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Por un relato democrático del Caso Almería

La memoria es dignidad

Marcos Ana

La fotografía que ilustra el texto corresponde al barranco de Gérgal, en el desierto de Tabernas, lugar elegido por los guardias civiles implicados en el Caso Almería para escenificar, de madrugada, un delirante intento de huida de Luis Cobo, Juan Mañas y Luis Montero, tres jóvenes trabajadores que residían en Cantabria y que se habían desplazado a Pechina para asistir a la primera comunión del hermano pequeño de Juan y que habían sido detenidos horas antes; en realidad se trató de un montaje para eliminar indicios incriminatorios de las torturas y asesinatos cometidos. En 1981 no se había construido aún el tramo de la autovía A-92 que se aprecia en la imagen (se inauguró en el año 2001), por lo que nos encontramos en una paraje solitario, apropiado para el fin que se perseguía. En este lugar, hoy próximo a la salida 388 de la citada autovía, se reúnen cada 10 de mayo familiares, amigos y miembros de sociedad civil para rendir homenaje a las víctimas y tratar de que el crimen no caiga en el olvido.

Sin embargo, en el relato de los acontecimientos, en el qué y el cómo de los hechos, con demasiada frecuencia se sigue colocando un elemento que distorsiona absolutamente lo sucedido y sus implicaciones posteriores. Hablamos del error, la confusión, el equívoco

El argumento del “trágico error” o la “confusión reiterada” fue utilizado por el Ministro de Interior del momento, Juan José Rosón, como elemento causal que dio lugar a todos los acontecimientos posteriores. Ciertamente y para desgracia de la verdad, la expresión ha hecho fortuna. Y no, no puede ser. Se trata de una tergiversación de la historia que el error, la confusión, la equivocación constituyan uno de los elementos capitales del caso Almería. El relato del Caso Almería que perdure en nuestra sociedad no puede incluir una distorsión que atenúe la extrema gravedad de lo sucedido. El error es un factor de azar, un atributo que nada tiene que ver en este caso con la tortura y asesinato de tres jóvenes bajo custodia. La obcecación criminal del teniente coronel Castillo Quero le hizo sostener en el juicio al que fue sometido que lo volvería a hacer. Porque para él no hubo ningún error en ejecutar a tres asesinos etarras, delincuentes comunes, o lo que, según su criterio, fueran aquellos tres jóvenes que cayeron en sus dominios.

Lejos de abandonar esta línea argumental, el último espacio informativo de difusión general que ha tratado el Caso Almería, el programa de La Sexta “¿Dónde estabas entonces?”, dedicado al año 1981 y emitido el 14 de diciembre de 2017, la reitera. Bajo la dirección de Itziar Bernaola, Ana Pastor comenzaba la locución centrando el tema: “Hay historias que están por escribir y otras que se interrumpieron de forma inesperada. Aquel mes de mayo del 81 se sucedieron las malas noticias. Tres jóvenes viajaron desde Santander hasta Almería para asistir a la primera comunión del hermano de uno de ellos. Nada les hizo pensar que en ese viaje perderían la vida por una terrible confusión”.

El planteamiento del trágico error o de la confusión como titular del Caso Almería convierte lo circunstancial en sustantivo. Llevando la premisa al absurdo también podemos concluir que la causa de todo fue la avería del coche que les transportaba desde Santander o convertir al ciudadano que creyó reconocer en ellos al comando etarra que había asesinado brutalmente en Madrid el 9 de mayo de 1981 a Guillermo Tebar, Manuel Rodríguez y Antonio Nogueras y dejado gravemente herido al teniente general Joaquín Valenzuela y que llamó a la guardia Civil, como el origen de lo sucedido. No, el peso del error finaliza un segundo después de ser detenidos. A partir de ese momento, ya bajo custodia, comienza lo irregular, lo arbitrario, las prácticas criminales: el horror. No hay una línea razonable y coherente que en un estado democrático conduzca de una detención errónea a la tortura y al asesinato.

Volvemos en este punto a recordar un fragmento de lo escrito por Jorge M. Reverte en la tribuna de El País titulada “Almería”, publicada el 12 de abril de 1994: “…Dicen los cronicones que Castillo Quero mandó torturar y asesinar a unos jóvenes porque los confundió con etarras. ¿El crimen de Castillo Quero fue, entonces, confundirlos? ¿Si hubieran sido etarras sería menos crimen torturar y asesinar a unos chavales? Nos podemos confundir mucho. El crimen es el mismo en cualquiera de los casos. Castillo Quero torturó y asesinó a unos jóvenes…”. Convendría que periodistas, documentalistas, historiadores, etc. no olviden el sentido y trascendencia de estas palabras cuando elaboren programas o escriban retrospectivas sobre el tema.

El otro elemento fundamental que ha contribuido a fijar en la sociedad un relato distorsionado de los sucesos fue, sin duda, el desarrollo del juicio por el Caso Almería y la sentencia dictada.

Se presupone que el juicio debería haber aportado luz y habernos acercado a la verdad de lo sucedido para condenar a todos los culpables y aplicado una pena proporcional a los crímenes cometidos. Nada de esto sucedió. Treinta y seis años después de su celebración sigue pareciendo un elemento necesario que contribuyó a no disipar la niebla que interesadamente se  extendió sobre los sucesos. Si como en todo juicio los objetivos fundamentales eran probar unos hechos, tipificarles, aplicar los fundamentos de derecho y dictar sentencia en función de las peticiones de las partes y el fiscal, el empeño fue una pura frustración.

La lectura hoy de las crónicas periodísticas del juicio produce, 36 años después de que tuviera lugar, indignación e impotencia. Es un hecho evidente la desigual correlación de fuerzas que se planteó desde un comienzo en la sala y fuera de ella. Las presiones y coacciones de todo tipo fueron extraordinarias, como bien puede dar testimonio el abogado de la acusación, Darío Fernández. Se intoxicó con falsedades a medios de comunicación y opinión pública. Periodistas como Melchor Miralles sufrieron amenazas contra su integridad física…

Para empezar, la instrucción del sumario fue deficiente, por no hablar de la fiabilidad de las pruebas forenses. Ya en el juicio, las contradicciones de los testimonios aportadas por los encausados, la inconsistencia de su relato, la destrucción o desaparición de documentos y pertenencias de las víctimas y la evidente colocación de pruebas falsas motivaron la petición de reconstrucción de los hechos por parte del abogado de la acusación. A pesar de todo ello, el fiscal y la presidencia de la sala no la consideraron necesaria. Este elemento y que se diera por buena la práctica totalidad de la versión de los procesados fue capital a la hora de emitir el fallo.

Bien por estrategia, bien porque el juicio no se atuvo completamente al desarrollo que habían previsto, incluso los abogados de los tres guardias civiles cambiaron la petición de absolución inicial por la de homicidio en la exposición de conclusiones, acercándose así a la tipificación de la fiscalía. No por ello aminoraron en su empeño de condicionar y amedrentar al Tribunal, valgan como muestra dos intervenciones efectuadas en la fase de conclusiones: “Sois un Tribunal civil pero debéis juzgar teniendo en cuenta normas de tipo militar, porque la ley os obliga a ello” o, de forma más chusca “66.000 compañeros de los procesados esperan con ansiedad vuestra sentencia, convencidos de que en su comportamiento los procesados actuaron lealmente como guardias civiles y esperan que así lo reconozcáis”.

Si, ya de entrada, únicamente fueron juzgados tres de los once guardias civiles que participaron en los hechos que condujeron a la muerte de los tres jóvenes, la sentencia se situó en un punto medio entre la petición del fiscal y las de las defensas al aceptar dentro de la calificación de homicidio las eximentes parciales de cumplimiento del deber (teniente coronel Castillo Quero) y obediencia debida (sus subordinados Gómez Torres y Fernández Llamas). El juicio se cerró así en falso, por lo que los sentimientos de dolor, angustia e impotencia han anidado desde entonces en las familias de las víctimas. De ahí la certera afirmación del valiente periodista y profesor universitario, Antonio Ramos Espejo, de que el Caso Almería es un caso cerrado para la justicia y abierto para la Historia.

La actuación de la Guardia Civil como institución dejó mucho que desear a lo largo de todo el proceso. Su alineación con los encausados y condenados fue más allá del corporativismo y llegó al cuestionamiento de la honorabilidad de las víctimas y al intento de deteriorar las relaciones entre las familias de los asesinados, lo que no consiguieron. La dilación en el cumplimiento de las sentencias, las condiciones en las que se desarrollaron e incluso la utilización de fondos reservados son únicamente explicables a partir del deficiente desarrollo democrático de las instituciones y el contexto político de aquellos años.

La Guardia Civil como institución haría bien en pedir perdón de forma expresa a las familias. No hacen falta cámaras de televisión. Han pasado casi 40 años y hay posiciones que no deberían mantenerse por más tiempo. Como puede leerse en la página oficial de la Guardia Civil: “El honor es un conjunto de obligaciones que, de no cumplirse, hacen que se pierda”. ¿Son solo palabras de un lema?

Actos de homenaje como el que se van a celebrar el 10 de mayo en el Parlamento de Cantabria y declaraciones institucionales como la del Ayuntamiento de Santander de mayo de 2016 o la propia del Parlamento cántabro, unidas a la posibilidad que abre la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía (y esperemos que próximamente la de Cantabria) de su reconocimiento como víctimas, constituyen contribuciones necesarias y valiosas para la restauración de la justicia y el derribo del “muro de silencio”, en expresión de Reyes Mate. Igualmente necesaria e imprescindible es la reforma de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, para que personas como Luis Cobo, Juan Mañas, Luis Montero y tantos otros, tengan cabida.

¿Es Santander un feudo electoral de la derecha?

Este artículo no pretende ser una tesis sobre el comportamiento electoral de los santanderinos pero sí, de alguna manera, matizar la muy extendida creencia de que la capital cántabra fue a lo largo de su historia reciente un feudo conservador.

Nuestro análisis parte de las últimas elecciones que tuvieron lugar durante la II República y que pusieron en litigio dos formas antagónicas de entender la política. Por un lado el Frente Popular de Izquierdas Montañesas que aglutinaba al Partido Socialista, Partido Comunista, Izquierda Republicana, Unión Republicana e Izquierda Federal. Por otro, el bloque derechista de la Candidatura Contrarrevolucionaria de Derechas reunía a los monárquicos alfonsinos de la Agrupación Regional Independiente y a miembros de Acción Popular (partido integrado en la Confederación Española de Derechas Autónomas, CEDA).

Como es sabido, las elecciones tuvieron lugar en Febrero de 1936 en un clima de elevada controversia favorecida por el papel determinante que jugaron los medios de comunicación locales. El Diario Montañés y la Voz de Cantabria se alinearon con las tesis más conservadoras y su visión tradicional de España, El Cantábrico intentaba guardar un dificilísimo equilibrio y La Región se situaba en la izquierda.

La victoria del Frente Popular en España, 47,01% frente al 45,08% de los votos según algunos historiadores, también se reflejó en Santander donde los candidatos de la izquierda obtuvieron casi diez puntos más que los derechistas, sin embargo, en el conjunto de la circunscripción electoral de la provincia vencieron los conservadores gracias a su influencia en el medio rural. Además de en la capital, el voto progresista se localizó en las zonas donde la industria y la minería eran mayoritarias. Reinosa, Los Corrales, Torrelavega, sur de la Bahía de Santander y la zona oriental, con la excepción de Santoña y Laredo.

De los siete diputados elegidos, cinco correspondieron a la derecha y dos al Frente Popular. Bruno Alonso, socialista, y Ramón Ruiz Rebollo, de Izquierda Republicana, fueron los elegidos.

Tendrían que pasar casi cuarenta años para que se volvieran a convocar elecciones generales. En este largo periodo de tiempo la población santanderina había sufrido una importante transformación. La reconstrucción de la ciudad tras el incendio de 1941 había expulsado del centro de la misma a las clases populares que habitaban allí desde el siglo XVII en beneficio de los hombres del régimen y de los especuladores. El Sardinero cambiaba su verde paisaje por nuevas residencias de segunda ocupación, el sector terciario iba dominando la economía urbana y al morir el Caudillo, los antiguos jerarcas franquistas creaban la reformista Unión de Centro Democrático (UCD) o se refugiaban en Alianza Popular (AP).

El gobierno de Suárez convocó elecciones en Junio de 1977 obteniendo una importante victoria con el 34,44% de los votos, seguido del PSOE con el 29,32%. En Santander, UCD obtuvo el 35,86% y los socialistas el 26,66%. Por detrás quedaron AP con el 16,50% y el PCE con el 6,61%.Una vez más el voto de los santanderinos no iba a diferir de los resultados del resto del Estado salvo en dos matices: AP doblaba sus resultados comparándolos con el porcentaje obtenido en toda España y el PSOE se quedaba a casi tres puntos de la media española.

En las elecciones generales de 1979 los parámetros no serían muy distintos, salvo en el ascenso de la derecha más dura, ahora bajo la denominación de Coalición Democrática, que iba a conseguir el 13,22% de los votos.

Sin embargo en las elecciones municipales del mismo año ocurrió un hecho que iba a marcar la política santanderina. En los comicios locales, la UCD y la Agrupación Independiente de Derechas obtuvieron entre ambas 13 concejales, por su parte la izquierda distribuida entre el PSOE, PCE y Partido del Trabajo de Cantabria tuvo 10 ediles y el Partido Regionalista de Cantabria 4 concejalías. En el pleno en el que se tenía que decidir la alcaldía el portavoz regionalista, Eduardo Obregón anunció la intención de los regionalistas de votarse a sí mismos, en contra de lo esperado por su propia trayectoria política de opositor al franquismo y candidato al Senado en las elecciones generales de 1977 como independiente dentro de Senadores por la Democracia que agrupaba a los partidos de izquierda y de la democracia cristiana, como se puede apreciar en el cartel que preside este documento del mes; con lo cual el Ayuntamiento de Santander pasaba a estar encabezado por Juan Hormaechea Cazón, candidato de UCD y protagonista de la política local y regional durante los años sucesivos.

El arrollador triunfo socialista en 1982 no tuvo un gran reflejo local dada la escasa distancia porcentual entre socialistas y populares, hecho que se repetiría en las elecciones de 1986. Desde entonces hasta las últimas elecciones, la formación conservadora ha resultado vencedora en las elecciones generales, autonómicas y locales en la ciudad de Santander.

Las causas de este auge de la derecha y declive de la izquierda son complejas, aunque en nuestra opinión hay una serie de factores determinantes, tanto económicos como políticos. Respecto de los primeros hay que señalar el desmantelamiento del tejido industrial y la casi total desaparición del sector secundario, con la consecuente pérdida de población obrera, en el cual la política de reconversión llevada a cabo por los gobiernos socialistas tuvo un indudable protagonismo. Otro elemento añadido es el interés, fomentado desde la alcaldía y el gobierno regional, en que la ciudad se convirtiese en un centro turístico, alentando la especulación urbanística sin reparar en la salvaguarda del escaso patrimonio histórico. Por último, la adopción desde los centros de poder económico de una política neoliberal ha puesto y sigue poniendo en peligro la seguridad en el empleo. En resumen, el objetivo final ha sido convertir la ciudad en un centro de servicios, sin demasiados matices.

El progresivo distanciamiento con su base social y electoral por parte del PSOE, las luchas internas entre los distintos grupos, el descrédito del movimiento sindical motivado por errores propios y aprovechados por la propaganda conservadora, una juventud obligada a emigrar ante la falta de oportunidades y el voto regionalista en las elecciones generales son algunos de los factores que han determinado el resultado de los últimos procesos electorales en Santander.

Santander, una víctima más de la gran recesión y del fracaso de las políticas conservadoras, exige a la izquierda un proyecto ilusionante que vaya más allá del turismo veraniego y que devuelva a la ciudad su vigor económico y social. El próximo año hay nuevas elecciones. Veremos.

 

LUCHA OBRERA EN TIEMPOS DE CRISIS. LA HUELGA DE LAS MINAS DE HIERRO DE CAMARGO ENTRE 1931 Y 1934

Al profesor e historiador Vicente Fernández Benítez (1953-1998),

pionero en Cantabria en hacer una historia de todos y con todos.

 

“Cuatrocientos obreros mina Camargo, huelga convertida actualmente paro forzoso por acuerdo Empresa inglesa cerrando aquella, hállanse muy precaria situación, presentándose hoy manifestación petición de auxilios. Poderes públicos que respetuosamente me permito apoyar. Sería suma conveniencia gestionar de ministerio de Fomento urgente resolución expediente traída aguas Camargo. Ruego para todo interés vuecencia, saludo respetuosamente”

Este es el texto del telegrama que el Gobernador civil de la entonces Provincia de Santander, José María Semprún Gurrea, envió a los ministros de Fomento y de Trabajo, el 21 de septiembre de 1931. Horas antes, un grupo de unos doscientos mineros provenientes de Camargo (de la mina de hierro La Paulina) se había manifestado pacíficamente por las calles de Santander al tiempo que una comisión de trabajadores mantenía una reunión con el mencionado Gobernador para que perseverase en su papel mediador y propiciara la vuelta a la normalidad, algo que aún tendría que esperar al pie de veintinueve meses, casi dos años y medio para producirse.

En Cantabria la actividad minera empezó a adquirir cierta relevancia dentro de la estructura económica regional a partir de la década de 1850. Treinta años después ya constituía una firme alternativa frente a la actividad comercial, en crisis por aquellos años. Los minerales en los que se basaba la potencialidad del sector eran, por una parte, el cinc, sobre el que existía una fuerte concentración productiva y empresarial a cargo de la empresa belga Real Compañía Asturiana de Minas y, por otra, el hierro, que se extraía en la mina objeto de este documento.

Los principales yacimientos de hierro se localizaban en dos áreas próximas a la costa. La primera se ubicaba en la comarca de Castro Urdiales, colindante con los ricos criaderos vizcaínos de Somorrostro, con los que geológica e históricamente se haya vinculada. El otro gran grupo ocupaba la zona sur y suroeste de la Bahía de Santander en municipios como Medio Cudeyo, Entrambasaguas, Penagos, Villaescusa, Piélagos o Camargo, que en mayor o menor volumen concentraban la extracción del mineral.

La mina de hierro La Paulina, cuya explotación se remonta a 1865, había sido adquirida en 1886 por la sociedad escocesa William Baird and Company, con sede en Glasgow, a un grupo de capital santanderino. El fundamento de la transacción obedecía a factores como la proximidad del yacimiento al puerto de embarque (lo que minoraba las inversiones en infraestructuras y costos de transporte), el escaso contenido fosfórico del mineral, idóneo para el proceso de transformación, la explotación a cielo abierto o el bajo coste de la mano de obra. El periodo que va desde finales del siglo XIX hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial es el de mayor esplendor de la actividad no solo en Camargo sino también en el ámbito de la Bahía de Santander.

La fase expansiva de la minería del hierro en Cantabria tocó a su fin hacia 1920 motivada por el retraimiento de la demanda debida a la crisis que siguió a la Gran Guerra, la puesta en explotación de otras zonas que ofertaban el mineral a menor precio (por ejemplo, en el norte de Marruecos), el desarrollo de nuevos procedimientos tecnológicos, el progresivo agotamiento de las mejores vetas del mineral, la carestía de los transportes marítimos, etc.

La posterior crisis de 1929, una vez que extendió sus efectos por todo el mundo, constituye el telón de fondo del conflicto desencadenado en la mina de Camargo. De hecho, la caída de los precios del mineral de hierro y la vinculación a la industria británica, destinataria de la producción, afectaron decisivamente a la actividad de esta explotación.

La II República abrió un tiempo en el que las de reivindicaciones de los trabajadores encontraron un marco político y de libertades más propicio. El aumento de la conflictividad motivada por la demanda de mejoras laborales y salariales fue un hecho tanto en el ámbito territorial próximo (Valle de Camargo, entorno de la Bahía de Santander) como en el sectorial (actividad minera e industrial).

A comienzos del verano de 1931, los trabajadores habían pedido un aumento de salario de quince céntimos (de peseta), sobre las 5,92 pesetas que constituía el sueldo diario tipo de los mineros camargueses, en la idea de homologarse con los de las explotaciones vizcaínas, petición que ya había sido objeto de acuerdo el año anterior y que no se había consolidado, tal y como señala el Profesor Gerardo Cueto en su obra “La minería del hierro en la Bahía de Santander”.

A la inexistencia de contraofertas por parte de los ingleses, que es como se identificaba y conocía en la zona al personal directivo de la entonces denominada Bairds Mining, se añadió el anuncio de cierre patronal, escudado en la existencia de grandes excedentes de producción. Los obreros se vieron abocados a un callejón cuya única salida pasaba por la adopción de una medida de mayor fuerza, por anticiparse al decreto patronal, por lo que el 11 de agosto de 1931 se declararon en huelga.

El conflicto afectó a unos 400 trabajadores del municipio de Camargo y de localidades próximas. Su gravedad fue tal que los poderes públicos, encabezados por el Gobernador Civil y el propio Ayuntamiento de Camargo se involucraron desde un principio en la búsqueda de soluciones. La acción y las negociaciones por el lado de los obreros se articuló a través de la Sociedad Minera y Obrera del Valle de Camargo, adscrito a la UGT.

Una de las características más acusadas de esta huelga reside en su larga duración. A la hora de encontrar posibles explicaciones a tal hecho, cabe preguntarse por los medios de vida que tuvieron los trabajadores para contribuir al sostenimiento de las precarias economías familiares durante este tiempo. No parece haber una única respuesta a esta cuestión; la existencia de un modelo relativamente extendido de pluriactividad familiar, resultado de la incorporación del campesinado a la actividad minera e industrial, propició que los recursos agrícolas, a pequeña escala, pudieran amortiguar los primeros efectos de la falta de salario. Aquellos trabajadores que poseían una explotación ganadera, aunque fuera reducida, pudieron soportar mejor el paso del tiempo. En otros casos, no muchos, la solución fue buscar trabajo en otra industria. Pero sin duda, el colectivo más numeroso fue el de los trabajadores que fueron recabados por el Ayuntamiento para la realización de infraestructuras básicas: construcción de caminos y carreteras, arreglo de edificios públicos y, sobre todo, la traída de aguas, en la que participaron fundamentalmente los parados de la mina empadronados en el municipio de Camargo.

Pero, a pesar de todo, la penuria fue notable. El Cantábrico, diario de la época, recoge escenas en las que algunos de los que no consiguieron una ocupación alternativa, se vieron abocados a deambular por las carreteras, “con los pies descalzos y heridos, pidiendo un pedazo de pan para los suyos”.

Pasaban las semanas y pasaban los meses, y aunque las vías de diálogo no se llegaron a bloquear, la postura de intransigencia total por parte de la Bairds Mining hacía imposible cualquier entendimiento. La empresa era perfectamente consciente de que el tiempo corría a su favor; de hecho, en las negociaciones mantenidas, mientras los representantes del sindicato hacían concesiones y ofrecían contrapartidas, la compañía, a través de su representante, Modesto Piñeiro Bezanilla (hijo de Modesto Piñeiro  Pérez, fundador de una conocida dinastía santanderina dedicada a los negocios comerciales y a la política), se escudaba en la crisis mundial y en las grandes cantidades de mineral almacenadas, sin salida, para no ceder en absoluto. Así las cosas, el corresponsal de El Cantábrico se preguntaba si “¿No pudiera ser que la empresa desease un conflicto de estos que sirviese de pretexto para resolver el suyo propio?

La huelga, tras casi 30 meses, ya agotadas las posibilidades de resistencia, terminó con la derrota total de los mineros y de su representación. El sindicato se avino con la empresa a la progresiva recuperación de la actividad sin haber logrado ninguna mejora. Incluso la compañía consiguió elegir a los cuarenta obreros que acometerían los trabajos de reparación y puesta a punto de las instalaciones, cuestión ésta a la que los representantes de los trabajadores se habían negado taxativamente en las negociaciones desarrolladas a lo largo del conflicto, por entender que “los ingleses” escogerían a los trabajadores más dóciles, ofreciendo como alternativa que fueran obreros afiliados al sindicato los que llevaran a cabo dichas tareas.

 

Poco tiempo después se renovaba la Junta del Sindicato Minero del Valle de Camargo. Por testimonios orales conocemos que no por haber perdido la huelga se dejaron de demandar mejoras en las condiciones de trabajo, tales como la construcción de un comedor, que el día de cobro se trabajase un cuarto de hora menos para ir a por el jornal a la oficina o que la compañía dispusiera un caballista y un mulo para renovar el agua de los barriles que bebían los trabajadores, que anteriormente estaba depositada allí días y días. La reivindicación de estas cuestiones tan elementales constituye una muestra de las precarias condiciones en las que se desarrollaba la actividad laboral, al tiempo que denota el talante mezquino de la compañía británica.

Así pues, el conjunto de obreros de la mina La Paulina protagonizó un duro y claro ejemplo de lucha en una situación de crisis del sector, en unas condiciones y circunstancias, por lo tanto, sumamente adversas para ellos. Una primera lectura apunta a la derrota de los trabajadores y al fracaso de la estrategia sindical, pero esto no es incompatible con la interpretación de que la inflexibilidad mostrada por la empresa, más que un signo real de fuerza, constituyó la demostración de que los buenos tiempos de la minería del hierro habían pasado y que el futuro se perfilaba bastante incierto. El cierre, en 1941, y la venta a la sociedad regional Nueva Montaña Quijano, cinco años más tarde, no supusieron en definitiva más que el colofón a un negocio que después de la crisis del 29 ya no resultaba suficientemente rentable para el capital británico. La memoria y recuerdos de quienes vivieron y, en muchos casos, padecieron aquellos años, son testigos de aquel tiempo.

Las minas de Camargo cesaron su actividad definitivamente a principios de la década de 1980, tras protagonizar sus trabajadores un encierro y huelga de hambre en la catedral de Santander, en el mes de agosto de 1981, ante el incumplimiento de Nueva Montaña Quijano del acuerdo de integración de la plantilla (54 trabajadores) en su factoría siderúrgica.

 La fotografía que ilustra estas palabras corresponde a la antigua sede del Centro Obrero y Minero de Camargo, construido por los trabajadores de la mina La Paulina en el año 1911. Se encuentra en al lado de la carretera que une los pueblos de Camargo y Escobedo.

 

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