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CURAS ROJOS A MOSCÚ. LA IGLESIA Y EL MUNDO OBRERO EN LA DIÓCESIS DE SANTANDER EN LA DÉCADA DE 1960

El semanario integrista ¿Qué Pasa? calificaba con la elocuente etiqueta de “curas progresistas” a los sacerdotes de la Diócesis de Santander que apoyaron la huelga en la factoría de Standard Eléctrica de Maliaño en Febrero de 1967. Ni era la primera vez ni sería la última que algunos curas de nuestra región iban a apoyar las reivindicaciones de los trabajadores poniendo de manifiesto la existencia de una Iglesia militante en la oposición al franquismo.

Al finalizar la guerra civil, la Iglesia española se convirtió en una de las bases más firmes del nuevo régimen, en el que el nacionalcatolicismo iba a marcar las formas de la vida cotidiana de los españoles. La educación, los espectáculos o  la cultura… todo era susceptible de ser aceptado  o no por las autoridades religiosas. La apabullante presencia del ritual católico iba a inundar nuestros pueblos  y ciudades

Sin embargo en este gran edificio monolítico surgieron voces que reclamaban otra forma de ser cristianos, otra manera de entender el mensaje de Jesús de Nazaret. Fruto de este pensamiento nacieron en 1946 la HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica) y en 1947 la JOC (Juventud Obrera Cristiana), organizaciones influenciadas por el catolicismo social francés y belga donde la figura del cura obrero se había hecho común en los primeros años cuarenta.

En nuestra región, al igual que en el resto de España, los obreros cristianos fueron los primeros en integrarse en ambas organizaciones, no sin el recelo de los sectores más franquistas de la Iglesia y de la desconfianza de algunos representantes del sindicalismo histórico.

Dentro de estas organizaciones cristianas primaba la defensa y la dignidad de los trabajadores, haciendo de la búsqueda de la justicia social su objetivo. Como es lógico este mensaje desagradaba profundamente a las autoridades políticas y de este modo el gobernador provincial y jefe local del Movimiento de Santander, Joaquín Reguera Sevilla no dudó en criticar en el diario falangista Alerta las actividades llevadas a cabo por la HOAC, a la que llegó a calificar de grave error político.

La realización de cursillos de formación de una cultura obrera, militante y apostólica, dirigidos por sacerdotes comprometidos y la divulgación en el semanario , libre de censura gubernativa, constituyeron la mejor propaganda de ambas organizaciones en este nuevo compromiso social.

El final de la autarquía, la emigración a las grandes ciudades y el comienzo del desarrollismo económico, dirigido por tecnócratas cercanos al Opus Dei, conllevaron  el crecimiento de la clase trabajadora y un gran cambio social en todo el país. La vieja España rural estaba muriendo y la nueva sociedad industrial acarreaba problemas que exigían otras respuestas. Las organizaciones obreras iban a alcanzar un mayor protagonismo.

En Julio de 1960, diez mil jóvenes trabajadores se reunieron en Madrid con motivo del I Congreso de la JOC. La tirada de Juventud Obrera creció de 9.000 a 25.000 ejemplares. Fue el momento elegido para crear la Unión Sindical Obrera.

Con anterioridad, en 1957, había nacido en la mina asturiana de la Camocha un nuevo movimiento sindical conocido por Comisiones Obreras, que para distintos historiadores se gestó en el seno de la HOAC.

Cantabria no fue ajena a estos nuevos tiempos, y a principios de los años sesenta la HOAC y el PCE ya eran la vanguardia del movimiento obrero regional, como así lo atestigua que la primera comisión obrera regional estaba formada por miembros de la vanguardia obrera cristiana (Ramón Peredo, Manuel González Morante, Alfredo Sáiz Pacheco…) y militantes del PCE como José López Coterillo.

Estamos en 1964 y a partir de ahora y en los próximos diez años, militantes cristianos y comunistas van a participar conjuntamente en todos los conflictos laborales que tengan lugar en Cantabria. Podemos asegurar que en muchos casos los sindicalistas tienen doble militancia y que distintos miembros de la JOC acabarán militando en el PCE.

Los conflictos sociales más graves se iniciaron en 1964 en las factorías de Nueva Montaña Quijano situadas en Santander y Corrales, a los que se unieron en años posteriores  las huelgas de la Standard en Maliaño  (1967), la segunda huelga de Nueva Montaña, Cuétara o Sniace.

En todas estas movilizaciones, la presencia de las organizaciones más arriba citadas fue primordial para llevar a cabo los distintos actos de resistencia.

También en el seno de la Iglesia se estaban produciendo grandes cambios. La elección como Papa de Juan XXIII y el inicio del Concilio Vaticano II originarían en el mundo católico profundos cambios, tanto en el contenido como en las formas. Sin lugar a dudas para el régimen franquista fue una muy mala noticia y, quien lo diría, a partir de estos años las relaciones con la Iglesia iban a ser un auténtico dolor de muelas para los jerarcas del franquismo.

De nuevo en Cantabria a un importante número de sacerdotes les correspondería afrontar estos nuevos tiempos. En Reinosa, Torrelavega o Santander algunos curas fomentaron una nueva toma de conciencia frente a los problemas sociales y políticos. Desde el movimiento parroquial hasta las aulas, pasando por los movimientos vecinales, parte de la iglesia diocesana de Cantabria no tuvo duda en enfrentarse con las nuevas circunstancias sociales y con los viejos hábitos de la dictadura.

Sirva como ejemplo el 1º de Mayo de 1966, cuando en los Pinares santanderinos se reunieron cerca de 500 manifestantes para celebrar el Día del Trabajo contando con la presencia del Obispo de la Diócesis, el progresista Puchol.

Cómo no podía ser de otra manera, el régimen intentó poner fin a estas “intolerables disidencias” y en 1968 un numeroso grupo de militantes comunistas y cristianos fue arrestado. La operación, denominada HOPARCO por la policía, se saldó con el arresto de numerosos opositores; concretamente en Cantabria se produjeron 47 detenciones. Las autoridades acusaron a la HOAC de ser una tapadera del PCE.

En el año 1971 la Comisión Diocesana de la HOAC pasó de nuevo a disposición judicial por una hoja informativa enviada a los militantes. Sus responsables fueron procesados por el siniestro Tribunal de Orden Público (TOP), y condenados a penas de arresto y multas económicas.

Los curas también sufrieron multas, insultos y hasta agresiones. Los sectores más franquistas les acusaban de haber traicionado a la “Gloriosa Cruzada Nacional”. En las fachadas de algunas iglesia aparecieron pintadas del tipo “Curas rojos a Moscú”, “Tarancón al paredón” (Vicente Enrique y Tarancón fue presidente de la Conferencia Episcopal española entre 1971 y 1981).

Con el final del franquismo, el papel de las organizaciones cristianas obreras fueron perdiendo protagonismo y muchos de sus miembros se integraron en Comisiones Obreras y otras organizaciones de izquierdas.

A partir de la muerte del dictador han sido muchas las situaciones en las que los religiosos comprometidos han seguido y siguen haciendo frente a la injusticia en estos tiempos de enorme recesión económica y social.

Carta del Sindicato clandestino de la Guardia Civil a los obreros de Reinosa

Gonzalo Ruiz, obrero de Forjas y Aceros de Reinosa, moría el 6 de mayo de 1987 en el hospital Marqués de Valdecilla de Santander, después de veinte días de hospitalización, víctima de la indiscriminada y brutal actuación  que la Guardia Civil desplegó contra la población el día de Jueves Santo de aquél año. Días después llegó a la sede comarcal de CCOO un sobre que contenía la carta que reproducimos, acompañada de cuatro panfletos escritos con plantillas de letras para rotular. La autoría del envío, dirigido al Secretario Local, era asumida por el Comité Ejecutivo Nacional del SUGC (Sindicato Unificado de la Guardia Civil), cuyo carácter clandestino queda explícitamente reseñado por el propio emisor en la primera línea de la carta que constituye el documento de este mes. A esta condición se añade la de estar perseguido por lo que constituyen los principios rectores de esta organización: la desmilitarización del cuerpo y la libertad de sindicación, entendidos como derechos constitucionales.

 

El texto se articula a partir de tres ideas; la primera manifestar su sentimiento de pesar por la muerte de Gonzalo, señalando a los responsables últimos de que esto sucediera: los mandos de la Guardia Civil, su Director General, Luis Roldán, y el Gobierno, entonces del PSOE; la segunda, como hemos anticipado, era publicitar la reivindicación de sus derechos “constitucionales”; y, por último, manifestar su solidaridad con los trabajadores de Reinosa, que únicamente pedían “el mantenimiento de su puesto de trabajo”.

La carta está fechada el 6 de abril, lo cual constituye una errata. Ya hemos señalado que la muerte de Gonzalo no se produjo hasta un mes más tarde. Además, en el mismo texto se citan otros hechos también posteriores a esa fecha. “…llegó el Señor Roldan de UGT, nos enfrentó con nuestro pueblo en Riaño, en Reinosa y ahora en la cuenca minera de León”. El “enfrentamiento” señalado de Reinosa sucedió el 16 de abril y hasta los días 28 y 29 de abril no tuvieron lugar los enfrentamientos de la Guardia Civil con los mineros de antracita del Bierzo.

De los conflictos aludidos en el escrito haremos un pequeño apunte de dos de ellos (sobre Reinosa se publicó un especial el mes pasado). Los cerca de 6.500 trabajadores de la antracita de la cuenca minera leonesa sostuvieron en la primavera de 1987 un durísimo conflicto con la patronal del sector, en su mayor parte pequeños empresarios (popularmente conocidos como chamiceros), durante la negociación del convenio colectivo provincial. Las condiciones de trabajo en las minas del Bierzo presentaban una serie de particularidades que las hacía ser especialmente penosas: una elevadísima siniestralidad laboral, pérdida acelerada de puestos de trabajo, temporalidad creciente, una estructura salarial en la que el destajo suponía una porción muy importante, devengada habitualmente fuera de nómina, unas instalaciones con frecuencia inadecuadas y en mal estado, etc.

Los trabajadores utilizaron variadas medidas de presión: huelgas, manifestaciones, encierros, cortes de carreteras y de vías férreas, piquetes, etc. Los enfrentamientos con la Guardia Civil llegaron a ser durísimos;  especialmente los que tuvieron lugar en Bembibre entre el 28 y el 29 de abril, que se prolongaron durante más de 10 horas y que dejaron un balance de cinco heridos y 30 detenidos.

Los incidentes que rodearon la fase de desalojo de los vecinos y destrucción de las edificaciones en los pueblos que fueron anegados por el pantano de Riaño se habían iniciado en el otoño de 1986. El gobierno del PSOE reactivó el proyectó cuyas obras comenzaron en 1965 y lo condujo hasta su ejecución final sin que en ningún momento le temblara el pulso. Para vencer la resistencia de vecinos y ecologistas y proteger el derribo de casas, el pueblo llegó a ser materialmente ocupado por la Guardia Civil en distintos momentos. Se registraron violentas cargas, lanzamientos de pelotas de goma, gases lacrimógenos y botes de humo contra quienes, habitualmente desde los tejados, se oponían a la demolición de las viviendas, además de múltiples detenciones, restricciones a la libre circulación, etc. Finalmente, el 31 de diciembre de 1987 terminaron todas las operaciones preparatorias y comenzó la inundación del Valle.

Desde la perspectiva actual, los argumentos utilizados por el Gobierno y los defensores de relanzar la obra del pantano han sido refutados por los hechos: ni con mucho se han alcanzado los miles de hectáreas de regadío planteadas, ni la producción de energía eléctrica llega a lo previsto. Negada la rentabilidad económica, en sentido contrario, desde 2015 la obra se inscribe en el Atlas Mundial de Justicia Ambiental como causante de graves perjuicios sociales y ecológicos. La hipótesis de la reactivación del proyecto del pantano como compensación por el abandono de la construcción de la central nuclear de Lemóniz no ha perdido vigencia.

Retomando el hilo de los documentos, el mensaje se completaba con los panfletos que le acompañaban. El primero de ellos contiene unas instrucciones. Va dirigido a los “CAMARADAS DE COMISIONES OBRERAS” y les ruegan que den la carta a la familia de Gonzalo y que distribuyan “1000 COPIAS DE (el panfleto) HA LLEGADO EL MOMENTO”. Este documento, por una cara es una composición fotocopiada que recuerda la portada de algunos fanzines de la época, en el que, inmerso en una gran amalgama de mensajes, se ve a un Guardia Civil maniatado, custodiado por dos encapuchados que en sendas carteles los nombra como “EL Gobierno” y el “Poder Judicial-Código de Justicia Militar”. Como subtítulo figura “La democracia se ha quedado a la puerta de los cuartelillos. Barrionuevo debe dimitir”. El tercero de los impresos recoge sus reivindicaciones que “exigen al pueblo español”: un director General democrático, la desmilitarización total y que se aplique a la Guardia Civil la Ley 2/86 de fuerzas y cuerpos de seguridad. El cuarto de los documentos que acompañan a la carta, y que está firmado por el Comité Ejecutivo del País Vasco,  tiene un formato y unos destinatarios diferentes. Va dirigido a los propios guardias civiles a los que pide que se afilien al SUGC para luchar por equipararse con las demás F.O.P. (Fuerzas de Orden Público) y dejar de estar sujetos al régimen disciplinario militar que “elimina drásticamente” sus derechos más elementales.

El SUGC se creó hacia 1983, cuando varios colectivos de Guardias Civiles, alentados por la legalización de los sindicatos policiales y por expectativas de que una futura ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad decretara la desmilitarización del Cuerpo, decidieron formar un sindicato. Cuando la Ley entró en vigor, en febrero de 1986, no solo no se desmilitarizaría sino que se prohibió explícitamente a sus miembros el derecho de sindicación y se declaró delito de sedición hacer declaraciones públicas sobre asuntos internos y acudir a reuniones clandestinas. Los sindicalistas reivindicaban por un lado la desmilitarización, el nombramiento de un civil al frente de la Dirección General y la no aplicación del Código de Justicia Militar y, por otro, mejores condiciones laborales, incluyendo la jornada de ocho horas y el mes de descanso. Además reclamaban una auditoria de la Mutua interna y la creación de un comité anticorrupción dentro del cuerpo; por lo constatado posteriormente, muy desencaminados no andaban. A partir de este momento, se produciría la detención, encarcelamiento y expulsión del cuerpo de sus dirigentes. Las apariciones que tuvieron en los medios de comunicación, sus reclamaciones y críticas al modelo militar del cuerpo y las acusaciones a mandos significados y la Dirección (Casinello, Cereceda, el propio Roldán…), parecieron decidir al Gobierno a promover su desarticulación.

Todavía en julio del año pasado se hizo pública una sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en la que se confirmaba la negativa del derecho de libre sindicación de los cuerpos, como la Guardia Civil, sometidos a la disciplina militar. Para ello hacían valer la reserva española al artículo 11 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (Roma, 1950), suscrito tardíamente por España en noviembre de 1977, en la que se reconoce el “derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación, incluido el derecho de fundar, con otras, sindicatos y de afiliarse a los mismos para la defensa de sus intereses”. En el punto dos de dicho artículo se explicita que “El presente artículo no prohíbe que se impongan restricciones legítimas al ejercicio de estos derechos para los miembros de las fuerzas armadas, de la policía o de la Administración del Estado”. Queda claro que hay quien sí se lee lo que firma.

En 1994 se constituyó la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), organización más representativa dentro del instituto armado que trabaja por la defensa de los intereses de los guardias civiles, aunque sin estar legalizada formalmente como sindicato. De hecho, en su decálogo de objetivos reivindica el acceso al derecho de sindicación, el derecho a la tutela judicial efectiva (sin la subordinación a la jurisdicción militar), un nuevo modelo policial, la aplicación efectiva de las políticas de igualdad, la mejora de las condiciones laborales y salariales, etc.

Cuando los vecinos se unen por el derecho a la educación: Escuela Popular 11 de Abril

En la noche del 10 al 11 de abril de 1977 los vecinos del Barrio San Francisco, situado en la ladera norte del Paseo del Alta en Santander, ocuparon un local abandonado (propiedad de la empresa constructora) en los bajos del portal número 43 y, tras varias horas de trabajo, limpiando escombros, luciendo paredes, alicatando y colocando suelos, transformaron un espacio diáfano en una escuela. En la mañana del lunes, 11 de abril, aproximadamente 40 niños y niñas en edad preescolar, bajo la supervisión de un maestro, comenzaron las clases en sus mesas nuevas y recién pintadas con total normalidad. La misma normalidad con la que el vecindario satisfecho observaba desde las ventanas la algarabía de madres, padres y niños a la puerta de la recién bautizada “Escuela Popular 11 de abril”.

¿Pero cómo fue posible que se produjera una acción tan coordinada, con la intervención de tantos actores y en un periodo de tiempo tan escaso?

Nada es por casualidad.

El Barrio San Francisco es uno más de los asentamientos poblacionales que se construyeron en la parte alta de la ciudad de Santander como consecuencia del desarrollismo económico de los años 60. Está conformado por pisos baratos de entre 60 y 70 metros cuadrados, armados sin mucho esmero y a gran velocidad para albergar a la oleada creciente de trabajadores que, durante esa década, llegaron al núcleo urbano procedentes, en su gran mayoría, de la provincia y de otras provincias limítrofes.

Como las prisas generalmente no son buenas para nada, salvo para que constructores y especuladores ahorren gastos y luzcan dividendos, los bloques del barrio parecen, a medida que se van levantando, tirados de cualquier manera por una mano de gigante sobre un campo de batalla. De este modo, sus habitantes en esos años pasan los días y las noches, sin alumbrado,  entre calles sin asfaltar que finalizan en terraplenes donde se acumulan los restos de los movimientos de tierra propios de la magna obra. No hay apenas aceras, no hay desagües (en un informe del año 1975 la Asociación de Vecinos contabiliza 21 imbornales en todo el barrio, de los cuales ninguno funciona), las tuberías de aguas fecales están reventadas, los bajos y los sótanos de los edificios, aún en propiedad de la Constructora, almacenan material excedente de las obras en condiciones incalificables, los míseros jardines son una entelequia y las ratas compiten con los niños en el dominio del territorio.

Este panorama tan desalentador no es ni más ni menos que la muestra palpable de un gran incumplimiento de la empresa constructora y de una patente dejación de funciones por parte de los responsables municipales, a los que en numerosas ocasiones los vecinos se habían dirigido reclamando las mejoras necesarias, obteniendo habitualmente la indiferencia como respuesta.

Si a las nulas condiciones mencionadas y a la ausencia total de infraestructuras sociales en el interior del barrio añadimos la escasez de dichas infraestructuras en los alrededores y el hartazgo de los vecinos, se llega al resultado de una ecuación en la cual la toma de la escuela es  solamente la punta del iceberg.

Las tardes de los sábados y las mañanas de los domingos se transforman en jornadas de trabajo voluntario para unos hombres y mujeres  que ya afrontan, en su mayoría, a lo largo del resto de la semana, unos horarios laborales suficientemente amplios. En los ratos de descanso, desde las viviendas y como otra forma de aporte, muchas mujeres acercan a los tajos todo tipo de vituallas que, por momentos, hacen de estas jornadas una fiesta, una argamasa que aúna voluntades.

Poco a poco el barrio va cambiando de aspecto. Surgen aceras donde no había nada, nacen jardines de los barrizales, desaparecen las aguas fecales en el momento en que los vecinos solventan las deficiencias en las canalizaciones y en los imbornales, con la retirada de escombros se consigue una plazuela. Pronto se construirá también una bolera en la parte más baja del barrio.

Y llega un momento en que los vecinos pasan factura. Las obras realizadas tienen un precio y entonces se decide ocupar los locales propiedad de la Constructora en tanto, ésta, no satisfaga el valor de los trabajos de urbanización realizados. A partir de ese momento, y tras publicar un manifiesto, los bajos ocupados, que hasta entonces eran almacenes de material de obra abandonada pasan a destinarse a centros de reunión para la Asociación de Vecinos, para los jóvenes y para los niños. En el futuro también habrá una carpintería para los trabajos del barrio, un laboratorio de fotografía, una biblioteca y un salón de actos. Y por supuesto, la Escuela.

En abril de 1977, en la zona en la que se ubica el barrio, solamente existe un colegio público en el barrio cercano de Porrúa, que apenas incluye entre sus aulas a los niños de menor edad (preescolar o jardín de infancia). El resto de la oferta escolar de la zona se reduce a alguna que otra academia de dudosa calidad, a un instituto de enseñanza media  y a un colegio como La Salle, masculino y eminentemente privado entonces. La oferta era, como se aprecia, muy deficiente para una población en esas fechas en claro ascenso. La Escuela Popular 11 de abril vino a paliar de algún modo esa insuficiencia.

No obstante, en el mes de diciembre de ese mismo año, una mañana, se presentan ante la escuela del barrio un juez, unos empleados del juzgado y tres vehículos de la policía (a la entrada del barrio se apostará también un autobús de la policía como retén) con una orden de desalojo. A esas horas la mayor parte de los vecinos se encuentra ausente, en sus puestos de trabajo; pero serán las mujeres que se dedican a las labores del hogar las que se movilizarán con celeridad para impedir los propósitos de la autoridad competente. Ciertamente, el desalojo se inicia, pero mientras los empleados del juzgado proceden a retirar los enseres, las vecinas vuelven a colocar cada cosa en su sitio dentro de la escuela. Al final el juez, ante el temor de que se produzca una situación altamente conflictiva y para evitar males mayores opta por abandonar.

Y hasta hoy.

La escuela ya no es escuela. En la actualidad no es necesaria y las aulas ahora son biblioteca. Pero a la entrada continua luciendo un mural que los vecinos pintaron y que reza “Local ocupado por los vecinos para escuela”.

La escuela ya no es escuela, pero sigue siendo, sin duda, un símbolo de la resistencia.

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