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OPORTUNIDADES PARA LA PAZ. EL MOVIMIENTO ANTIMILITARISTA EN CANTABRIA

El Consejo de Ministros del 9 de marzo de 2001 aprobaba un Real Decreto por el cual el 31 de diciembre de ese mismo año sería el último día de existencia de la mili obligatoria en Nuestro País. A partir de entonces España contaría con un ejército profesional. El decreto que suspendía, pero no derogaba la mili, acababa de hecho con una de las obligaciones más impopulares y denostadas por buena parte de la sociedad; rechazo que por diversas causas había estado presente desde el principio de su imposición. Del impacto que el servicio militar tuvo entre la juventud española da cuenta de la multitud de signos que ha dejado en la tradición de nuestros pueblos. El llamamiento a filas se constituyó en el signo del paso entre la mocedad y la edad adulta.

La idea de objeción de conciencia al servicio militar no es ajena a la tradición; durante toda la historia de la mili encontramos ejemplos de negativa a esta obligación por motivos económicos, de seguridad personal, o políticos, entre otros, aunque no sería hasta los años 70/80 del siglo pasado cuando se organizó la lucha aprovechando el mayoritario apoyo social a su abolición. Del mismo modo, los intentos de regular alguna forma de objeción de conciencia se dieron desde muy pronto, incluso durante el franquismo, donde se llegó a tratar en las Cortes sin éxito.

En España, el antimilitarismo se alimentó de un ambiente social propicio debido a la confluencia de varios factores, entre los que destacan : el rechazo al servicio militar obligatorio, el movimiento anti-OTAN (de gran importancia para entender muchos de los acontecimientos futuros a nivel político- social y para comprender, en parte, el devenir del propio antimilitarismo, su fortaleza durante un tiempo y su posterior declive) y, finalmente, la oposición a la permanencia de las bases americanas.

La Constitución Española de 1978, en su artículo 30.2, recogía la posibilidad de objeción de conciencia al servicio militar y su reemplazo por una prestación social sustitutoria. En este marco el gobierno del PSOE promovió la Ley de Objeción de Conciencia (Ley 48/1984, de 26 de diciembre), que desde el principio nació arrastrando una fuerte polémica y contestación de los grupos antimilitaristas, que como el MOC -Movimiento de Objeción de Conciencia- se pusieron a la vanguardia de las reclamaciones antimili en lo concreto, pero con una concepción antimilitarista mucho más amplia.

El MOC se constituyó en 1977 bajo las premisas del antimilitarismo y asumiendo la no violencia tanto como estrategia de respuesta en sus acciones como, a mayor escala, base del modelo de defensa popular. La oposición al servicio militar era su forma de no colaboración con el ejército. La estrategia del MOC contraria a aceptar la Ley de Objeción de Conciencia chocaba con la de otros grupos como la Asociación de Objetores de Conciencia que, aunque con mucha menos presencia social, propugnaba el cambio desde dentro de la ley.

El MOC, y otras organizaciones de signo antimilitarista, formaban parte de una corriente internacional, fundamentalmente europea, que desde décadas antes se había mostrado muy activa ante la situación creada por la carrera armamentística y la proliferación nuclear promovida por los bloques y sus estructuras militares, la OTAN y el Pacto de Varsovia, aunque su lucha se amoldaba a las características de la realidad española, muy mediatizada, lógicamente, por asuntos más domésticos.

El MOC fue transitando progresivamente hacia la insumisión como forma de lucha, estrategia que, produjo algunas disensiones entre sus miembros, como sucedió con algunos militantes del grupo de Santander, resultando, a la postre, una estrategia exitosa dada la trascendencia social que tuvo y las contradicciones que finalmente provocaron en el sistema, colaborando fuertemente a la abolición del servicio militar obligatorio. Como medida de apoyo se asumió la reobjeción, es decir, el rechazo de los objetores ya reconocidos a su condición con el fin de incorporarse al ejército para convertirse en insumisos.

En la fotografía de cabecera se puede ver a un grupo de activistas con carteles que, en octubre de 1986, aprovechando el sorteo del reemplazo del año siguiente, exigían la libertad para Francesc, un joven objetor sobrevenido, es decir que se declaró objetor durante el servicio militar, posibilidad no recogida por la LOC y que el MOC reivindicaba, junto a otros lemas que denunciaban la Ley de Objeción de Conciencia y sus consecuencias. Momentos antes la policía había roto las cadenas que les ataban a las puertas y verjas del Gobierno Militar de Santander, la imagen de la protesta fue publicada por la prensa regional. Y difundida, a su vez por en el informativo regional de TVE. La acción se preparó atendiendo a planteamientos de desarrollo y respuesta no violentos. Sus consecuencias se sustanciaron en una multa impuesta por la autoridad gubernativa, finalmente suprimida tras argumentar el abogado de los activistas (del Servicio Jurídico de CC.OO. en Cantabria) que la naturaleza del acto era una reivindicación pacifista, según consta en los escritos de alegación presentados.

Las acciones del MOC en Nuestra Región fueron relativamente frecuentes durante las décadas de los años 80 y 90. La organización alcanzó una importante presencia social recogiendo, sin duda, las simpatías de una parte de la sociedad que veía la mili como una odiosa carga para la juventud. La estrategia de insumisión en Cantabria tuvo un seguimiento notable siendo muy célebres los juicios a los insumisos Juan Carlos Montenegro (Charly), el primer cántabro con esta consideración que, aunque fue condenado no ingresó en prisión, y Raúl Molleda, que fue encarcelado por este motivo. La entrada en prisión de Raúl desató un gran movimiento de solidaridad, con importantes pronunciamientos y apoyos. Su encarcelamiento tuvo trascendencia nacional, apareciendo incluso en la portada del dominical de El País. Cabe destacar que Cantabria superó la media nacional entre objetores e insumisos.

Las iniciativas del antimilitarismo cántabro, buscando habitualmente la sensibilización y la denuncia, se plasmaron en acciones como la documentada en la fotografía, la práctica de la objeción fiscal en el IRPF a los gastos militares, ocupaciones de partidos e instituciones e incluso en protestas como la llevada a cabo contra varios buques de la OTAN amarrados en el puerto de Santander, hecho duramente reprimido por la policía y que también tuvo trascendencia nacional.

El MOC como organización más representativa del antimilitarismo en Cantabria se nutrió de jóvenes provenientes de muchos otros movimientos que, en muchos casos, mantuvieron múltiples militancias. La relación con los partidos políticos no siempre fue buena, especialmente con el PSOE, dada la estrategia de represión que adoptó en este ámbito, lo que llevó, incluso a la ocupación de su antigua sede en la Calle Castilla de Santander. Del mismo modo, el MOC fue una escuela de militancia para muchas personas que finalmente acabaron engrosando las filas de otros colectivos, generalmente de lo que podemos llamar izquierda alternativa, y algunas ONG con un planteamiento noviolento, como Brigadas Internacionales de Paz, organización con una gran actividad en Nuestra Región

El movimiento antimilitarista de Cantabria ha tenido una notable influencia a nivel nacional, un importante poder transformador y un efecto transversal a tener muy en cuenta. Hubo experiencias de construcción no solo políticas sino de vida comunitaria para trabajar por el cambio social desde las premisas de la noviolencia y el antimilitarismo, como la de la Casa de la Paz Santa Ana en El Soto. Y muchos otros ejemplos, sin duda, que dan cuenta del alcance del movimiento en Cantabria.

Sin embargo, la eliminación del servicio militar obligatorio ha supuesto en la práctica un marcado declive del movimiento antimilitarista. La estrategia gubernamental de profesionalización del ejército ha conseguido de una tacada eliminar esta odiosa carga social y de paso lavar la cara a una institución hasta entonces temida y muy poco reconocida por los ciudadanos; tanto es así que muchas veces se presenta y se considera al ejército casi como una ONG humanitaria, en vez de lo que realmente es.

Junto a lo anterior, la desaparición de la agenda social y política del tema OTAN y de los demás asuntos relacionados, tras el trauma que supuso la pérdida del referéndum en 1985, y la banalización con que se tratan los asuntos de la paz y la noviolencia en los medios de comunicación nos debería llevar a preguntarnos, perdón por las palabras empleadas, ¿si ganamos esa difícil batalla por qué estamos perdiendo la guerra? La respuesta, como siempre, está en el viento.

 

Contra el olvido institucional. Cuatro décadas de solidaridad ciudadana con el pueblo saharaui

Las tres fotografías tomadas por Manuel Alcalde que constituyen el documento del mes presentan diferentes momentos de la que para la región de Cantabria fue la primera Caravana de Solidaridad con los Refugiados Saharauis en la que participaba activamente. Las imágenes, que datan de febrero de 1993, hace ahora casi 25 años, muestran el embarque desde el puerto de Alicante hasta el de Orán (Argelia), la llegada a los campamentos de refugiados de Tinduf y un acto de bienvenida a la Wilaya de Aaiún (una de las divisiones organizativas que conforman dichos campamentos). La iniciativa, protagonizada por organizaciones de solidaridad de ámbito estatal, contó en Cantabria con la coordinación del Comité de Solidaridad con los Pueblos-Interpueblos, que con la colaboración directa de nueve personas voluntarias se sumó a la empresa colectiva aportando un camión de gran tonelaje y dos vehículos todo terreno para transportar medicinas, alimentos, ropa y demás útiles.

Con unas características similares a la Caravana referida, distintas Asociaciones de Amigos del Pueblo Saharaui ya había entregado, en marzo de 1990, a la Media Luna Roja Saharaui material de ayuda humanitaria y vehículos de transporte. La historia de la solidaridad con este pueblo se remonta a los tiempos de la Transición española; ya en 1976 encontramos acciones, como una cuestación económica de Cáritas Española o el envío por vía aérea de toneladas de medicamentos y ropas para los campamentos de refugiados organizado por la Asociación de Amigos del Sahara.

Embarque en el puerto de Alicante de la Caravana de Solidaridad con los Refugiados Saharauis en 1993. | MANUEL ALCALDE

Pero si hay un programa de referencia en la solidaridad con el pueblo saharaui ese es el de Vacaciones en paz, cuyo inicio en nuestro país se remonta a 1979. La iniciativa precursora corrió a cargo del Partido Comunista de España, con Marcos Ana al frente de la Secretaría de Relaciones, y fue apoyada por algunos ayuntamientos, aunque una buena parte de la financiación se consiguió a partir del apoyo ciudadano. La estancia de los niños y niñas (normalmente de entre 8 y 13 años y procedentes de los campos de refugiados) se basó al principio en el alojamiento en albergues y residencias escolares. El cambio de modelo se produjo con el trasfondo de la declaración en el Sahara Occidental del alto el fuego en 1991. La forma de acogimiento pasó entonces a llevarse a cabo en familias de distintas comunidades españolas, lo que suponía, además del valor de la convivencia, el evitarles los durísimos meses de verano en el desierto, la  programación de reconocimientos médicos y la mejora de su dieta alimenticia. En Cantabria el programa se realiza desde el año 1995.

La primera organización de apoyo a la causa saharaui («Amigos del Sahara») se creó en Madrid, en enero de 1976, figurando entre sus fines: “La ayuda humanitaria en los planos económicos, sanitario y cultural a las poblaciones del Sahara”. Ese mismo año en el que el Frente Polisario proclamó, en febrero, la República Árabe Saharaui Democrática, tuvieron lugar manifestaciones de rechazo a la ocupación ilegal del territorio, algunas de las cuales acabaron con la intervención de la policía. Incluso se llegó a prohibir la convocada en noviembre por la Asociación de Amistad y Solidaridad con el Pueblo Saharaui de Barcelona, con motivo del primer aniversario de los “Acuerdos de Madrid”, que denunciaban por considerarlos nulos.

Así pues, bien con un perfil más marcadamente político o humanitario y centrado inicialmente en grandes ciudades, la zona sur de la Península y Canarias, el asociacionismo en torno a la causa saharaui se fue extendiendo por todo el estado. La cercanía afectiva, la existencia de un pasado común y la conciencia de ser testigos de una profunda injusticia, añadida a la violación permanente de los derechos humanos de la población saharaui son causa del arraigo de la solidaridad en la sociedad civil. El compromiso de nuestras instituciones, por su parte, es bien distinto; la colaboración se da a escala municipal y, en menor medida, autonómica. La sucesión de gobiernos tras las primeras elecciones en 1977 (UCD-PSOE-PP) se ha caracterizado por la inacción, agravada en algún caso con el flagrante olvido de lo expresado poco tiempo antes (véase el caso de Felipe González, que en noviembre de 1976 llegó a afirmar en los campos de refugiados eso de que “Nuestro partido estará con vosotros hasta la victoria final” y, finalmente, acabó apoyando por la vía de los hechos la política marroquí).

En Cantabria, con un arranque más tardío que en otras regiones, la solidaridad activa de la ciudadanía se ha canalizado fundamentalmente a partir de la labor de cuatro organizaciones: el Comité de Solidaridad con los Pueblos-Interpueblos, a partir de 1992, con un planteamiento político de denuncia de la vulneración de los derechos humanos de la población y persecución de los activistas (encarcelamiento, desapariciones…) que Marruecos efectúa en la zona, además de participar en las Caravanas de Solidaridad que en esos años se proyectan. Con una orientación específica, el primer colectivo de solidaridad surgido que surgió en Cantabria fue la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, en 1996. Al año siguiente coordinó en la Región el programa Vacaciones en Paz. Su línea de trabajo se orientó a la ayuda humanitaria, con un bajo perfil de contenido político. Su acción se fue diluyendo hasta que en el curso 2000-2001 cesó su actividad. Poco tiempo después, en 2002, se creó Cantabria por el Sahara. Su visión y planteamiento es más amplio: el pilar de la ayuda humanitaria va asociado ineludiblemente al componente de denuncia y de reivindicación de respeto de los derechos humanos, políticos y sociales. Además de las labores de sensibilización de la sociedad civil, buscan la implicación de ayuntamientos y Gobierno Regional en el desarrollo de sus fines. Forman parte de la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sahara (CEAS-Sahara). Por último, Alouda Cantabria es la evolución de la Asociación Juvenil Alouda, surgida en 2007 de la iniciativa de un grupo de jóvenes que, a partir del contacto con los niños del programa Vacaciones en Paz, decidieron profundizar su conocimiento y compromiso con la causa saharaui, llegando incluso a desplazarse a Tinduf. Ambos grupos, Cantabria por el Sahara y Alouda gestionan el programa. Otra iniciativa muy notable es la de la Comisión Sanitaria Cántabra, grupo de profesionales del ámbito de la salud (del Servicio Cántabro de Salud, del Hospital Santa Clotilde) que desde hace aproximadamente 20 años realiza expediciones a los campamentos de refugiados para atender problemas de cirugía general y atención primaria.

Acto de bienvenida a la Wilaya de Aaiún. | MANUEL ALCALDE

Se cumplen este mes de noviembre 42 años de la firma de los Acuerdos de Madrid, suscritos por los gobiernos de Marruecos, Mauritania y España. Este tratado, que en la práctica supuso la entrega del Sahara Occidental a Marruecos, es la piedra angular sobre la que se asienta la ocupación ilegal del territorio. Para la ONU, el Sahara Occidental constituye un territorio no autónomo pendiente de descolonización del que España continúa siendo la potencia administradora al no haberse satisfecho las condiciones jurídicas de tal proceso. Es decir, sin entrar en otras consideraciones, existe una responsabilidad como estado que no ha prescrito.

La debilidad de la posición española, los intereses territoriales, económicos y políticos de Marruecos y el papel de Francia y Estados Unidos en los foros internacionales, primando sus intereses geoestratégicos sobre los derechos del pueblo saharaui, son alguno de los factores que explican tanto lo sucedido en 1975 como el curso de los acontecimientos. Marruecos ha boicoteado sistemáticamente toda iniciativa que haya podido constituir una vía de solución a la situación generada. El rechazo final del referéndum auspiciado por la ONU, en el año 2001, tras la aceptación del Frente Polisario de las condiciones establecidas constituye un claro ejemplo de lo manifestado.

Así las cosas, la salida negociada al conflicto, la concreción de la vía diplomática parece que puede venir del propio continente africano, a través de la Unión Africana (UA), organismo de la que es miembro la República Árabe Saharaui Democrática (ingresó en su predecesora la Organización para la Unidad Africana, OUA, en 1982) en la que en los últimos tiempos se están registrando algunos movimientos tendentes al desbloqueo de la situación.

 

Nota final: En Madrid, el sábado 11 de noviembre, con motivo del aniversario del mencionado acuerdo tripartito, el movimiento solidario se vuelve a reunir para seguir recordando y manifestarse por los derechos humanos y en favor del referéndum de autodeterminación en el Sahara Occidental.

MILITANCIAS DE LARGO RECORRIDO. POLÍTICA Y MOVIMIENTOS SOCIALES

La transición y los años 80 fueron tiempos de continuas y fuertes movilizaciones. Reivindicaciones capitales como libertad, amnistía, legalización de todos los partidos políticos, una Constitución democrática, Estatutos autonómicos, etc. caracterizaron la segunda mitad de la década de 1970. Los 80 fueron testigo de fuertes movilizaciones como las campañas contra la entrada de España en la OTAN, la objeción de conciencia, la despenalización del aborto, contra el desmantelamiento industrial… La pujanza de los movimientos sociales llegaba a impregnar el discurso político. No se entiende esta época sin la lucha de los de grupos ecologistas, el feminismo, la solidaridad o el sindicalismo. En este nuevo ciclo de militancias queremos prestar atención a los testimonios de 4 personas que participaron activamente en discurrir de aquellos años.

 

 

18 de octubre. Floren Enríquez (Torrelavega, 1955)

 

De los 12 a los 19 años estudió en las Universidades Laborales de Zamora y Cheste. Desde los 14 años colaboró  en la Parroquia de La Asunción, cuyo párroco era  Cristóbal Mirones (Abionzo, 1931), como monitor con niños en los períodos vacaciones. Con  15 años se incorporó  a la HOAC. En la Universidad Laboral de Zamora empezó  a militar en los Círculos Obreros Comunistas y en la Organización de Izquierda Comunista (OIC). Fue detenido en 1974 por protestar por las malas condiciones de vida que tenían en la Universidad Laboral de Cheste y fue expulsado. Terminó sus estudios de Magisterio en Santander, donde contactó  con militantes del MC, organización con la que la OIC se estaba fusionando. En 1979 aprobó  las oposiciones de maestro y participó  en la creación del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (STEC), formando  parte de la ejecutiva hasta 1995. A partir de ese momento,  se incorporó a la Asociación Ecologista Alcaraván, que se integró  en 1998 en Ecologistas en Acción.

 

 

25 de octubre. Felipe González Bello (Santander, 1956)

 

Su infancia y adolescencia transcurrieron en Maliaño. Empezó luchando activamente contra la implantación del examen de Selectividad. Cuando estudiaba Magisterio, militó en la Joven Guardia Roja y el Partido del Trabajo de España, del que formó parte de la Ejecutiva en Cantabria. Presidió la Junta Promotora del Sindicato Democrático de Estudiantes Universitarios que intentó organizar, en el mes de agosto de 1976 en Santander, la Semana de Solidaridad de las Universidades Europeas con la Universidad Española y el Festival de los Pueblos Europeos, finalmente prohibidos. Conoció la Dirección General de Seguridad tras resultar detenido en Madrid junto a casi un centenar de compañeros en una reunión de los Delegados de las Escuelas de Magisterio. Estuvo afiliado a la Confederación de Sindicatos Unitarios de Trabajadores (CSUT) durante dos años, hasta su desaparición. Tras la disolución del PTE (después de un proceso de unidad orgánica con la Organización Revolucionaria de Trabajadores) y su incorporación al mundo laboral se afilió a la UGT, en la que formó parte de la Ejecutiva desde 1986 a 1990. Ha sido Presidente del Comité de Empresa del Gobierno de Cantabria durante ocho años. En los años noventa militó en Izquierda Unida de Cantabria y más tarde en el PSOE, partido en el causó baja hace unos cinco años. En la actualidad compatibiliza su jubilación parcial con el trabajo en el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ORECLA) como mediador por la parte social.

 

 

8 de noviembre. Carmen Díez (Santander, 1961).

Licenciada en Bellas Artes. Hacia mediados de los ochenta formó parte activa del movimiento antimilitarista en el MOC. Paralelamente intervino en la lucha por la defensa del medio ambiente y la preservación de espacios naturales, como Oyambre;  así se integró en el Grupo Ecologista Asambleario (GEA) y posteriormente en la Coordinadora Ecologista.  Estuvo en el inicio del proyecto y vivió durante 17 años en la Casa de la Paz de Santa Ana, en El Soto. En los años noventa entró en Brigadas Internacionales de Paz (PBI), organización cuyo objetivo es la protección del espacio político de personas y organizaciones que promueven los Derechos Humanos y que sufren represión por esta causa. Participó en el equipo de El Salvador, en el de Guatemala y finalmente, tras un periodo de estancia en Chiapas, coordinó la apertura de un equipo en el estado de Guerrero, en el sur de México, donde permaneció durante nueve años. A su vuelta formó parte durante dos años de Protection International (PI), organización que apoya a activistas pro derechos humanos en aquellos lugares donde se encuentran en situación de riesgo.

 

 

15 de noviembre. Juantxu Bazan (Castro Urdiales, 1.956)

 

Es sociólogo y licenciado en Derecho. Director de la Escuela Taller de Castro Urdiales desde 1988. Su militancia, muchas veces disidente, ha estado  marcada por una incesante preocupación por un urbanismo  sostenible para el municipio de Castro Urdiales. Se inició en 1976  frente al proyecto urbanístico de Castro Novo. Lucha vecinal que califica como “la historia de una frustración”, ya que tras largas e intensas movilizaciones se consiguió someter a una consulta popular (16 de diciembre de 1979), en la que los partidarios del NO al proyecto urbanístico vencieron por mayoría, y sin embargo el proyecto se ha mantenido hasta la actualidad. Ha militado en ICU (Izquierda Castreña Unida) entre 1979 y 1982 y ha sido activista de varias plataformas por la defensa del medio urbano y natural (Plataforma para Salvar Cotolino, Plataforma para Salvar la Peña de Santullán, Plataforma para Salvar la Bahía…). Entre 2003 y 2010 formó  parte de la asociación ciudadana Otro Castro es Posible, de la que fue presidente en sus últimos años, asociación que se extinguió  para fundar CastroVerde, siendo uno de los cuatro concejales que consiguió este partido en las elecciones locales de 2011. En abril de 2017 se da de baja de CastroVerde, tras dos años de gobierno municipal,  en desacuerdo con el abandono del ideario verde de esta formación y en especial por la aprobación del convenio urbanístico con la Fábrica de Lolín. Desde hace cuatro años milita en Equo Cantabria, y es responsable de Urbanismo y Medio Ambiente de la Mesa de Coordinación.

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