabezado por Juan Hormaechea Cazón, candidato de UCD y protagonista de la política local y regional durante los años sucesivos.

El arrollador triunfo socialista en 1982 no tuvo un gran reflejo local dada la escasa distancia porcentual entre socialistas y populares, hecho que se repetiría en las elecciones de 1986. Desde entonces hasta las últimas elecciones, la formación conservadora ha resultado vencedora en las elecciones generales, autonómicas y locales en la ciudad de Santander.

Las causas de este auge de la derecha y declive de la izquierda son complejas, aunque en nuestra opinión hay una serie de factores determinantes, tanto económicos como políticos. Respecto de los primeros hay que señalar el desmantelamiento del tejido industrial y la casi total desaparición del sector secundario, con la consecuente pérdida de población obrera, en el cual la política de reconversión llevada a cabo por los gobiernos socialistas tuvo un indudable protagonismo. Otro elemento añadido es el interés, fomentado desde la alcaldía y el gobierno regional, en que la ciudad se convirtiese en un centro turístico, alentando la especulación urbanística sin reparar en la salvaguarda del escaso patrimonio histórico. Por último, la adopción desde los centros de poder económico de una política neoliberal ha puesto y sigue poniendo en peligro la seguridad en el empleo. En resumen, el objetivo final ha sido convertir la ciudad en un centro de servicios, sin demasiados matices.

El progresivo distanciamiento con su base social y electoral por parte del PSOE, las luchas internas entre los distintos grupos, el descrédito del movimiento sindical motivado por errores propios y aprovechados por la propaganda conservadora, una juventud obligada a emigrar ante la falta de oportunidades y el voto regionalista en las elecciones generales son algunos de los factores que han determinado el resultado de los últimos procesos electorales en Santander.

Santander, una víctima más de la gran recesión y del fracaso de las políticas conservadoras, exige a la izquierda un proyecto ilusionante que vaya más allá del turismo veraniego y que devuelva a la ciudad su vigor económico y social. El próximo año hay nuevas elecciones. Veremos.

 

LUCHA OBRERA EN TIEMPOS DE CRISIS. LA HUELGA DE LAS MINAS DE HIERRO DE CAMARGO ENTRE 1931 Y 1934

Al profesor e historiador Vicente Fernández Benítez (1953-1998),

pionero en Cantabria en hacer una historia de todos y con todos.

 

“Cuatrocientos obreros mina Camargo, huelga convertida actualmente paro forzoso por acuerdo Empresa inglesa cerrando aquella, hállanse muy precaria situación, presentándose hoy manifestación petición de auxilios. Poderes públicos que respetuosamente me permito apoyar. Sería suma conveniencia gestionar de ministerio de Fomento urgente resolución expediente traída aguas Camargo. Ruego para todo interés vuecencia, saludo respetuosamente”

Este es el texto del telegrama que el Gobernador civil de la entonces Provincia de Santander, José María Semprún Gurrea, envió a los ministros de Fomento y de Trabajo, el 21 de septiembre de 1931. Horas antes, un grupo de unos doscientos mineros provenientes de Camargo (de la mina de hierro La Paulina) se había manifestado pacíficamente por las calles de Santander al tiempo que una comisión de trabajadores mantenía una reunión con el mencionado Gobernador para que perseverase en su papel mediador y propiciara la vuelta a la normalidad, algo que aún tendría que esperar al pie de veintinueve meses, casi dos años y medio para producirse.

En Cantabria la actividad minera empezó a adquirir cierta relevancia dentro de la estructura económica regional a partir de la década de 1850. Treinta años después ya constituía una firme alternativa frente a la actividad comercial, en crisis por aquellos años. Los minerales en los que se basaba la potencialidad del sector eran, por una parte, el cinc, sobre el que existía una fuerte concentración productiva y empresarial a cargo de la empresa belga Real Compañía Asturiana de Minas y, por otra, el hierro, que se extraía en la mina objeto de este documento.

Los principales yacimientos de hierro se localizaban en dos áreas próximas a la costa. La primera se ubicaba en la comarca de Castro Urdiales, colindante con los ricos criaderos vizcaínos de Somorrostro, con los que geológica e históricamente se haya vinculada. El otro gran grupo ocupaba la zona sur y suroeste de la Bahía de Santander en municipios como Medio Cudeyo, Entrambasaguas, Penagos, Villaescusa, Piélagos o Camargo, que en mayor o menor volumen concentraban la extracción del mineral.

La mina de hierro La Paulina, cuya explotación se remonta a 1865, había sido adquirida en 1886 por la sociedad escocesa William Baird and Company, con sede en Glasgow, a un grupo de capital santanderino. El fundamento de la transacción obedecía a factores como la proximidad del yacimiento al puerto de embarque (lo que minoraba las inversiones en infraestructuras y costos de transporte), el escaso contenido fosfórico del mineral, idóneo para el proceso de transformación, la explotación a cielo abierto o el bajo coste de la mano de obra. El periodo que va desde finales del siglo XIX hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial es el de mayor esplendor de la actividad no solo en Camargo sino también en el ámbito de la Bahía de Santander.

La fase expansiva de la minería del hierro en Cantabria tocó a su fin hacia 1920 motivada por el retraimiento de la demanda debida a la crisis que siguió a la Gran Guerra, la puesta en explotación de otras zonas que ofertaban el mineral a menor precio (por ejemplo, en el norte de Marruecos), el desarrollo de nuevos procedimientos tecnológicos, el progresivo agotamiento de las mejores vetas del mineral, la carestía de los transportes marítimos, etc.

La posterior crisis de 1929, una vez que extendió sus efectos por todo el mundo, constituye el telón de fondo del conflicto desencadenado en la mina de Camargo. De hecho, la caída de los precios del mineral de hierro y la vinculación a la industria británica, destinataria de la producción, afectaron decisivamente a la actividad de esta explotación.

La II República abrió un tiempo en el que las de reivindicaciones de los trabajadores encontraron un marco político y de libertades más propicio. El aumento de la conflictividad motivada por la demanda de mejoras laborales y salariales fue un hecho tanto en el ámbito territorial próximo (Valle de Camargo, entorno de la Bahía de Santander) como en el sectorial (actividad minera e industrial).

A comienzos del verano de 1931, los trabajadores habían pedido un aumento de salario de quince céntimos (de peseta), sobre las 5,92 pesetas que constituía el sueldo diario tipo de los mineros camargueses, en la idea de homologarse con los de las explotaciones vizcaínas, petición que ya había sido objeto de acuerdo el año anterior y que no se había consolidado, tal y como señala el Profesor Gerardo Cueto en su obra “La minería del hierro en la Bahía de Santander”.

A la inexistencia de contraofertas por parte de los ingleses, que es como se identificaba y conocía en la zona al personal directivo de la entonces denominada Bairds Mining, se añadió el anuncio de cierre patronal, escudado en la existencia de grandes excedentes de producción. Los obreros se vieron abocados a un callejón cuya única salida pasaba por la adopción de una medida de mayor fuerza, por anticiparse al decreto patronal, por lo que el 11 de agosto de 1931 se declararon en huelga.

El conflicto afectó a unos 400 trabajadores del municipio de Camargo y de localidades próximas. Su gravedad fue tal que los poderes públicos, encabezados por el Gobernador Civil y el propio Ayuntamiento de Camargo se involucraron desde un principio en la búsqueda de soluciones. La acción y las negociaciones por el lado de los obreros se articuló a través de la Sociedad Minera y Obrera del Valle de Camargo, adscrito a la UGT.

Una de las características más acusadas de esta huelga reside en su larga duración. A la hora de encontrar posibles explicaciones a tal hecho, cabe preguntarse por los medios de vida que tuvieron los trabajadores para contribuir al sostenimiento de las precarias economías familiares durante este tiempo. No parece haber una única respuesta a esta cuestión; la existencia de un modelo relativamente extendido de pluriactividad familiar, resultado de la incorporación del campesinado a la actividad minera e industrial, propició que los recursos agrícolas, a pequeña escala, pudieran amortiguar los primeros efectos de la falta de salario. Aquellos trabajadores que poseían una explotación ganadera, aunque fuera reducida, pudieron soportar mejor el paso del tiempo. En otros casos, no muchos, la solución fue buscar trabajo en otra industria. Pero sin duda, el colectivo más numeroso fue el de los trabajadores que fueron recabados por el Ayuntamiento para la realización de infraestructuras básicas: construcción de caminos y carreteras, arreglo de edificios públicos y, sobre todo, la traída de aguas, en la que participaron fundamentalmente los parados de la mina empadronados en el municipio de Camargo.

Pero, a pesar de todo, la penuria fue notable. El Cantábrico, diario de la época, recoge escenas en las que algunos de los que no consiguieron una ocupación alternativa, se vieron abocados a deambular por las carreteras, “con los pies descalzos y heridos, pidiendo un pedazo de pan para los suyos”.

Pasaban las semanas y pasaban los meses, y aunque las vías de diálogo no se llegaron a bloquear, la postura de intransigencia total por parte de la Bairds Mining hacía imposible cualquier entendimiento. La empresa era perfectamente consciente de que el tiempo corría a su favor; de hecho, en las negociaciones mantenidas, mientras los representantes del sindicato hacían concesiones y ofrecían contrapartidas, la compañía, a través de su representante, Modesto Piñeiro Bezanilla (hijo de Modesto Piñeiro  Pérez, fundador de una conocida dinastía santanderina dedicada a los negocios comerciales y a la política), se escudaba en la crisis mundial y en las grandes cantidades de mineral almacenadas, sin salida, para no ceder en absoluto. Así las cosas, el corresponsal de El Cantábrico se preguntaba si “¿No pudiera ser que la empresa desease un conflicto de estos que sirviese de pretexto para resolver el suyo propio?

La huelga, tras casi 30 meses, ya agotadas las posibilidades de resistencia, terminó con la derrota total de los mineros y de su representación. El sindicato se avino con la empresa a la progresiva recuperación de la actividad sin haber logrado ninguna mejora. Incluso la compañía consiguió elegir a los cuarenta obreros que acometerían los trabajos de reparación y puesta a punto de las instalaciones, cuestión ésta a la que los representantes de los trabajadores se habían negado taxativamente en las negociaciones desarrolladas a lo largo del conflicto, por entender que “los ingleses” escogerían a los trabajadores más dóciles, ofreciendo como alternativa que fueran obreros afiliados al sindicato los que llevaran a cabo dichas tareas.

 

Poco tiempo después se renovaba la Junta del Sindicato Minero del Valle de Camargo. Por testimonios orales conocemos que no por haber perdido la huelga se dejaron de demandar mejoras en las condiciones de trabajo, tales como la construcción de un comedor, que el día de cobro se trabajase un cuarto de hora menos para ir a por el jornal a la oficina o que la compañía dispusiera un caballista y un mulo para renovar el agua de los barriles que bebían los trabajadores, que anteriormente estaba depositada allí días y días. La reivindicación de estas cuestiones tan elementales constituye una muestra de las precarias condiciones en las que se desarrollaba la actividad laboral, al tiempo que denota el talante mezquino de la compañía británica.

Así pues, el conjunto de obreros de la mina La Paulina protagonizó un duro y claro ejemplo de lucha en una situación de crisis del sector, en unas condiciones y circunstancias, por lo tanto, sumamente adversas para ellos. Una primera lectura apunta a la derrota de los trabajadores y al fracaso de la estrategia sindical, pero esto no es incompatible con la interpretación de que la inflexibilidad mostrada por la empresa, más que un signo real de fuerza, constituyó la demostración de que los buenos tiempos de la minería del hierro habían pasado y que el futuro se perfilaba bastante incierto. El cierre, en 1941, y la venta a la sociedad regional Nueva Montaña Quijano, cinco años más tarde, no supusieron en definitiva más que el colofón a un negocio que después de la crisis del 29 ya no resultaba suficientemente rentable para el capital británico. La memoria y recuerdos de quienes vivieron y, en muchos casos, padecieron aquellos años, son testigos de aquel tiempo.

Las minas de Camargo cesaron su actividad definitivamente a principios de la década de 1980, tras protagonizar sus trabajadores un encierro y huelga de hambre en la catedral de Santander, en el mes de agosto de 1981, ante el incumplimiento de Nueva Montaña Quijano del acuerdo de integración de la plantilla (54 trabajadores) en su factoría siderúrgica.

 La fotografía que ilustra estas palabras corresponde a la antigua sede del Centro Obrero y Minero de Camargo, construido por los trabajadores de la mina La Paulina en el año 1911. Se encuentra en al lado de la carretera que une los pueblos de Camargo y Escobedo.

 

OTAN, de entrada NO, o las piruetas del Poder.

“Nuestro partido no asume la decisión de integrarse en la OTAN, y, por consiguiente, estará en contra de la misma, con las consecuencias históricas que tenga mantener una coherencia lógica entre lo que decimos y lo que pensamos hacer”.

Este discurso, manifestado por Felipe González, secretario general del Partido Socialista Obrero Español, el 6 de octubre de 1981 en la Comisión de Exteriores del Parlamento era el que marcaba la pauta de los planteamientos que dicho partido se arrogaba entonces respecto a la cuestión de la pertenencia de España a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Claro que, en aquellos momentos, ni Felipe González ni su partido tenían aún responsabilidades de gobierno.

Claro que entonces, el PSOE de Felipe González, el que había salido del Congreso de Suresnes cambiando su orientación política, presumía (como sigue haciendo por otra parte, aunque cada vez con menos éxito, en cuanto se encuentra en el congelador de la oposición) de ser el líder abanderado de la izquierda española.

Lo cierto es que España ya se encontraba vinculada con la Alianza Atlántica desde 1953, fruto de los acuerdos bilaterales del régimen franquista con Estados Unidos. Y de hecho el país americano había intentado la consolidación de este ingreso en mayo de 1975, aunque su propuesta fue rechazada por el resto de los países aliados argumentando la ausencia de democracia en el estado español.

No obstante fue, una vez fallecido Franco, cuando los gobiernos de UCD solicitaron y obtuvieron, pese a la oposición manifiesta de todo el arco de izquierda de la política española y gran parte de la población, la adhesión a la alianza defensiva occidental.

En octubre de 1981, fecha en la que se enmarca la cita del secretario general del partido socialista que inicia este artículo, se producen los debates previos en el parlamento español. Alianza Popular, Unión de Centro Democrático y los nacionalistas vascos y catalanes apoyan la propuesta de adhesión mientras que las fuerzas de izquierda se oponen a la misma. No obstante, el 30 de mayo de 1982, bajo el gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo y tras el quebranto moral que supuso la intentona golpista de febrero de 1981, España  se convierte en miembro de pleno derecho de la OTAN.

Sin embargo, meses después, en octubre de 1982, el Partido Socialista Obrero Español se alza con la victoria en las elecciones generales por mayoría absoluta, lo cual en el imaginario de la población con ideología progresista debía suponer la salida inmediata del Tratado Atlántico.

Felipe González, máximo dirigente del partido vencedor y próximo presidente de gobierno, había manifestado en reiteradas ocasiones su notoria negativa a la adhesión de España y su deseo de que se realizara un referéndum “por respeto a la opinión pública”, llegando a señalar que “del mismo modo que hemos dicho ‘de entrada, no’ estamos dispuestos a decir ‘de salida, si” (el documento que ilustra esta crónica es precisamente la reproducción de una octavilla que el PSOE lanzó en 1982 con su famoso “OTAN, de entrada NO, y que la Asamblea para la Paz y el Desarme reeditó posteriormente, dentro de la campaña para exigir al Gobierno de Felipe González la convocatoria del Referéndum. En ella se concluía: “Los riesgos de ingresar en la OTAN son evidentes; la cesión de soberanía que conlleva, también. Ninguna persona responsable puede negar la trascendencia de esa decisión, que afecta directamente a la vida de 36 millones de ciudadanos… Por eso, nos amparamos en la Constitución y exigimos la celebración de un Referéndum, cuyo resultado respetaremos como demócratas”).

Lo que ocurrió más tarde, ya con el PSOE gobernando, debería incluirse en los anales de la práctica política inconsecuente o, a mayores, en algún tratado sobre el “misterio bufo”.

No se sabe muy bien si al ejecutivo socialista le dio un ataque extremo de responsabilidad gubernativa, si las presiones fueron tremendas e insoportables, si tuvo alguna revelación divina, si se abrió un futuro personal para algunos imposible de rechazar o si, como se dijo en su momento, a los socialistas les vincularon la permanencia en la OTAN con su aspiración de acceso a la Comunidad Económica Europea. El caso es que el Partido Socialista Obrero Español cumplió a las mil maravillas con el dicho carpetovetónico de que “donde dije digo, digo Diego”. Además, en el colmo de lo prodigioso y como muestra de que hay que saber colocarse en el panorama mundial, pasando el tiempo, como ejemplo del “trabajo bien hecho”, dispuso en sus filas del primer español, socialista él, nombrado Secretario General de la OTAN, en la persona del ex ministro Javier Solana, que ostentó el cargo entre 1995 y 1999.

El miércoles, 12 de marzo de 1986, casi tres años y medio después de haber ganado las elecciones, lo cual expresa a las claras la ausencia de interés gubernativo por cumplir con su promesa, y tras numerosas manifestaciones por parte de los grupos anti-OTAN exigiendo su cumplimiento, se celebró el referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN al que el gobierno se había comprometido, sin embargo su postura (y la del partido político que lo apoyaba) era completamente distinta a la que había mantenido mientras estuvo en la oposición. Y en aras de esta transfiguración puso toda su maquinaria a funcionar. No ahorró detalle. Desde el chantaje que suponía la promesa de dimisión de Felipe González como presidente de gobierno, lo cual dejaba en el aire una amenaza de debacle en el futuro del país, hasta un estudio pormenorizado de las preguntas que se iban a realizar en la consulta, de tal modo que fueran lo suficientemente convincentes para arrimar el ascua a las nuevas pretensiones socialistas. En este cambio de traje, el PSOE, que antes había afirmado que la OTAN albergaba dictaduras como las de Grecia, Portugal o Turquía, no tenía sonrojo después en decir que reunía a países genuinamente democráticos.

Durante la campaña aparecieron en los periódicos cartas firmadas por personalidades mediáticas proclives a la permanencia, tales como Jaime Gil de Biedma, Rafael Sánchez Ferlosio (que luego tuvo el buen gusto de arrepentirse), Amancio Prada, Juan Marsé, Luis Antonio de Villena, Blanca Andreu, Santos Juliá, José María Guelbenzu, José Miguel Ullán, Assumpta Serna, Alvaro Pombo, Adolfo Domínguez, Sancho Gracia, etc. Incluso el ínclito periodista deportivo José María García, entonces mayoritariamente seguido por las mesnadas futboleras de este país, aprovechó su aparición en un programa televisivo de máxima audiencia para hacernos partícipes, sin venir a cuento, de su posición favorable a las tesis del gobierno.

Mientras tanto, y durante los años que transcurrieron entre el decreto firmado por UCD para la entrada de España en la OTAN y la celebración del referéndum prometido por el PSOE, los movimientos sociales y las fuerzas políticas que, al margen de la pirueta socialista, se habían mantenido contrarios al citado organismo de defensa, continuaron realizando protestas y manifestaciones que de forma sistemática desembocaban, no sólo en una alta participación, sino también en un porcentaje muy mayoritario de opiniones favorables a la salida de España del Tratado del Atlántico Norte.

Sin embargo, el resultado de la consulta de 1986, para decepción de muchos y tranquilidad de otros, supuso un durísimo varapalo, hundiendo en cuantiosos aspectos a las fuerzas progresistas en una preocupante atonía que se prolongó durante muchísimo tiempo. No obstante, es de rigor señalar que, a pesar del desencanto, el trabajo realizado permitió poner en contacto y colaborar a partir de entonces a numerosos grupos, que ampliaron sus reivindicaciones a otros aspectos de la lucha diaria, desde el antimilitarismo a la solidaridad o los derechos laborales, tal como señala el cántabro Comité de Solidaridad con los Pueblos en su libro “Internacionalismo en Cantabria. 1979-2008”.

Un hecho paradigmático del momento y de las sensibilidades que ocasionó la derrota fue también el nacimiento de Izquierda Unida a partir del reconocimiento y sintonía de diversas corrientes, tendencias y partidos opositores al organismo militar occidental.

El referéndum para la salida de España de la OTAN, como hemos adelantado, tuvo un resultado más o menos sorprendente, dada la inequívoca tendencia  que hasta poco antes había tenido la opinión pública hacia una posición contraria a la permanencia. Este guión se mantuvo en la totalidad de las provincias del área de Cataluña, País Vasco y Navarra, que votaron en contra, pero en el resto de las provincias españolas, salvo en el notable caso de Las Palmas de Gran Canaria en el que el voto contrario a la OTAN fue superior al voto favorable en 50.000 papeletas, el vuelco en favor de los nuevos argumentos del PSOE fue claro.

En Cantabria acudieron a las urnas 239.938 votantes, de los cuales 140.251 votaron a favor y 79.031 en contra, habiendo 17.609 votos en blanco y 3.047 nulos, siguiendo la tónica general del país. En total, en el Estado, hubo una participación del 59,42 %, con un 52,5 % de votos favorables, un 39,85 % de votos en contra y un 6,54 en blanco.

A día de hoy las tres condiciones propuestas por el gobierno socialista, la de no incorporación a la estructura militar, la de la prohibición de instalar, almacenar o introducir armas nucleares en territorio español y la de la reducción progresiva de la presencia militar de Estados Unidos en España, han sido palmariamente incumplidas por los diferentes gobiernos que se han ido sucediendo.

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